Actualidad

Nota de prensa

Las entidades sociales muestran su satisfacción por el desarrollo de la norma sobre discapacidad y reclaman mejoras en la asistencia y la financiación

Las entidades sociales muestran su satisfacción por el desarrollo de la norma sobre discapacidad y reclaman mejoras en la asistencia y la financiación
Ocho asociaciones y colectivos han hecho uso esta mañana del trámite de Audiencia Legislativa para realizar sus aportaciones al proyecto de ley presentado por el Ejecutivo autonómico después de que en septiembre el Pleno de las Cortes lo tomara en consideración por unanimidad

Zaragoza, 03/10/2018.- Un total de ocho entidades sociales han ofrecido esta mañana su punto de vista sobre el proyecto de ley de ordenación de los derechos y la atención a las personas con discapacidad dentro del trámite de audiencias legislativas correspondiente a esta propuesta legal. En general, los diferentes colectivos han mostrado su satisfacción por el avance de esta iniciativa y han aportado las modificaciones o nuevas aportaciones que, a su juicio, necesita contemplar el futuro texto normativo, que el Pleno de las Cortes tomó en consideración por unanimidad el pasado mes de septiembre. 

En primer lugar, la representante de ONCE, Cristina Robles, ha destacado que la llegada de esta nueva ley supone “un momento histórico para Aragón” porque aborda la cuestión de la discapacidad “desde un modelo inclusivo y abandona la tradicional visión paternalista”. Robles ha demandado que el texto tenga en cuenta cuestiones como la cartelería adaptada, el mediador, el intérprete de signos, así como “potenciar la educación inclusiva mejorando los recreos y trabajando en los ámbitos extraescolares”.  

Desde ASZA, Jesús Carlos Laiglesia, acompañado de las intérpretes de la lengua de signos María Isabel Revilla y María Soledad, se ha mostrado satisfecho por la aceptación de sus aportaciones, pero ha reivindicado que la lengua de signos no se quede en la actual disposición adicional cuarta del texto y sea desarrollada en una norma propia. También ha propuesto “adaptar centros residenciales y priorizar un determinado número de plazas para mayores sordos para evitar la soledad y el aislamiento que ahora mismo padecen”.  

La representante de Salud Mental de Aragón, Patricia Hernández, ha destacado que “la discapacidad por enfermedad mental resulta una de las grandes olvidadas y es la principal causa de suicidio”, ha señalado. Hernández ha demandado mejoras en asuntos como el diagnóstico precoz, la formación de las familias y “que el alta médica no se quede en un mero parche”. Además, en material laboral, ha reclamado que a las empresas no les entre el miedo a la hora de contratar a estas personas cuando antes ya las han acogido de prácticas”.

Desde Plena Inclusión Aragón, Santiago Villanueva ha aprovechado su comparecencia en la audiencia legislativa para volver a reclamar el derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual. “Hay que eliminar de una vez por todas una discriminación histórica y estigmatizante para que más de 3.000 personas puedan ejercer su derecho al voto, porque ahora mismo se les priva de su condición de ciudadano de pleno derecho”, ha denunciado.   

Para Marta Valencia, de COEMFE Aragón, “esta ley supone un avance importantísimo porque por primera vez se crea un instrumento de arbitraje fundamental cuando se produzca un incumplimiento o una discriminación”, ha defendido. Sin embargo, Valencia ha apelado a seguir trabajando y con celeridad. “Solicitamos un año de desarrollo para que no se eternice. Que sea una ley realista. Pedimos consenso y unanimidad para que se apruebe en esta legislatura”, ha pedido.     

 

En el caso de la asociación ZAVI, Zaragoza Vida Independiente, su portavoz, Josefina Martínez, ha ofrecido el punto de vista más crítico con el proyecto de ley porque el texto a su juicio “no garantiza la vida independiente de los discapacitados”. “Es papel mojado. Ha relegado la vida independiente a una definición inexacta y escasa y no le se dota económicamente. La herramienta que facilita esa vida independiente es la asistencia personal y, en Aragón, ni una sola persona con discapacidad tiene acceso a ella”, ha denunciado. 

Por parte de la asociación ASPASCIDE, dedicada a la atención de las personas que padecen sordo ceguera, Gemma Sinués ha reivindicado al mediador como “una figura imprescindible que hace comprensible el mundo a las personas con sordo ceguera”. “Sin ellos condenarían a estas personas a permanecer aislados en una residencia”. Sinués ha reclamado “valentía” a los diputados “para que se comprometan a asignar las partidas necesarias porque si no, esto estará muerto”, ha advertido.

Por último, Beatriz Anguiano y Juan Die, miembros de la Plataforma DI-Sí, han apuntado la necesidad de introducir mejoras en asistencia, salud bucodental, confidencialidad del diagnóstico en materia educativa y atención temprana que, en su opinión, son imprescindibles en el articulado de la ley. “Nos parece una iniciativa muy importante, pero nos encantaría que esta ley tuviera más contenido”, se ha lamentado Anguiano. “Se dice que hay que proteger el derecho a la educación inclusiva, pero luego el artículo 16c no se garantiza que el niño acuda al centro educativo que desee”, ha denunciado Die. “Si llevamos a nuestro hijo a un centro inclusivo tenemos que renunciar a nuestras carreras y pelearnos con el sistema educativo, ha comentado Anguiano. 

Notas de prensa relacionadas: