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La asociación Actora Consumo traslada su visión sobre la proposición que se tramita en la Cámara para modificar la ley de defensa de consumidores y usuarios

La asociación Actora Consumo traslada su visión sobre la proposición que se tramita en la Cámara para modificar la ley de defensa de consumidores y usuarios
La entidad también conocida como Torre Ramona, de la capital aragonesa, ha protagonizado este miércoles unas audiencias legislativas en las que ha solicitado, entre otras cuestiones, la creación de una fiscalía especializada en consumo y que la Administración pueda personarse como acusación particular

Zaragoza, 28/11/2018.-  La organización Actora Consumo, Asociación de Consumidores Torre Ramona, ha protagonizado esta mañana las audiencias legislativas en relación con la proposición de modificación de la Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de protección y defensa de los consumidores y usuarios de Aragón. De esta forma, la entidad ha ofrecido su punto de vista sobre la propuesta legal firmada por el PP a los representantes autonómicos que se van a encargar de tramitar parlamentariamente el texto.

La asociación, representada por su presidenta, Lucía Germani, y su tesorero, Luis Manuel Lamata ha defendido la creación de una fiscalía de consumo que conozca de casos como el reciente escándalo de las clínicas iDental, que ya llevó a Germani a comparecer hace unos meses en la sede parlamentaria. “La mayoría de las hojas de reclamaciones que presentaron los afectados por iDental acabaron siendo remitidas a los juzgados o a los colegios de dentistas, pero estos últimos no las admiten. Vamos  a ganar tiempo y ser más eficaces creando esa fiscalía”, ha propuesto.

La portavoz de esta agrupación, que ha anunciado el impulso en paralelo de diversas iniciativas en el Congreso de los Diputados y ante la Comisión de Peticiones de la Comisión Europea, también ha propuesto la creación de diversos órganos consultivos y que la Administración pueda actuar como acusación particular en los casos judicializados, además de otras medidas como una modificación de los requisitos que contempla el decreto sobre las hojas de reclamaciones, en su opinión “excesivamente garantista”.   

Como se recordará, la Cámara autonómica dio luz verde por unanimidad a la tramitación de la proposición de ley en un pleno celebrado el 8 de noviembre. De acuerdo con el texto, su aprobación definitiva permitiría a la administración, en caso de salir finalmente adelante después de su correspondiente procedimiento parlamentario, ejercer la acción popular en procedimientos penales que afecten a consumidores y usuarios. Ahora, tras la celebración de estas audiencias, será el turno de las enmiendas, que también podrán ser ciudadanas una vez abierto el plazo.

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