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Quince colectivos exponen en las Cortes su punto de vista sobre la modificación de la Ley de Infancia y Adolescencia propuesta por el Ejecutivo autonómico

Quince colectivos exponen en las Cortes su punto de vista sobre la modificación de la Ley de Infancia y Adolescencia propuesta por el Ejecutivo autonómico
Las audiencias legislativas del proyecto de ley que busca adaptar la norma a las modificaciones en el Sistema de Protección Jurídica del menor por las últimas leyes estatales también ha incluido la visión de dos docentes universitarios de Derecho Civil y la jefa de Servicios Sociales Comunitarios de Zaragoza

Zaragoza, 19/12/18.- Las Cortes de Aragón han celebrado este miércoles el trámite de audiencias legislativas en relación con el proyecto de ley de modificación de la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y adolescencia en Aragón. De esta forma, la propuesta de norma elaborada por el Ejecutivo y que, según el propio Gobierno de Aragón, “tiene como principal fin adaptar la norma autonómica a las modificaciones realizadas en el Sistema de Protección Jurídica del menor por las leyes estatales 8/2015 y 26/2015”, se ha sometido al proceso participativo con un total de dieciocho comparecencias ante los diputados encargados de la redacción final del texto.

La Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales ha divido la jornada de trabajo en un total de tres bloques, en los que se han ido sucediendo las inquietudes, impresiones y opiniones de los diferentes participantes cada diez minutos. En el arranque, el primer turno de palabra ha sido para el catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza Jesús Delgado Echeverría, al que ha sucedido Teresa Yago Simón, jefa de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Zaragoza. Después, en este orden, han participado UNICEF Aragón, la Fundación Federico Ozanam, CERMI Aragón y Aldeas Infantiles SOS Zaragoza.

Delgado Echevarría ha defendido que “son mucho más importantes las aportaciones de las entidades sociales” y “esta modificación no es Derecho Civil”, mientras que Yago Simón ha incidido en que “se producirá un cambio sustancial en materia competencial con la atribución de nuevas” a través de este proyecto. Desde UNICEF, Mª Pilar de la Vega ha trasladado propuestas porque “hay una parte de la Ley que no se toca y habría que hacer alguna modificación más de esta parte” y José Mª Lamana, responsable de acción social de Ozanam, ha recordado su “participación en el proceso estatal” y “en la misma dirección para modificar el texto nacional” con algunas cuestiones técnicas. Pilar Villarocha y Carmelo Monteagudo han dado voz a CERMI y a Aldeas Infantiles, compartiendo con los diputados, respectivamente, que “están considerados los aspectos clave y el óptimo desarrollo integral del niño en el texto” y que “es importante utilizar recursos para el tema preventivo porque va a ser más ventajoso que la inversión en protección”.

Para abrir el segundo bloque, ha tomado la palabra Aurora López Azcona, profesora titular de Derecho Civil en la Universidad de Zaragoza. En opinión de esta docente, “hay que revisar el proyecto para encajarlo debidamente en el derecho civil aragonés”. Han continuado esta parte central la asociación de familias numerosas de Aragón 3ymas, Somos más, entidad de mujeres sobrevivientes a la violencia machista, la Asociación para la defensa del Menor (APRODEME), la Asociación de Acogimientos Familiares de Aragón (ADAFA) y la Asociación de Protección Judicial a la Infancia (APJALI).

Alejandro López-Blanco, presidente de las familias numerosas, ha reivindicado que este tipo de familias “no queden en situación de desventaja con respecto a otras modalidades”, mientras que por su parte, Ariadna Marco y Natalia Morlas, desde Somos más, han pedido “más concreción en el tema de la violencia de género para tener más en consideración a los menores”. Jesús Salido ha trasladado a los diputados la posición de APRODEME, que pretende “una red de apoyo a la familia ante situaciones de desamparo de los menores”.

El segundo bloque lo han cerrado José Antonio Martínez Balduz y Eva Tutor, máximos responsables, respectivamente, de ADAFA y APJALI. El primero ha pedido que “se tenga en cuenta el transcurso del tiempo y el desarrollo de todas las medidas de actuación”, mientras que la presidenta de la entidad por la protección judicial de la infancia ha reclamado velar por el “real interés superior del menor” y “la prohibición tajante del uso del falso e inexistente síndrome de alienación parental”.

La última parte ha estado protagonizada por un total de seis colectivos. Se trata de la Asociación de madres solas (AMASOL), el comité de empresa de la Fundación para la Atención Integral al Menor, los colegios profesionales aragoneses de Trabajo Social, Psicología y Educadores Sociales y, para concluir, el Colectivo Asambleario de trabajadores de Aragón (CATA).

Vanessa Bergasa ha dado voz al primero de estos colectivos, AMASOL, exponiendo su incomprensión “por el desamparo al que se somete a muchos menores obligándoles a asistir a los puntos de encuentro para visitas a las que luego sus progenitores no acuden”. Por su parte, Raúl Sola, representantes del comité de FAIM, ha incidido en la “necesidad” de establecer unos “mínimos de calidad y estabilidad” para el personal dedicado a la atención a menores, con salarios “dignos”.   

Desde los colegios profesionales, se han sucedido Aser Hernández, María Teresa Iranzo y Antonio Luis Balsa. El primero, trabajador social, ha solicitado un “diagnóstico” sobre los servicios especializados para asegurar “un número suficiente de plazas” y unas condiciones laborales “dignas”. Iranzo, representante de los psicólogos, ha solicitado que la ley contemple en el “lenguaje inclusivo” atendiendo a las “diversas modalidades familiares” así como que se desarrolle un plan integral de la infancia y la adolescencia. Por parte de los educadores sociales, Balsa ha reivindicado que se practique una “intervención comunitaria” con los menores y ha criticado la “gestión privada” autorizada por el Departamento para los servicios esenciales, así como la creación de la figura de “auxiliar educativo”, con menor remuneración.

Han cerrado la reunión los representantes del Colectivo Asambleario de Trabajadores de Aragón (CATA).  José Ignacio Diest ha llamado a los grupos a lograr “el mayor consenso” para que la ley sea “de todos”·, mientras que Pascual Jiménez ha señalado que el problema de los MENAs es “inabordable” por las autonomías, que han creado un “sistema itinerante” por el que un menor extranjero va de una región a otra y también ha demandado un desarrollo reglamentario “exhaustivo” que contemple el día a día de los menores.    

 

 

 

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