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El Proyecto de Ley de Vivienda en Aragón recibe las aportaciones de agentes y colectivos sociales en el trámite de las Audiencias legislativas

El Proyecto de Ley de Vivienda en Aragón recibe las aportaciones de agentes y colectivos sociales en el trámite de las Audiencias legislativas
Los representantes de los colegios de aparejadores y arquitectos técnicos, registradores de la propiedad y Trabajo Social, el consejo rector de la junta de compensación de Arcosur, los empresarios de la construcción, los agentes de la propiedad inmobiliaria y los portavoces de las plataformas STOP Desahucios y Afectados por la Hipoteca han expuesto sus recomendaciones al proyecto legal durante la comparecencia de esta mañana en las Cortes de Aragón

Zaragoza, 18/02/2019.- El Proyecto de Ley de Vivienda en Aragón ha superado una nueva etapa en su tramitación con la recepción esta mañana en las Cortes de Aragón de las aportaciones realizadas por diferentes organismos profesionales y plataformas ciudadanas durante el trámite de Audiencias legislativas al que también han asistido los diputados Ricardo Oliván (PP), Fernado Sabés (PSOE), Raúl Gay (Podemos), Berta Zapater (PAR), Jesús Sansó y Desirée Pescador (Ciudadanos) y Gregorio Briz (Grupo Mixto/CHA). Y que llega después de que el texto superase el debate de totalidad en una sesión plenaria celebrada el pasado mes de diciembre.   

Ha comenzando el turno de internenciones Ángel Cabellud, presidente del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Huesca, en representación del Consejo Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Aragón, quien ha reclamado que la nueva legislación contemple que el usuario cuente con la cobertura de un seguro que cubra la responsabilidad por los vicios en la calidad de la vivienda en el periodo inferior a los diez años que también contemple el caso de que el agente desaparezca del mercado para que el adquirente no quede desprotegido.

Ana Cristina Sola Martínez, vicepresidenta del Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón, ha criticado que las instituciones no se hayan tomado en serio el derecho a la vivienda, lo que ha provocado una “fractura social” y ha destacado que en este proyecto de ley se contempla “como un derecho subjetivo, por lo que debe estar garantizado y ha de ser reclamable por las vías adminstrativa y judicial”. Por ello ha mostrado su preocupación por cómo se desarrolle la ley.

Manuel Matas Bendito, registrador de la Propiedad de Zaragoza y representante del Decanato Territorial de los Registradores de Aragón, ha destacado el carácter imparcial e indipendiente de su colectivo profesional para asumir funciones del control de legalidad que contempla el proyecto de ley, ha propuesto un mayor desarrollo del libro edificio sobre los derechos del usuario de la vivienda y ha apuntado algunos problemas que genera la dación en pago como las cargas posteriores que se encuentra el acreedor que la acepta y que no puede cancelar por encontrarse fuera de un proceso judicial.

La vocal de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Begoña Leza Lapuente, ha rebajado las expectativas sobre el proyecto de ley a “una declaración de intenciones, en su mayoría compartidas, pero poco eficaz y resolutiva en su articulado”. Leza, quien ha puesto como modelo la ley catalana, ha señalado que el derecho a la vivienda requiere contar con “un parque de viviendas como alternativa”. También ha criticado el carácter “continuista” del proyecto con la legislación aplicada hasta ahora y ha indicado como modificaciones “restrictivas” las supresiones de la prohibición de desahuciar a las familias más vulnerables y de la posibilidad de realojo en caso de “desahucios invisibles por fin de contrato”.

Concha Cano, representante de STOP Desahucios, ha sido muy crítica por la demora en la aprobación de esta ley. “Es nuestra cuarta comparecencia y tenemos poca esperanza porque llega tarde, creemos que es una maniobra y que en el fondo no quieren aprobarla”, ha reprochado a los diputados. Además, ha señalado varios aspectos que el texto no resuelve, como el caso de las personas a las que se les acaba el contrato de alquiler y ni pueden seguir pagándolo ni acceder a otro. “Qué les decimos con esta proyecto de ley, ¿que dejen de pagar para que sean portadores de ese derecho subjetivo a la vivienda?”, ha preguntado.   

Por parte del Consejo rector de la junta de compensación del sector 89/3 Arcosur, su representante Antonio Olmeda ha advertido de que el nuevo anteproyecto “viene a truncar” la línea de relajación administrativa iniciada años atrás, en un contexto en el que el supuesto sobreprecio de las viviendas protegidas ha dejado de existir por la crisis. “No es necesario establecer mecanismos tan rigurosos en la adjudicación de viviendas”, ha defendido. Además, ha realizado hasta diecinueve propuestas de reforma del articulado en cuestiones como la habitabilidad, los requisitos de venta, la eficiencia energética, medidas a adoptar en caso de desistimiento o también la capacidad máxima exigida para los ascensores.   

Juan Carlos Bandrés, presidente de la Confederación de empresarios de la construcción de Aragón, ha enmarcado la llegada de este proyecto de ley en una fase de “recuperación y reinvención” de un sector que en Aragón, según ha señalado, da trabajo a 36.800 personas y que “ahora afronta el reto de un cambio de cultura radical por las necesarias industrialización y profesionalización que requerirán un alto coste de inversiones”. Por ello ha solicitado la colaboración de las administraciones para no sobrecargar de controles los diferentes trámites. “El sector está comprometido con el objetivo social de la vivienda pero no se tienen en cuenta cuestiones como los costes que suponen y las dificultades que conllevan las exigencias de accesibilidad universal y de consumo energético casi nulo”.   

Por último, Fernando Baena, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón, se ha centrado en remarcar la “desprotección jurídica” que viven consumidores y usuarios en el sector de la intermediación por la falta de controles. “otros países reputados liberales cuentan con diferentes mecanismos, mientras que aquí falta control e información”, ha apuntado. Por ello ha reclamado que la norma “exija unos requisitos mínimos a los que ejercen esa labor de intermediación” en pos de la “transparencia” en un momento en el que el auge de los servicios online puede aumentar la desprotección de los usuarios”, ha concretado.

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