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Las Cortes rechazan el bloqueo a los buques Open Arms y Aita Mari e instan a la DGA a que reclame al Gobierno central que impulse una política migratoria común

Las Cortes rechazan el bloqueo a los buques Open Arms y Aita Mari e instan a la DGA a que reclame al Gobierno central que impulse una política migratoria común
La diputada de Podemos Maru Díaz ha sacado adelante esta iniciativa que pretende garantizar los derechos de los náufragos en alta mar admitiendo la votación por separado de sus cuatro puntos durante la reunión de la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario celebrada esta mañana en el Parlamento autonómico

Zaragoza, 04/03/2019.- El Parlamento aragonés ha fijado posición esta mañana sobre el drama migratorio que se vive en el Mediterráneo mostrando en la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario su rechazo a la negativa a la concesión de despachos a los buques Open Arms y Aita Mari y ha instado al Gobierno de Aragón a que traslade al Ejecutivo central la necesidad de diseñar “con urgencia” un modelo de rescate coordinado con las organizaciones humanitarias que garantice los derechos de los náufragos.

La diputada de Podemos Maru Díaz ha sido la encargada de defender esta proposición no de ley como “forma de posicionamiento” en favor del cumplimiento de los derechos humanos. El texto también reclama que se reconsidere la solicitud denegada al Aita Mari y ha salido adelante en su totalidad gracias a la aritmética parlamentaria tras acceder Díaz a la votación por separado de los cuatro puntos y los tres subapartados de que constaba.   

Díaz ha comenzado resituando los argumentos de la exposición de motivos tras las recientes explicaciones ofrecidas recientemente por el ministro Ábalos y la secretaria de Estado de Migraciones y que circunscribían el bloqueo a ambos buques a una cuestión meramente “administrativa”. “Se trata de una decisión política porque lo mismo sucedió con el Aquarius y no se obró igual, lo que deja claro el papel poco coherente que ha jugado el Gobierno de España en materia de migración”, ha criticado. También ha achacado falta de criterio a la Unión Europea, “por consentir que Italia y Malta se nieguen a cumplir los acuerdos europeos para recibir a esos barcos de ayuda y luego mostrarse inflexibles con Grecia o España durante la crisis económica”, ha recordado.   

Para el diputado del PP Miguel Ángel Lafuente, calificar el problema de “meramente administrativo” supone reconocer “la inexistencia” de una política migratoria y la situación de soledad de España en este asunto se debe los “bandazos” de Sánchez, que ha relacionado con un efecto llamada para el que ha ofrecido datos.  El parlamentario popular ha reclamado actuar antes de que los inmigrantes se echen al mar y lograr una política europea común desde el convencimiento de que la inmigración “regulada” debe ser la solución a la despoblación que sufre España.   

El socialista Darío Villagrasa ha reconocido la “gran complejidad” de la materia abordada y ha defendido la labor del Gobierno central para “articular un política migratoria europea común” porque “no es posible que los países ribereños deban asumir en solitario esta responsabilidad”. Ha defendido el compromiso de España con los derechos humanos con los datos de las dos mil trescientas embarcaciones y los más de cincuenta mil personas rescatadas pero se ha mostrado en contra de entrar a valorar la cuestión de los despachos porque “sería quebrantar la ley”.   

El punto de vista del PAR lo ha plasmado María Herrero, quien ha llamado la atención de los diputados ante la “extrema sensibilidad” del asunto tratado, que a su juicio hace “muy diferente” opinar y tomar decisiones. “El PSOE ha demostrado que cuando no está en el Gobierno se queda en la mera opinión, pero cuando tiene que decidir se da cuenta de la responsabilidad que conlleva”, ha señalado. Y para fijar su postura ha defendido que la política no pasa “ni por cerrar puertos ni por no dar autorizaciones” y sí por mostrar “sensibilidad humanitaria”. 

Para Ramiro Domínguez (Ciudadanos), la inmigración es un “reto europeo” que requiere una “política común” y no la “falta de criterio” del presidente Sánchez, “que cada día dice una cosa, según le vaya el márquetin”, en referencia a la autorización brindada al Aquarius, la negativa para el Aita Mari y el Open Arms y el “semiabandono” del Nuestra Señora de Loreto hasta que finalmente fue rescatado “por dignidad”. “No entendemos el criterio para autorizar a unos sí y a otros no y por eso la UE nos dio un tirón de orejas con el Aquarius”, ha declarado.

Por último, la diputada del Grupo Mixto y de CHA Carmen Martínez ha brindado su apoyo a la iniciativa presentada para evitar más muertes porque “no debemos permitir que el Mediterráneo siga creciendo como fosa común”. Y ha razonado esta postura de rechazo a las negativas de despachos a los buques Aita Mari y Open Arms reivindicando la línea marcada por el Gobierno central con el barco Aquarius porque, a su juicio, se trata de “dar cumplimiento a la legislación internacional que ampara el derecho de las personas náufragas a ser rescatadas, no sólo es una cuestión humanitaria”, ha defendido.  

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