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El Parlamento autonómico insta al Gobierno de Aragón a reducir las tasas de las pruebas de acceso a la universidad para acercar su coste a la media nacional

El Parlamento autonómico insta al Gobierno de Aragón a reducir las tasas de las pruebas de acceso a la universidad para acercar su coste a la media nacional
La medida impulsada por el diputado de Ciudadanos Jesús Sansó durante la sesión de trabajo de la Comisión de Educación Cultura Y Deporte ha sido adelante con los votos de PP, Podemos, PAR y Ciudadanos y la postura en contra de PSOE y Grupo Mixto

Zaragoza, 12/03/2019.- Las Cortes de Aragón han acordado esta mañana instar al Ejecutivo autonómico a reducir las tasas fijadas para realizar las pruebas de acceso a la universidad para el curso 2018-2019, acercando su precio al de la media de comunidades autónomas, gracias a los votos favorables de PP, Podemos, PAR y Ciudadanos, grupo proponente. Éste ha sido el único punto que ha salido adelante de los cuatro de que constaba la iniciativa defendida por el diputado de Ciudadanos Jesús Sansó en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte.  

La proposición no de ley sobre la armonización de tasas y contenidos a pagar en las pruebas Evau pretendía garantizar, en palabras de Sansó, “una  mínima equidad en el sistema educativo” mediante la equiparación de precios de las tasas y de contenidos. Sobre el coste de las pruebas de acceso, la exposición de motivos explica que Aragón es la segunda Comunidad autónoma donde presentarse a esas pruebas “puede resultar más caro, oscilando el precio a pagar entre los 124,12 y los 186 euros”, sólo por detrás de La Rioja, según un informe del Observatorio Sistema Universitario. Esta solicitud, que ha contado con el voto en contra de PSOE y Grupo Mixto, ha salido adelante tras aceptar Sansó la enmienda de modificación propuesta por Podemos para eliminar el extremo de que el Gobierno establezca una horquilla de precios igual para todas las autonomías.   

La iniciativa también pretendía abrir un debate sobre la conveniencia de armonizar las tasas y una negociación “para garantizar la igualdad tanto en los contenidos como en los criterios de evaluación y eliminar los desajustes territoriales”, ideas de la formación naranja que sólo han encontrado el respaldo del PP y una última pretensión para que la DGA desarrollara  “mecanismos de publicidad para las notas medias agregadas por centro educativo”, que no ha recabado ningún apoyo.

María José Ferrando (PP), pese a cuestionar si era el foro adecuado, ha considerado oportuno “abrir debates” sobre contenidos y criterios de corrección, siempre y cuando se mantenga la autonomía tanto de las universidades como las comunidades autónomas y se ha mostrado favorable a reducir el precio de las tasas, pero ha rechazado la elaboración de un ranquin de centros. Por su parte, la socialista Margarita Périz ha argumentado su oposición a los cuatro puntos de la iniciativa porque “los desajustes territoriales son propios del sistema autonómico”. Ha apuntado que las diferencias también pueden ser favorables en Aragón en materia de becas y precios de matrículas y ha razonado que la reducción del coste de las tasas podrían acabar pagándola los estudiantes en desplazamientos  

El diputado de Podemos Carlos Gamarra ha considerado “excesivo” el precio que se ha de pagar en Aragón pese a que pueda deberse a una cuestión de logística, por lo que ha dado su apoyo al punto tres de la proposición no de ley, pero ha rechazado la pretensión de Ciudadanos de “uniformizar” contenidos  y ha calificado de “perversa” la idea de elaborar un ranquin de centros. Por parte del PAR, María Herrero ha rechazado la propuesta por enmarcarse en “la filosofía de Ciudadanos del café para todos”, algo que, en su opinión, “va en contra  del autogobierno y de las comunidades autónomas”, pero sí se ha mostrado favorable de la reducción de los precios de las tasas para que los aragoneses no partan “con desventaja” respecto a los de otros territorios y por ello ha pedido la votación por separado.

En último lugar, Gregorio Briz (Grupo Mixto/CHA) ha rechazado de plano una propuesta que, a su juicio, “huele a cartilla de racionamiento por el fondo ideológico de naftalina recentralista”. Ha criticado que se ponga en duda la igualdad a la hora de las valoraciones de las pruebas y ha descartado ceder competencias para armonizar precios y contenidos, una pretensión que “incita a la rebeldía”, ha criticado.  

  

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