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Media docena de expertos defienden la figura del coordinador de parentalidad y denuncian que los medios jurídicos son "insuficientes" en el trámite de audiencias legislativas para modificar este marco legal

Media docena de expertos defienden la figura del coordinador de parentalidad y denuncian que los medios jurídicos son
El catedrático de Derecho Isaac Tena; el Justicia de Aragón y exjuez de Familia, Ángel Dolado; la presidenta de Acopar, María Jesús Portillo; el magistrado de la Sección 12 de la Audiencia Provincial de Barcelona Pascual Ortuño; María Sacasas y Eva Susana Fernández, miembros de Ancopa, y la presidenta de la Fundación Filia, Lucía del Prado, han comparecido esta mañana en el Parlamento autonómico para ofrecer sus aportaciones a la proposición de ley que estudia la creación de esta figura

Zaragoza, 13/03/2019.- La proposición de ley del Partido Popular que propone la creación de la figura del coordinador de parentalidad en Aragón ha recibido hoy las aportaciones de seis expertos en la materia dentro del trámite de audiencias legislativas que ha puesto en marcha el Parlamento aragonés. Para crear esta figura, se propone modificar el Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba con el título de Código del Derecho Foral de Aragón el Texto Refundido de las leyes civiles aragonesas.

El catedrático de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza Isaac Tena ha puesto de relieve “la insuficiencia de las herramientas tradicionales para abordar el fenómeno creciente de las crisis familiares” y, por ello, reclama una “mayor especialización de la jurisdicción familiar” que “dote de mayor autonomía a los jueces para abordar estos conflictos. En este sentido, Tena considera que la figura del coordinador de parentalidad “puede aportar algo nuevo” y daría “cierta libertad a los jueces para recabar más información para resolver los problemas familiares”.

Ángel Dolado, Justicia de Aragón, exjuez de Familia, exjuez decano y promotor del coordinador de Parentalidad en Aragón, ha defendido que esta figura “siempre ha tenido como referencia el interés superior del menor y es una figura para proteger a niños, niñas y adolescentes”. “Los actuales medios, como los gabinetes psicosociales, han resultado insuficientes y el coordinador de parentalidad podría ser una figura complementaria a estos medios porque son necesarios”, ha añadido. Concluye que, en cualquier caso, deberían ser “especialistas como educadores, trabajadores sociales o psicólogos”. 

La presidenta de la Asociación Aragonesa de Coordinadores de Parentalidad, María Jesús Portillo, ha asegurado que “la accesibilidad que tiene el coordinador de parentalidad a todo el entorno de los menores ofrece una versión privilegiada a la que nadie del sistema judicial puede acceder”. Además, ha destacado que debería ser “una figura altísimamente especializada con muchos recursos psicológicos, habilidades mediadoras y conocimientos en derecho”. “Es imprescindible que los jueces cuenten con esta figura en la ley”, ha concluido.

El magistrado de la Sección 12 de la Audiencia Provincial de Barcelona Pascual Ortuño ha defendido que la Justicia “debe utilizar todos los medios a su alcance para resolver problemas donde el menor puede sufrir psicológicamente”. Considera que la figura del coordinador de parentalidad “da resultados porque resuelve el problema desde donde se ha creado, en la conflictividad de los padres, e intenta que cambien su actitud involucrando a todas las partes”. “Los jueces necesitamos esta herramienta y creo que Aragón también”, ha sentenciado.

Desde la Asociación Nacional de Coordinación de Parentalidad, María Sacasas y Eva Susana Fernández han asegurado que los casos son “muy complejos porque cuando llega el coordinador de parentalidad el ambiente familiar es ya muy tóxico”. Además, han explicado que “en casos de alta conflictividad el resultado se verá dentro de 20 años, cuando el menor sea adulto”. “Esta figura debe dotarse de medios económicos pero también se produce un ahorro porque se paralizan algunos procesos judiciales”, han concluido.

Por último, la presidenta de la Fundación Filia de amparo al menor, Lucía del Prado, ha puesto de relieve que “la coordinación de parentalidad es una herramienta auxiliar para el juez que surge porque los medios convencionales son insuficientes para resolver los conflictos”. Ha insistido en que la diferencia con la mediación es que “se pueden solucionar hasta los casos más difíciles de alta conflictividad”. 

Las aportaciones de estos seis expertos han sido atendidas por los parlamentarios Fernando Ledesma (PP), Leticia Soria (PSOE), Marta Prades (Podemos), María Herrero (PAR) y Ramiro Domínguez (Ciudadanos).

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