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La ayuda estatal al alquiler Covid-19 apenas alcanza en Aragón al tres por ciento de los ciudadanos que podían acogerse a la moratoria

La ayuda estatal al alquiler Covid-19 apenas alcanza en Aragón al tres por ciento de los ciudadanos que podían acogerse a la moratoria
La directora general de Vivienda y Rehabilitación, Verónica Villagrasa, ha reconocido en las Cortes el “posible fracaso” del programa de prestaciones, que en todo caso ha achacado al “campo de minas” que los ciudadanos se han encontrado para el cumplimiento de los trámites exigidos, así como a la “falta de autonomía” de la Comunidad para adoptar el programa a su política de vivienda y la escasez de personal de la Administración

Las ayudas al alquiler de vivienda habitual para minimizar el impacto de la crisis económica y social derivada de la Covid-19 apenas han llegado en Aragón al tres por ciento de las personas que se podían haber acogido a la moratoria, según ha reconocido esta tarde la directora general de Vivienda y Rehabilitación, Verónica Villagrasa en la Cortes de Aragón. Un dato que la responsable del Ejecutivo ha entendido que pueda verse como un “posible fracaso” y que, en todo caso, ha achacado a “las dificultades” que entraña el cumplimiento de requisitos “complejos y estrictos” que conllevan la consideración de esta ayuda como subvención, la falta de “autonomía” por tener ejecutar un programa que viene impuesto por Madrid y “la falta de personal” de la Administración.

 

Villagrasa ha atendido así la petición de comparecencia solicitada por Ciudadanos para informar ante la Comisión de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda sobre “los  problemas surgidos en la tramitación de las ayudas al alquiler para minimizar el impacto económico y social de la Covid-19 y los calendarios de pagos de la línea ordinaria de ayudas al alquiler”. Entre las dificultades observadas, que a su entender han convertido el trámite de la solicitud de ayudas covid-19 en “un campo de minas”, la directora general ha apuntado los problemas que han encontrado muchos ciudadanos en la plataforma y en el acceso al servicio Clave, cuestión agravada por “la priorización de la presentación telemática en el contexto de incertidumbre de la desescalada”, las “muchas solicitudes” que no llegaron a finalizar el procedimiento y la dificultad para cumplir los requisitos impuestos. A estos contratiempos, Villagrasa ha sumado la “hipoteca” y las “dificultades evidentes” por la falta de personal de su negociado. “Con la mitad de personal que en 2013, ahora gestionamos diez veces más de presupuesto que en 2013”, ha apuntado.   

 

La responsable del Gobierno de Aragón ha reconocido la existencia de “un problema estructural” del que dan cuenta “funcionarios que llevan diez, quince y veinte años en la Administración porque da igual quién esté en el Gobierno". Frente a ello, ha defendido la necesidad de acometer una “reorganización” y cambiar cuestiones como la Ley General de Subvenciones para que estas ayudas tengan la consideración de prestación y no de subvención. En esa línea, Villagrasa ha enumerado varias innovaciones y mejoras introducidas durante el año de su mandato para “simplificar los trámites”, como el convenio firmado para el intercambio de datos con el padrón, la puesta en marcha de una oficina física en Pedro Nolasco con diez trabajadores, la apertura de un teléfono de atención y orientación al ciudadano, así como la labor desarrollada para facilitar que las solicitudes que carecían de la documentación necesaria pudiesen volver a presentarse. 

 

Carlos Ortas (Ciudadanos) ha justificado la comparecencia en la necesidad de conocer la situación de las tres líneas de ayudas al alquiler, una de carácter general, otra para jóvenes y una tercera en razón de la crisis de la Covid-19, si la Dirección General cuenta con suficiente personal, cuya mejora es un compromiso contenido en la Estrategia aragonesa  y si es posible mejorar los trámites burocráticos. 

 

Fernando Sabés (PSOE) ha defendido que el Gobierno central es “el más comprometido en vivienda”, aunque ha reconocido “la maraña” que se encuentran los solicitantes porque a su juicio “todas las administraciones no hemos estado a la altura para facilitar la relación telemática del ciudadano con la Administración”. Joaquín Juste (PP) ha constatado el “diferente discurso” de los grupos de izquierda “cuando pasan la fina criba del Gobierno” ante los nuevos retrasos en el pago y la convocatoria de ayudas. “Hay más de cinco mil familias en una situación penosa por la falta de gestión”, ha criticado. 

 

Marta Prades (Podemos EQUO Aragón) ha reclamado “políticas valientes” para ser más ágiles en la tramitación de las ayudas al alquiler y acabar con situaciones como el “laberinto burocrático” que una familia de inmigrantes ha sufrido para acceder a una vivienda de protección social, “lo que provocará mañana su desahucio”, ha lamentado. Desde CHA, Joaquín Palacín ha destacado que la Dirección General haya sido capaz de sacar adelante estas ayudas y que, “con el mismo personal que hace siete años esté gestionando un presupuesto mucho mayor” y ha enumerado las soluciones aportadas por la Dirección General para mejorar la tramitación.  

 

Para Santiago Morón (Vox en Aragón), la convocatoria de ayudas ha sido “un fracaso compartido” por los “ineficaces instrumentos” utilizados por el Gobierno de España y la “falta de personal” de la DGA, “lo que retrasa el pago”. Además ha preguntado por qué está habiendo desahucios si no se han aprovechado los 3,8 millones de euros. Esther Peirat (PAR) ha señalado “las dificultades” que la Administración se ha ido encontrado para resolver las diferentes ayudas al alquiler y las medidas que se han adoptado y se ha interesado por la coordinación con el IASS y el condicionante de la presentación telemática de la documentación ante las restricciones de movilidad.     

 

Por último, Álvaro Sanz (IU) ha considerado “innegable” la existencia de una “emergencia habitacional” por no haber hecho “políticas públicas de vivienda”. Ha reclamado datos concretos sobre la convocatoria covid y ha denunciado el “maltrato institucional” y el “desamparo” que muchos ciudadanos sufren en su relación con la Administración. 

 

AYUDA AL SECTOR DE LOS AUTOBUSES

 

La Comisión de esta tarde también ha debatido un texto del impulso del PP, defendido por Joaquín Juste, que pedía al Gobierno “elaborar y ejecutar un plan de rescate de las empresas de autobuses interurbanos de Aragón y a adoptar las medidas necesarias que permitan la subsistencia de un sector clave para nuestro territorio”. Juste ha lamentado que “las 18 empresas del sector van a desaparecer si no hacemos algo”. La iniciativa no ha salido adelante al recibir el voto en contra de PSOE, Podemos, CHA y PAR, mientras que Ciudadanos y Vox sí que la han apoyado.

 

El socialista Fernando Sabés ha reivindicado “el compromiso del Gobierno con el transporte”, mientras que Carbonell (Podemos) se ha mostrado “consciente de las afecciones” de la pandemia en el sector, pero ha recordado que “hay partidas presupuestarias” para estas ayudas, una acción del Ejecutivo en la que también han incidido Palacín (CHA) y Peirat (PAR), asegurando respectivamente que “desde el Departamento existe un compromiso claro y contundente con las empresas de autobuses” y que “el texto pide lo mismo que se está haciendo”. Por su parte, Ortas (Ciudadanos) ha considerado “adecuada” la iniciativa porque “las empresas están sufriendo la pandemia y el distanciamiento social” y el portavoz de Vox, Santiago Morón, ha defendido que “la realidad del sector es que amenaza ruina” y “las ayudas se han mostrado insuficientes hasta la fecha”. 

 

 

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