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La Asociación libre de abogados de Zaragoza reclama la supresión del primer grado por “inhumano” y denuncia el exceso de celo con que se aplica en la cárcel de Zuera

La Asociación libre de abogados de Zaragoza reclama la supresión del primer grado por “inhumano” y denuncia el exceso de celo con que se aplica en la cárcel de Zuera
La portavoz de este colectivo ha reclamado en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos que las Cortes soliciten al Estado la trasferencia de la competencia de servicios sanitarios de instituciones penitenciarias para evitar que los enfermos mentales ahora mismo presos sean tratados en las cárceles

Zaragoza, 06/11/18.- La Asociación libre de abogados de Zaragoza ha denunciado esta mañana durante su exposición en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos el “trato inhumano” al que se ven sometidos los presos adscritos al primer grado de reclusión en las cárceles españolas, al que ha calificado de “tortura blanca” y ha puesto como ejemplo el centro de Zuera (Zaragoza), “donde se está aplicando de un modo especialmente restrictivo”, ha alertado.

La portavoz de este colectivo de letradas Lourdes Barón ha denunciado que “este régimen atenta contra la dignidad, la intimidad y la integridad tanto física como moral de los presos, y ello va en contra del principio de reinserción que contempla la Constitución Española en su artículo 25.2”. Por eso ha reclamado el “cese” de la aplicación del primer grado y ha reclamado que desde las Cortes se impulse la trasferencia de los servicios sanitarios de instituciones penitenciarias”. 

Barón ha alertado de que en algunos casos el sistema penitenciario está sometiendo a este grado, previsto según la ley para quienes han manifestado una “peligrosidad extrema”, “a personas que no han cometido delitos muy graves, sino aquellas que mantienen una mala relación con la institución penitenciaria derivada de enfrentamientos con ésta o con otros presos”, ha denunciado.

Así, ha ampliado Barón, “acaban en este régimen de reclusión, que supone pasar aislado más de veinte horas al día, personas que han cometido delitos contra la propiedad, politoxicómanos, así como enfermos mentales que ven agravados sus problemas por las condiciones a las que se ven sometidos. “Por eso, para ayudar a que las enfermedades mentales no se traten en prisión”, Barón ha reclamado que desde las Cortes de Aragón se impulse la trasferencia a Aragón de los servicios sanitarios de instituciones penitenciarias y para ello ha recordado que es un paso que ya contempla la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del sistema nacional de salud.

La portavoz de la plataforma ha explicado que esta situación conduce a “la despersonalización del individuo porque su vida está absolutamente reglada por la institución, con entradas constantes a la celda, vigilancias permanentes e incluso cacheos sometiendo a los presos a desnudos integrales”, ha enumerado. Esto provoca, ha abundado, “trastornos psicológicos como alucinaciones por lo que supone pasar muchas horas recluido en una celda sin ningún tipo de estímulo, situaciones que pueden derivar en el suicidio”. Además, ha recordado el “desarraigo familiar que conlleva, porque “normalmente las condenas en primer grado se cumplen lejos de donde residen las familias de los presos“.

En el caso del centro penitenciario de Zuera, Barón ha recordado que, a finales de 2017, había 36 presos adscritos al primer grado y que el mecanismo de prevención nacional de la tortura ha realizado varias recomendaciones para rebajar el celo en la aplicación de este régimen.

Desde el PP, Fernando Ledesma, portavoz en materia judicial del Grupo Popular, ha recordado que “los internos están sanitariamente perfectamente atendidos bien por el Gobierno de Aragón o por el Estado”. “Todo es susceptible de ser mejorado y trabajaremos para ello al margen de quien tenga las competencias”, ha añadido. Para él, “se ha puesto encima de la mesa una situación que, sin la comparecencia, sería difícil de conocer”.

El socialista Enrique Pueyo ha agradecido las explicaciones del colectivo porque “impactan las situaciones de una cárcel que está tan cerca como la de Zuera”. “Es un encierro dentro de un encierro, con consecuencias psicológicas que pueden terminar hasta en suicidio”, ha manifestado este portavoz. En opinión del representante del PSOE en esta segunda comparecencia de la sesión, “este trabajo es muy invisible pero puede aportar mucho a la sociedad”.

Para Alfonso Clavería (Podemos), encargado de dar voz a la formación morada en esta comparecencia, “hay que clarificar la observancia y el cumplimiento de todas las recomendaciones descritas”. “¿La situación de los internos en aislamiento absoluto está previsto en la Constitución? Tenemos que mirar este respeto normativo”, ha defendido en este sentido. En opinión de este diputado, “muchas veces se nos olvida con son cuestiones de derecho constitucional”.

La portavoz del PAR en esta Comisión, Lucía Guillén, ha valorado positivamente conocer los datos de un informe que “presenta conclusiones negativas en algunos centros”. “Deben respetarse los derechos de los presos siempre y en cualquier caso. No quiere decir que no se haga de forma general, pero parece que existen casos de vulneración”, ha explicado. En su opinión, en este sentido, “hay deficiencias para actualizar y corregir”. “De ahí la importancia de su comparecencia”, ha añadido.

Desde Ciudadanos, Jesús Sansó ha agradecido a la asociación “hacernos reflexionar sobre un tema que no solemos parar a pensar en ello”. “Ha hablado de psicología y no tanto de justicia, sin menospreciarla”, ha considerado. En su opinión, “el castigo a una mala conducta es la pena privativa de libertad, pero el objetivo es la reinserción social”. “La imposición de la soledad es un castigo adicional que muchas veces está contraindicado”, ha valorado.

Por parte del Grupo Mixto, Carmen Martínez (CHA) ha recordado que “nuestro régimen competencial no abarca las instituciones penitenciarias, pero esto no quiere decir que no nos interese este debate”. La parlamentaria ha “asumido las reivindicaciones” del colectivo, matizando que “no queremos competencias sino vienen bien dotadas”. Además, la diputada también ha aprovechado su intervención para pedir más información sobre algunas cifras de la cárcel de Zuera.

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