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El director general de Función Pública anuncia “una renovación normativa de todo el cuerpo jurídico que afecta al ámbito del empleado público”

El director general de Función Pública anuncia “una renovación normativa de todo el cuerpo jurídico que afecta al ámbito del empleado público”
Esteban del Ruste ha comparecido esta mañana en la Comisión de Hacienda, a petición del PP y del consejero del ramo, para exponer sus líneas de acción previstas, entre las que también ha incluido una reducción de la temporalidad y la implantación del expediente electrónico

El Ejecutivo acometerá en esta legislatura “una renovación normativa de todo el cuerpo jurídico que afecta al ámbito del empleado público”. Es uno de los anuncios que ha realizado esta mañana en sede parlamentaria el director general de Función Pública y Calidad de los Servicios, Esteban del Ruste, durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública para, a petición del PP y del consejero del ramo, presentar las líneas de acción previstas en la materia por el Gobierno de Aragón.

Este objetivo se debe, según las palabras trasladadas a los diputados de la Cámara por el director general esta mañana, a que la actual normativa se ha quedado “pequeña y obsoleta”. Además, Del Ruste también tiene el objetivo de “reducir la temporalidad de los puestos y la interinidad”. “Queremos que los puestos sean ocupados en titularidad con principios de mérito, capacidad y convocatoria pública”, ha manifestado Del Ruste durante su comparecencia.

Otro de los anuncios realizados por este responsable sectorial en la Comisión de este lunes ha sido la “implantación del expediente electrónico del empleado público”, que, según ha fijado, “tiene que estar funcionando el 1 de enero de 2021”. En opinión del director general, Aragón se encuentra “bastante atrasado en herramientas de gestión personal” y esto tiene como consecuencia que “cualquiera de los procesos sea interminable, se eternice y consuma enormes energías de los empleados que se dedican a ello”. “Además, los resultados que no son siempre iguales”, ha añadido.

Del Ruste también ha considerado como “otro aspecto fundamental” la “coordinación de los sectores”. En este sentido, ha apostado por “hacer convocatorias y exámenes únicos”, con la consecuente unificación de listas de interinos, para “categorías profesionales coincidentes” en diferentes ámbitos, como puede ser “administración general y sanidad”. “Es más razonable para racionalizar la gestión”, ha especificado. También en el ámbito de categorías profesionales, ha apostado por “la profesionalización” y que “el personal que trabaje para Administración tenga la titulación acorde al puesto que desempeña”.

Desde el PP, Ana Cristina Sainz ha calificado como “pilar fundamental” la aprobación de una nueva Ley de la Función Pública. “Tiene que estar bien regulada y dotarla de estabilidad”, ha considerado esta portavoz. Además, en su opinión, “la oferta de empleo es un instrumento básico y constituye un elemento imprescindible para asegurar la calidad de los empleados públicos” y, en relación al expediente electrónico, ha reclamado al director general más información. En todos los aspectos, Sainz ha pedido “hechos” para avanzar.

El diputado socialista Alfredo Sancho ha visto “con satisfacción” que las prioridades del director general “primen la calidad, la transparencia y el reforzamiento del papel de los empleados públicos dentro de un marco de estabilidad”. Desde Ciudadanos, el diputado José Luis Saz ha considerado “una tarea primordial” sacar adelante la ley de Función Pública porque “lleva décadas de retraso”. Además, ha solicitado a Del Ruste que los presupuestos de 2020 reflejen “el total de las nóminas de los empleados públicos”.

La diputada de Podemos-Equo Marta Prades ha valorado “positivamente” que Del Ruste se “ponga como bandera aprobar la ley de Función Pública que quedó pendiente la pasada Legislatura” y pide que garantice “empleos dignos”. La diputada de CHA Carmen Martínez ha compartido con el director general la necesidad de que la formación del personal público “sea obligatoria y esté dentro de la jornada laboral de los trabajadores”.

El portavoz de Vox, David Arranz, ha manifestado que “es posible que se estén desviando recursos en aspectos no del todo rentables para la calidad del servicio público”, por lo que ha preguntado por la realización de auditorías en este sentido. Por su parte, Jesús Guerrero, diputado del PAR, ha hecho especial hincapié en la necesidad de modificar la formación de los empleados en lo referente a digitalización: “Como no nos subamos al carro vamos a tener un problema importante”. Desde el Grupo Mixto, el portavoz de Izquierda Unida, Álvaro Sanz, ha destacado la necesidad de “acabar con la interinidad” porque unos servicios públicos “fuertes permiten avanzar en la respuesta de los derechos fundamentales”.

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