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La Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales rechaza las dos iniciativas presentadas por el PP sobre dependencia y transparencia

La Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales rechaza las dos iniciativas presentadas por el PP sobre dependencia y transparencia
La diputada popular Marián Orós ha visto como decaían sus propuestas para desarrollar diversos aspectos de la ley de derechos y garantías de las personas con discapacidad y mejorar la transparencia del Ejecutivo con los votos en contra de los grupos que forman parte del acuerdo de Gobierno

La Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales ha rechazado esta mañana con los votos en contra de los grupos que sostienen al Gobierno de Aragón dos proposiciones no de ley presentadas por el PP para poner en marcha una serie de medidas sobre prestaciones para dependientes y discapacitados y mejorar la información que el Ejecutivo traslada a la sociedad a través del portal de transparencia.  

La diputada popular Marián Orós ha sido la encargada de defender ambas iniciativas, la primera de ellas consistente en  una moción dimanente de una interpelación anterior en la que el grupo popular proponía acelerar la entrada en funcionamiento de la Ley de derechos y garantías de las personas con discapacidad de Aragón, aprobada el año pasado. El texto contemplaba la creación de una junta arbitral de igualdad de oportunidades, la puesta en marcha del plan especial de atención bucodental, la creación del “profesional único de referencia”, garantizar la cobertura de las prestaciones ortoprotésicas incluidas en el catálogo nacional y poner en marcha el asistente personal. Para Orós, “las personas con discapacidad no pueden esperar otro año más después de transcurridos nueve meses desde su aprobación porque hay necesidades que son urgentes”.   

La moción se ha sometido a una votación separada entre los puntos uno, cuatro y cinco, respaldados por PP, Ciudadanos y Vox en Aragón y rechazada por el resto, y los puntos dos y tres, que han recibido el apoyo, además de los grupos del centro derecha, el de IU, lo que ha llevado al empate a nueve votos, resultado que también ha hecho decaer la iniciativa como marca el Reglamento.   

Leticia Soria (PSOE) ha ido punto por punto de la moción comentando las acciones que el Gobierno ha puesto en marcha para cumplir la ley y por ello ha valorado como “innecesaria” la iniciativa. Para Loreto Camañes (Ciudadanos), “se ha avanzado muy poquito desde que se aprobó la ley y este grupo siempre apoyará las iniciativas que impulsen el desarrollo de las leyes”.

Por su parte, la diputada de Podemos EQUO Aragón, Erika Sanz, ha defendido los pasos que viene dando el Ejecutivo para el cumplimiento de lo legislado y ha mostrado su preocupación por la atención bucodental de las personas con discapacidad. Carmen Martínez (CHA) ha reprochado a la portavoz popular el tiempo que tardaban en pagarse las prestaciones ortoprotésicas durante el último gobierno popular y ha pedido calma para no dejarse nada fuera del desarrollo de la ley.

David Arranz (Vox en Aragón) se ha mostrado de acuerdo con la iniciativa “porque las leyes que nos damos hay que desarrollarlas y dotarlas económicamente” y ha incidido en lo incomprensible que le resulta el límite de dieciocho años para la prestación bucodental de las personas con discapacidad. Desde el PAR, Esther Peirat ha asegurado que “la coherencia nos impide instar al Ejecutivo a impulsar medidas que ya se están llevando a cabo”. Por último, Álvaro Sanz (IU) ha propuesto la votación separada de los puntos para apoyar el plan bucodental y la figura del profesional único de referencia y rechazar el resto. Entre estos últimos, el del asistente personal para no crear una figura laboral “en precario” hasta que no se aclaren sus condiciones laborales vía decreto.    

A continuación, el órgano sectorial ha valorado una iniciativa del PP sobre transparencia con la que se pretendía instar al Gobierno de Aragón a ir más allá de los mínimos que marca la ley en esta materia. Entre las medidas, proponía adecuar el formato de la declaración de bienes y patrimonio de los consejeros para que se asemeje al empleado con los diputados de la Cámara, así como hacer públicas, de manera “clara y accesible”, las agendas completas de la actividad institucional de los consejeros y altos cargos,  además de dar a conocer las indemnizaciones, dietas y gastos por viajes y desplazamientos de los consejeros y máximos responsables de la DGA.

Orós ha considerado “una auténtica pena” tener que pedir en febrero de 2020 que se cumpla “lo básico” de la ley de transparencia y ha criticado como “desidia absoluta” la gestión de algunos de los apartados del portal de transparencia del Gobierno de Aragón.  “Al ciudadano no le gustamos y si la transparencia deviene en mero márquetin eso provocará más desafección”.  

La diputada Leticia Soria ha sintetizado su rechazo a la iniciativa porque “el Gobierno cumple lo que marca la ley y la propuesta demanda que se haga lo que ya se está haciendo”. Por parte de Ciudadanos, Loreto Camañes ha recordado que Aragón ocupa uno de los últimos puestos en la Agencia Internacional de Transparencia y ha puesto varios ejemplos de datos desactualizados. En opinión de Erika Sanz (Podemos EQUO Aragón), “el Gobierno está cumpliendo la periodicidad marcada para las publicaciones y la propuesta reclama cuestiones que la ley marca como voluntarias”.  

Carmen Martínez (CHA) le ha reprochado a la portavoz popular varios casos recientes de corrupción de su partido y le ha recomendado que se lea la ley 5/2017 de integridad y ética pública “porque modifica algunas de las cuestiones planteadas”. Desde Vox en Aragón, David Arranz ha defendido que la transparencia “ayuda a combatir la desafección entre la ciudadanía” y por ello es “fundamental” conocer los datos para detectar gastos superfluos y duplicidades”.  

Esther Peirat (PAR) ha rechazado la propuesta de los populares “porque el Ejecutivo cumple sobradamente todos los puntos de que consta”. Por último, Álvaro Sanz (IU/Grupo Mixto) ha compartido su preocupación por la  “desafección” que produce la política, pero ha atribuido a la corrupción. Por eso ha reclamado una oficina anticorrupción.

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