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La Dirección General de Trabajo, Autónomos y Economía Social prepara con las entidades un plan de impulso paralelo a la elaboración de la ley de economía social

 La Dirección General de Trabajo, Autónomos y Economía Social prepara con las entidades un plan de impulso paralelo a la elaboración de la ley de economía social
La responsable, María Soledad de la Puente ha comparecido a petición del PP en la Comisión de Economía, Planificación y Empleo, en la que ha avanzado una serie de medidas para beneficiar a los autónomos, como la reducción del tiempo de espera para retomar la actividad, el incremento de subvenciones para el relevo generacional en el medio rural y la creación de nuevas subvenciones para fomentar la incorporación de “familiares colaboradores”

La directora general de Trabajo, Autónomos y Economía Social, Soledad de la Puente, ha fijado como prioridad de su gestión terminar de perfilar el proyecto legislativo de economía social con un amplio grupo de trabajo formado por cooperativas, asociaciones y entidades de economía social y, al mismo tiempo, poner en marcha un programa de impulso con medidas y partidas presupuestarias concretas. Así lo ha asegurado durante su comparecencia de esta tarde en la Comisión de Economía, Planificación y Empleo a solicitud del PP, que le pedía información sobre sus planes en favor tanto de los autónomos como de los centros de economía social.

De la Puente ha asegurado que el grupo de trabajo, que el próximo cuatro de marzo  celebrará su cuarta reunión, pretende conseguir “la mejor ley de economía social”, tomando como base el anterior proyecto que no llegó a debatirse en las Cortes y teniendo en cuenta las deficiencias detectadas desde entonces. “Es complicado aglutinar una multitud de pareceres sobre la economía social porque cada interviniente quiere reflejar sus propios intereses”, ha reconocido la directora general, para quien el modelo a seguir puede estar en las grandes corporaciones de cooperativas holandesas. “Aquí la producción se basa en estructuras muy primarias y cuesta aglutinar, vender las bondades de la cooperación colectiva”, ha lamentado.

Pese a la demora que pueda ocasionar tantas visiones diferentes, De la Puente ha defendido esta vía para evitar una visión “demasiado sesgada” que habría tenido una ley sin consulta. En cualquier caso, ha asegurado que el mismo grupo de actores seguirá trabajando para elaborar un plan de impulso “al margen del curso legislativo que lleve el proyecto de ley”. Con ese plan dinamizador ha confiado en poder decidir las líneas de actuación cuyo manejo actual ha atribuido al INAEM. Recogiendo el guante que le ha lanzado el popular Campoy, la directora general ha reconocido que le gustaría contar con un presupuesto mayor. “Claro que estaría encantada de contar con una subdirección de economía social y otra de relaciones laborales y otra de autónomos”, ha concedido también.

En cuanto a la situación de los autónomos, además de refrendar la política desarrollada hasta ahora para acabar con los “falsos autónomos” que ha reenviado al régimen general a más de tres mil trabajadores, Soledad de la Puente ha avanzado una serie de medidas “que van a salir a la calle ya”, como la reducción de los límites temporales en los casos de segunda oportunidad para volver a emprender la actividad de autónomo, el incremento de subvenciones para el relevo generacional en localidades de menos de cinco mil y de menos de quinientos habitantes y las subvenciones para fomentar la incorporación de familiares colaboradores. Estas intervenciones para el fomento al trabajo autónomo contarán con fondos propios, de la conferencia sectorial y de la Unión Europea.   

Desde el PP, Javier Campoy ha pedido conocer “qué tiene pensado hacer el Gobierno” ante la pérdida de “generación de valor añadido bruto” que está ocurriendo en estos sectores. En opinión de este diputado, encargado de posicionar al grupo solicitante de la comparecencia, “no solo hace falta una Ley, lo primero que hace falta es presupuesto”. “Apoyo de verdad para mejorar la competitividad y asegurar el futuro”, ha reclamado.

La socialista Beatriz Sánchez ha puesto en valor el trabajo que se está realizando por parte del Ejecutivo. “Sin duda, la economía social es un activo que debemos dotar de la relevancia que merece. Cuente con este Grupo”, ha trasladado a De la Puente. El portavoz en materia económica de Ciudadanos, Javier Martínez, ha considerado que “la Dirección General solo va a poder poner encima de la mesa una nueva Ley en el último momento”. “Es lo que tiene con los recursos que le han dejado”, ha criticado.

“El sector del emprendimiento está en una verdadera situación de crisis. Tenemos que poner todo el empeño en el apoyo y refuerzo que necesitan”, ha destacado desde Podemos Erika Sanz, apostando por medidas como “la segunda oportunidad”. Desde CHA, Joaquín Palacín ha preguntado por el plan estratégico de trabajo autónomo, sobre “cómo se va a desarrollar y quién va a participar en su desarrollo”. “Le animamos a que lleve estos retos adelante”, ha trasladado a la directora general.

El portavoz del PAR, Jesús Guerrero, ha valorado que “el acuerdo de investidura plasma mucha de las peticiones”. “Todos los grupos estaremos por apoyar acciones que fomenten el modelo productivo que existe en Aragón”, ha reivindicado. Por parte de IU, Álvaro Sanz ha recordado que su formación “intentó mejorar con enmiendas las dotaciones presupuestarias” en estas parcelas. Además, ha pedido un plan estratégico del trabajo autónomo para “dar respuestas” a cuestiones pendientes. 

PLAN DE APOYO

La Comisión también ha debatido un texto del PP que reclamaba al Gobierno “presentar en el plazo máximo de tres meses un Plan de apoyo a los productores, emprendedores y cooperativas agrarias, así como un Estatuto del Agricultor”. Javier Campoy, diputado del PP encargado de presentar la iniciativa de su formación, ha pedido “mandar un mensaje claro al campo aragonés de que desde la política se pueden mejorar las cosas”.

La propuesta no ha salido adelante al recibir el voto en contra de los cuatro grupos que sustentan la acción del Ejecutivo. Desde ellos, la socialista Sánchez ha expresado “la falta de competencias sobre el estatuto” y que “ya se aplican y se van a seguir aplicando medidas de apoyo”, mientras que Sanz (Podemos) ha lamentado que “hay una clara crisis en el campo y se están pagando precios por debajo del coste de producción”. Palacín (CHA) ha coincidido en “la comunidad no tiene competencias para regular esto” y Guerrero (PAR) ha recordado el apoyo de su formación al sector “no solo en momento dedicados”. Sí que han apoyado la propuesta tanto Ciudadanos como Vox, formaciones desde las que, respectivamente, Martínez ha apostado por “mejorar las medidas que tiene el Gobierno para la competitividad del campo” y para Fernández (Vox) “las cooperativas reúnen criterios de ayuda mutua y mayor compromiso”. 

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