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Los grupos de la oposición someten a los consejeros del Gobierno de Aragón a una sesión de control con seis interpelaciones y diez preguntas

Los grupos de la oposición someten a los consejeros del Gobierno de Aragón a una sesión de control con seis interpelaciones y diez preguntas
La sesión plenaria ha debatido sobre cuestiones como la prestación de servicios en las zonas rurales, el apoyo a fruticultores y comerciantes autónomos, las demoras en la sanidad y el plan de infraestructuras de la universidad de Zaragoza

La sesión de control al Gobierno celebrada esta mañana en las Cortes de Aragón ha servido para que los grupos de la posición hayan desplegado una batería de dieciséis iniciativas dirigidas a nueve de los diez consejeros que forman parte del Gobierno de Aragón.  

PP y Ciudadanos se han repartido las seis interpelaciones formuladas que han versado principalmente sobre servicios públicos en el medio rural y sectores en problemas como el comercio minorista y los fruticultores. La portavoz del PP, Mar Vaquero, ha debatido con la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, sobre los juzgados de paz y la próxima entrada en vigor de la Ley de Registro Civil tras varias prórrogas. Después, ha sido el diputado de Ciudadanos Ramiro Domínguez quien le ha preguntado por la prestación de servicios en las comarcas, concretamente sobre la dependencia.

La popular Carmen Susín ha intercambiado su punto de vista con el consejero de Hacienda, Carlos Pérez, a cuenta de la posición que ha de adoptar Aragón ante la negociación de un nuevo modelo de financiación autonómica y la polémica por la deuda del IVA. Qué hace el Ejecutivo ante la crisis que viven los fruticultores y el comercio minorista ha motivado las interpelaciones realizadas por los diputados del PP Antonio Romero y Juan Carlos Gracia a los consejeros de Agricultura, Joaquín Olona, y de Industria, Arturo Aliaga, respectivamente.

La última interpelación, formulada por la parlamentaria de Ciudadanos Susana Gaspar a la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, se ha referido a la planificación de urgencias ante los nuevos casos de saturación y colapso en los hospitales Royo Villanova y Miguel Servet y si esta situación tiene un carácter cíclico o meramente puntual.

Durante la ronda de preguntas parlamentarias, de las que se han caído a última hora tres cuestiones dirigidas al consejero José Luis Soro por encontrarse de viaje, el titular de Educación, Cultura y Deporte ha atendido las peticiones de explicaciones del diputado de Ciudadanos Carlos Trullén sobre la negativa de la DGA a abonar una subvención con la que el Ayuntamiento de Fraga contaba para su Ciudad del Deporte y también acerca del problema de la falta de espacio en el IES Mor de Fuentes de Monzón. Faci ha cerrado sus intervenciones valorando a petición de la popular Pilar Cortés el proceso de contratación de personal sanitario en los centros educativos.

El debate sobre el servicio sanitario ha proseguido con la doble pregunta de la diputada popular Ana Marín para la consejera Pilar Ventura sobre el tiempo medio de demora en las consultas externas y las medidas adoptadas ante la epidemia de la gripe. A continuación, la parlamentaria del PP Marián Orós se ha dirigido a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, para pedirle explicaciones sobre una modificación presupuestaria del Departamento por el que se habría destinado dinero a gastos de personal en detrimento de prestaciones económicas para la dependencia por valor de tres millones y medio de euros.

La sesión se ha detenido entonces en cuestiones referidas a la universidad. La popular Pilar Gayán ha preguntado a la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz, por el Plan de Infraestructuras e Investigación de la Universidad de Zaragoza y, concretamente, sobre las obras de la facultad de Filosofía de Zaragoza y también por los posibles efectos que para UNIZAR tendrá la separación de los ministerios de Ciencia y Universidades.  

En la parte final del debate, el Pleno ha fijado su atención en materia económica. El popular Javier Campoy ha planteado a la titular de Economía, Planificación y Empleo, Marta Gastón, los posibles efectos negativos de la subida del salario mínimo interprofesional en la contratación en Aragón. Y el diputado de IU, Álvaro Sanz, le ha pedido al consejero de Industria Arturo Aliaga medidas concretas para mantener el empleo y la actividad de la empresa Schindler en Zaragoza.  

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