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El director general de Relaciones Institucionales anuncia el desarrollo de una aplicación informática para mejorar las relaciones entre las Cortes y el Gobierno

El director general de Relaciones Institucionales anuncia el desarrollo de una aplicación informática para mejorar las relaciones entre las Cortes y el Gobierno
Ricardo Almalé, además, ha manifestado en su comparecencia ante la Comisión Institucional de las Cortes que pretende establecer “una comunicación habitual” con el Justicia de Aragón y que, desde su Dirección General, elaborarán “un plan estratégico” que destaque las “potencialidades” de Teruel

El director general de Relaciones Institucionales, Ricardo Almalé, en su comparecencia esta mañana ante la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón, a petición propia y del G. P. Popular, ha anunciado el desarrollo de una aplicación informática en colaboración con AST “con el objetivo de que todos los departamentos conozcan las iniciativas de los distintos grupos parlamentarios y que, a través de ella, se mejore el Reglamento de las Cortes y sea más fácil ejercer el control al Gobierno”.

Asimismo, Ricardo Almalé ha manifestado que pretende establecer “una comunicación activa, proactiva y habitual” con el Justicia de Aragón, Ángel Dolado, puesto que “su figura tiene un gran peso esta legislatura”, y que va a “mantener reuniones trimestrales con el lugarteniente para dar respuesta a los ciudadanos de la manera más práctica y eficaz posible”.

El director general ha puesto énfasis en que este “es un Gobierno con vocación de apertura y autogobierno, y queremos buscar sinergias con aquellas instituciones con las que compartimos objetivos o retos, especialmente en las comunidades limítrofes”. Y ha puesto como ejemplo el Campus Iberus, un campus de excelencia en el que también está implicado el gobierno navarro.

En relación al FITE, Almalé ha aclarado que “el Gobierno tiene a Teruel en su agenda” y desea “imprimirle a la provincia un carácter transformador” en aras de “fijar población y vertebrar el territorio”. “Tenemos dos proyectos relacionados con la fibra óptica y elaboraremos un plan estratégico que incluya las potencialidades y oportunidades de Teruel para los próximos dos años”, ha añadido.

Por último, el director general ha señalado que la CARTV “es un modelo eficiente y ejemplarizante para otras televisiones públicas” y ha anunciado que se está “trabajando en la firma de un tercer contrato-programa para finales de año”.

Desde el PP, Mar Vaquero ha solicitado al director general que, “en su papel interlocutor con la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión”, se “potencie el consenso y se establezcan unos criterios identificables y objetivos para el reparto de los tiempos en los espacios informativos”. En relación con el FITE, la parlamentaria popular ha insistido en que este fondo “no puede servir para financiar la falta de compromiso del Gobierno de Aragón con Teruel”.

El socialista Darío Villagrasa ha felicitado a Almalé por su trabajo y ha manifestado la satisfacción del G. P. Socialista por su dedicación de “tiempo, información y pedagogía”. “Entendemos que existe una buena coordinación, y estamos a su disposición”, ha sentenciado el diputado socialista. Desde Ciudadanos, Beatriz García ha puesto el foco de su intervención sobre el Justicia, “una figura muy importante y clave en nuestra idiosincrasia”. En este sentido, ha preguntado al director general si le había “transmitido la iniciativa de reforma de la Ley del Justicia para asumir otra serie de competencias”.

Para Itxaso Cabrera (Podemos), el director general es un “agente fundamental para que se cumpla el pacto de gobernabilidad” y ha valorado la modificación de competencias como “positiva” porque “quien mucho abarca, poco aprieta”. La parlamentaria de CHA Carmen Martínez ha hecho hincapié en el “nexo que tiene que haber entre la acción del Gobierno y las Cortes”. Asimismo, en relación a la CART, la parlamentaria ha declarado que  “es un servicio público esencial que vertebra el territorio y favorece la creatividad cultural que tiene nuestra Comunidad autónoma”.

La voz de Vox en esta Comisión la ha puesto David Arranz, quien ha inquirido al director general su opinión sobre “el crecimiento de las estructuras de la Administración y el gasto que todo ello conlleva, así como las posibles duplicidades”. El portavoz del PAR, Jesús Guerrero, ha agradecido al director general su intervención y ha manifestado que su principal reto es “impulsar la coordinación y las relaciones con el justicia, uno de los principales símbolos de nuestra tierra”. Por parte del Grupo Mixto, Álvaro Sanz (IU) ha preguntado a Almalé acerca del “grado de compromiso parlamentario del Gobierno con las Cortes” y ha destacado como “asuntos clave, la ley de vivienda, la financiación local y legislar contra la brecha salarial”.

A lo largo de la mañana también se ha debatido y votado una moción propuesta por el G. P. Popular sobre los Juzgados de Paz, que ha decaído con los votos en contra de PSOE, Podemos, CHA y PAR. La iniciativa ha sido defendida por la parlamentaria Mar Vaquero, quien ha expuesto que la Ley 20/2011 “va a llevar a la muerte a muchos de los Juzgados de Paz, y nosotros queremos que siga siendo un servicio público, gratuito y que se le dote de una mayor agilidad”.

El socialista Darío Villagrasa ha expuesto que la iniciativa “intenta ser constructiva, pero estudiadas las distintas observaciones y opciones, entendemos que algunas de las cuestiones que proponen no se ajustan a la realidad”, puesto que “no se van a cerrar los registros civiles ni los juzgados de paz”. Beatriz García (Ciudadanos) ha declarado que “la justicia es un servicio público que tiene que estar al servicio de los ciudadanos y la desaparición de los Juzgados de Paz puede ser una catástrofe para muchos pueblos”.

Itxaso Cabrera (Podemos) ha sentenciado que “esta es una iniciativa que vertebra el territorio, que es actual y no debemos obviar”, pero también ha deseado que “la intención del PP no sea hacer creer que van a desaparecer todos los registros civiles”. La parlamentaria de CHA Carmen Martínez ha declarado que se trata de una iniciativa “interesante”, pero que “existen cuestiones de las que plantean en la moción que no se pueden llevar a cabo”.

David Arranz (Vox) ha manifestado que, desde su grupo parlamentario, defienden “un registro civil universal, público y descentralizado que favorezca las funciones en cualquier parte del territorio, con las tecnologías apropiadas”. Desde el Grupo Mixto, Álvaro Sanz (IU) ha explicado que “el territorio no esté en condiciones para garantizar las mejoras que implicaría la informatización de los juzgados”.

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