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La DGA ultima una nueva instrucción para establecer la reincorporación “gradual y progresiva” de los funcionarios a sus puestos de trabajo bajo “criterios de seguridad”

La DGA ultima una nueva instrucción para establecer la reincorporación “gradual y progresiva” de los funcionarios a sus puestos de trabajo bajo “criterios de seguridad”
El director general de la Función Pública y Calidad de los Servicios, Esteban del Ruste, ha llamado a aprovechar la crisis del COVID-19 para impulsar definitivamente la “cultura del teletrabajo” y, ante la, a su juicio, “eficacia” demostrada de la asignación temporal de funciones, ha invitado a reflexionar sobre la necesidad de “flexibilizar” las actuales “rigideces” del modelo de empleo público

El director general de la Función Pública y Calidad de los Servicios, Esteban del Ruste, ha avanzado esta mañana, durante su intervención por videconferencia en la Comisión de Hacienda, solicitada por Ciudadanos, la firma inmediata de una nueva instrucción para ordenar la reincorporación del personal funcionario a sus puestos de trabajo, según se avancen fases en el proceso de “desescalada”, una vuelta al trabajo que, según ha asegurado, será “gradual, progresiva y siempre bajo criterios de seguridad”. 

Del Ruste ha asegurado que el objetivo de su Dirección General es cambiar el sistema de trabajo para adquirir la “cultura del teletrabajo” y que sea una herramienta “ahora y cuando vuelva la normalidad", de tal forma que el modelo “no sea igual que cuando empezamos" y que "un día, ese es mi sueño, el empleado público no tenga ningún papel sobre su mesa”. 

Para ello, el responsable de Función Pública ha recordado que una de las últimas órdenes publicadas le confiere la tarea de analizar y autorizar la relación de puestos de trabajo que cada Departamento le comunique que son necesarios reincorporar de manera presencial, para lo cual se estudiarán los aforos y la distribución del personal en diferentes centros de trabajo de la Administración, como las delegaciones territoriales, el edificio Pignatelli o las oficinas del INAEM.

Este estudio viene acompañado de sesiones de formación para un correcto uso del material de protección y de la elaboración de guías de conducta para los diferentes puestos de trabajo, de entre las que ya se han redactado las referidas tanto al personal de la Administración que atiende al público como el que no, el ocupado en materia de carreteras, farmacéuticos y veterinarios. Para los primeros de esta lista, del Ruste ha considerado que será necesaria la instalación de mamparas en todos los puestos y, en todo caso, se priorizará la atención telefónica y la cita previa. “Sin esas medidas de seguridad, no habrá incorporación”, ha asegurado. 

El director general ha asegurado que el protocolo de retorno al trabajo está atendiendo la situación del personal vulnerable o con hijos dependientes a su cargo, que se orienta preferentemente al teletrabajo “real”, en referencia a los problemas de los primeros días tras decretarse el Estado de Alarma. Esa consideración de vulnerabilidad debe partir del propio funcionario trabajador, ha aclarado Del Ruste, “porque aquí muchos podemos ser considerados personal de riesgo, hipertensos y también mayores de sesenta y cinco años”. En ese sentido, ha advertido de que, en caso de que el funcionario no pueda continuar su labor mediante el teletrabajo, los servicios de prevención  han de ser “aún más cautelosos” a la hora de valorar su reincorporación. 

De todas las medidas adoptadas hasta ahora, el director general ha destacado la “eficacia” de la atribución temporal de funciones por la que se derivaron a centros residenciales a sesenta personas dedicadas hasta entonces a la valoración de la dependencia, así como un centenar de funcionarios de Economía que se destinaron a la “avalancha” de los ERTEs y otros ciento sesenta trabajadores de su Dirección General. En ese sentido, ha llamado a la reflexión ante las “rigideces” que presenta el modelo funcionarial. “Si no establecemos la flexibilidad para destinar a cada funcionario allí donde se le necesite en cada momento, no habremos aprendido nada de esta crisis”, ha asegurado.

En estas siete semanas de confinamiento, Del Ruste ha informado de un noventa y un por ciento del personal público ha desarrollado su labor, un porcentaje en el que se incluye a funcionarios del Salud, del sistema educativo y del IASS. Descontando estas tres ramas, la Administración Pública ha trabajado en algo más de un setenta y cinco por ciento de su capacidad, bien de manera presencial o por teletrabajo, lo cual, ha aclarado Del Ruste, “no significa que se hayan sacado adelante el setenta y cinco por ciento de los expedientes”. Así mismo, ha permanecido de baja por enfermedad, bien coronavirus u otra dolencia, algo más del nueve por ciento del personal, mientras que casi un diez por ciento del personal de la Administración General ha permanecido en su casa sin una tarea asignada. 

Desde el grupo proponente, el diputado de Ciudadanos José Luis Saz ha hecho referencia al Decreto-ley 1/2020 y ha preguntado a del Ruste si “se ha puesto en marcha la atribución temporal de funciones” y si “se han creado unidades transitorias de apoyo a la gestión”, así como “en qué medida se ha protegido a nuestros empleados públicos y si la Administración ha podido seguir prestando sus servicios”.

El socialista Óscar Galeano ha declarado que “esta Consejería se anticipó en tomar unas decisiones que, posteriormente, se consideró que fueron oportunas y, una vez en aplicación de ese estado de alarma, se han desarrollado actuaciones que han demostrado que la Administración Pública es resiliente ante situaciones excepcionales”. Por parte del PP, la parlamentaria Cristina Sainz ha sentenciado que en estos momentos “está a prueba el modelo productivo, nuestra política de seguridad y la función pública” y ha preguntado al director general “si se van a realizar test y análisis de inmunidad a los trabajadores” y “si se van a reforzar las unidades de prevención de riesgos laborales”.

Marta Prades (Podemos) ha destacado el trabajo de “las profesoras y profesores que se han tenido que reinventar para no dar el curso por perdido” y de “todo el profesional que trabaja en el ámbito sanitario”, y ha explicado que “sería oportuno hacer una valoración de cómo se ha ido trabajando desde los servicios públicos”. Carmen Martínez (CHA) ha puesto en valor “las instrucciones que se dieron antes del estado de alarma para salvaguardar la seguridad de los trabajadores”, así como las “guías de trabajo que se están haciendo”, porque, tal y como ha vaticinado, “las nuevas condiciones de seguridad en el trabajo han venido para quedarse”.

Desde Vox, el diputado David Arranz ha denunciado que “los sueldos de los funcionarios exigirán un desembolso de ciento cuarenta millones este año”, es decir, que “el sector público queda a salvo en esta crisis económica, frente a los nueve millones de trabajadores del sector privado que ya han sufrido una bajada del salario”. Jesús Guerrero (PAR) ha declarado que “estamos viviendo una crisis sin precedente” y ha inquirido al director general “qué protocolo de actuación se va a seguir a medio y largo plazo” y “cuál va a ser la visión que tendremos de la Administración Pública en el futuro”. El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha recalcado que “la seguridad y la garantía de unos servicios públicos fuertes ha sido la obsesión de esta agrupación parlamentaria” y ha demandado al director general “cuántas personas han cursado baja” y “cuántas nuevas contrataciones ha habido”.

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