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El director general de Tributos descarta eximir del impuesto de Sucesiones a los familiares de las personas fallecidas por coronavirus

 El director general de Tributos descarta eximir del impuesto de Sucesiones a los familiares de las personas fallecidas por coronavirus
Francisco Pozuelo ha estimado precipitado adelantar nuevas medidas tributarias antes de conocer el impacto real de la crisis y cómo será la recuperación, y ha lamentado que el Estatuto de Autonomía de Aragón no permita incorporar nueva normativa fiscal mediante Real Decreto “en circunstancias de urgencia y necesidad” como las actuales

El director general de Tributos del Gobierno de Aragón, Francisco Pozuelo, ha considerado que sería “precipitado” anunciar cualquier nueva medida tributaria antes de conocer “el impacto real” de la crisis derivada del covid-19 y tener una información “más sólida” sobre cómo será la recuperación. Pozuelo ha respondido con esas precauciones durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda que venía solicitada por el PP.

Con el fin “de acertar” con las decisiones, Pozuelo ha estimado que lo primero ha de ser atender a la existencia de “suficientes ingresos” para afrontar el gasto público y para ello ha pedido “abrir el enfoque” y estudiar las políticas de gasto público que impulsen el Estado y la Unión Europea, antes de ver qué medidas conviene que adopte el Gobierno de Aragón. En ese sentido, ha lamentado que el Estatuto de Autonomía impida que se incorpore nueva normativa tributaria mediante Real Decreto, algo que, a su juicio, “en una situación de urgencia y necesidad, merecería una reflexión”.  Además, ha llamado a plantearse si el actual sistema de financiación autonómico es “el más adecuado” pues ha considerado necesario que cuente con “condiciones de estabilidad” y su funcionamiento “no esté función del ciclo económico”. 

Lo que no contempla el Ejecutivo aragonés es aplicar la propuesta del PP de librar del impuesto de Sucesiones y Donaciones a los familiares de aquéllos que hayan fallecido por coronavirus. “¿Qué sentido tiene condonar este impuesto estableciendo diferencias entre las diversas causas de fallecimiento y discriminando a las dos mil o dos mil quinientas personas que fallecen por otros motivos?”, ha planteado el director general. 

Además de atender la motivación de su comparecencia, Pozuelo ha hecho un repaso de las diferentes medidas contenidas en las dos órdenes de 13 de marzo y 14 de abril dictadas por el Gobierno de Aragón. Sobre la ampliación de plazos para la presentación de autoliquidaciones de los impuestos cedidos, el alto cargo de la DGA ha razonado que no se optó en su lugar por el aplazamiento “porque supondría una carga de intereses de demora para el contribuyente”, ni por la consideración de días inhábiles, porque ha habido contribuyentes que han optado por presentar sus declaraciones y pagar. Fuera de esta medida, ha recordado, quedaron los impuestos propios medioambientales y, más en concreto el ICA, de notificación colectiva y periódica, cuya decisión de suspender el cobro de los recibos girados ha atribuido al Instituto Aragonés del Agua.  

Sobre la cuestión de la posible pérdida cifrada en veinticinco millones de euros por el aplazamiento concedido, Pozuelo ha explicado que en realidad se trata de “una puesta a disposición de los ciudadanos” que se acojan a presentar más tarde sus contribuciones y llevará consigo una inyección de liquidez por esa cantidad. Con esta medida que permite dos meses más, el director general ha asegurado que “se consigue dar liquidez a empresas y autónomos y se evita la merma de los derechos reconocidos porque la imputación presupuestaria se consignará en el presente ejercicio de 2020”.  Por eso mismo, ha descartado la propuesta de los populares de aplazar el cobro un año. 

La otra gran medida ha sido mantener el servicio público, “en la medida de lo posible” en condiciones similares a las que había antes de las adaptaciones. En ese sentido, Pozuelo ha destacado la “rapidez de adaptación” de los funcionarios de la Dirección General de Tributos para desempeñar su labor desde sus domicilios. Dentro de esa labor y atendiendo a aquellos contribuyentes que no se acogieron al aplazamiento, durante el pasado mes de marzo, se registró una caída del quince por ciento en la recaudación del impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados respecto al mismo periodo de 2019, así como una disminución del cuarenta por ciento en el impuesto de Sucesiones y Donaciones. 

La diputada popular Carmen Susín ha sentenciado que “cuarenta y nueve días después de decretarse el estado de alarma está empezando a ser tarde para poner medidas sobre la mesa” y ha preguntado al director general si “es posible demorar el pago de impuestos y tasas un año para dar tiempo a las familias a recuperarse” o “implementar una fórmula que contribuya a liberar presión fiscal”.

Desde el PSOE, Óscar Galeano ha cuestionado la legalidad de la supresión del impuesto de sucesiones por el Covid-19 y ha recordado al resto de parlamentarios que “Aragón no es más de lo que es, y dependemos de medidas que adopte, no solo nuestro país, sino también la Unión Europea”. El portavoz sectorial de Ciudadanos, José Luis Saz, ha explicado que “en materia hacendística hay que conjugar los ingresos de la administración pública y el alivio fiscal de los individuos” y que “ahora no es momento de subir la presión fiscal porque la ciudadanía, especialmente las pymes y autónomos, están en una situación de necesidad de liquidez”.

Marta Prades (Podemos) ha agradecido el trabajo que se “está realizando para solventar la crisis económica y social que vamos a tener que afrontar” y ha valorado como positivo “que se actuara en un primer momento para flexibilizar los plazos de pago de tributos y la suspensión del ICA”. Por parte de CHA, la parlamentaria Carmen Martínez ha señalado que “esta es una crisis sin precedentes y no hay modelos en los que fijarnos, pero sí hay un objetivo común, que es la cohesión social” y ahora “lo que hay que tener en cuenta es el gasto público al que queremos enfrentarnos”.

Desde Vox, David Arranz ha insistido en que “no hay ninguna solución mágica, ni simple, ni rápida”, pero, en este sentido, ha manifestado la necesidad de “elaborar un plan de emergencia nacional y suspender impuestos que gravan el consumo de suministros en los hogares y el impuesto de sucesiones”, que ha calificado de “injusto” y “confiscatorio”. Jesús Guerrero (PAR) ha recalcado que “vivimos una de las peores circunstancias que se han producido desde hace décadas” y ha pedido la “mejora del sistema de financiación por parte del Gobierno de España en base a criterios que no sean solo la población”.

Por último, el diputado de IU, Álvaro Sanz, ha manifestado la importancia de “hacer que nadie se quede atrás y de garantizar la capacidad de consumo y los salarios”, al tiempo que ha reconocido que “hay unas incertidumbres tremendas porque el presupuesto ha saltado por los aires y desconocemos la necesidad de gasto”.

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