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La Línea COVID-19 de ayuda estatal para el pago del alquiler de vivienda deberá hacer frente al triple de la demanda normal con cerca de la mitad del presupuesto

La Línea COVID-19 de ayuda estatal para el pago del alquiler de vivienda deberá hacer frente al triple de la demanda normal con cerca de la mitad del presupuesto
La directora general de Vivienda y Rehabilitación, Verónica Villagrasa, ha advertido en el órgano sectorial de las Cortes sobre la “escasa” partida de casi cuatro millones de euros procedente del Ministerio con la que contará para atender las cerca de quince mil solicitudes que calcula recibirá de personas en situación de vulnerabilidad económica por el coronavirus

“Me duele porque se han generado unas expectativas muy altas, pero con el presupuesto escaso con el que contamos no se va a poder dar respuesta a todas las solicitudes”. De esta manera ha valorado la directora general de Vivienda y Rehabilitación, Verónica Villagrasa, la próxima puesta en marcha de la bautizada como Línea COVID-19 de ayudas al alquiler para afrontar la crisis económica derivada del coronavirus durante la comparecencia celebrada esta tarde ante la Comisión de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, a petición del consejero José Luis Soro. 

Dotada con 3,8 millones de euros procedentes de un fondo estatal de un total de cien millones adicionales, esta Línea COVID-19 es una ayuda directa para el pago de la renta del alquiler (hasta el cien por cien o un máximo de novecientos euros por un periodo máximo de seis meses entre abril y septiembre de 2020) o la cancelación total o parcial de los préstamos suscritos con el aval del ICO que cuyos beneficiarios serán aquéllos en situación de vulnerabilidad económica, que, como ha remarcado Villagrasa, ha de ser “sobrevenida y transitoria”.  

En línea con otras comunidades autónomas, la directora general ha lamentado no poder contar con más margen porque ha advertido que las cifra estimada de demandantes ya son “apabullantes”. “Con siete millones de euros veníamos haciendo frente a unas cuatro mil novecientas solicitudes y, ahora, con la mitad de dinero, esperamos unas quince mil peticiones”, ha calculado. A esta limitación, Villagrasa ha añadido la dificultad para que los interesados recopilen la documentación por las restricciones de movilidad (el trámite, de momento sólo presencial, está por ello en suspenso). 

Ante esta situación, la directora general ha recomendado que aquellos que lo necesiten, contemplen también las diferentes ayudas que concede el Ministerio para hacer uso de unas u otras “según se vayan agotando” y, en todo caso, “que prioricen, empezando por la negociación con el propietario, que también puede acceder a otras ayudas”, ha apuntado. Villagrasa se ha referido a la línea de microcréditos sin intereses, con requisitos de acceso “muchísimo más favorables” a su juicio, que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana concederá para la exención o la moratoria del alquiler dentro de un convenio de firma inminente con las entidades bancarias que contará con una disposición presupuestaria de mil doscientos millones de euros para todo el país. 

Por último, la responsable de Vivienda y Rehabilitación ha mencionado otras actuaciones realizadas durante este periodo, como la petición para excluir de la prohibición de realizar obras de rehabilitación los estudios técnicos con la finalidad de poder adelantar la solicitud de subvenciones. También ha informado de las gestiones llevadas a cabo con diferentes promotores para impulsar la construcción de vivienda protegida, como una promoción de ciento cuarenta y cuatro viviendas proyectada en el barrio zaragozano de Arcosur que está previsto genere ciento cincuenta puestos de trabajo. 

El socialista Fernando Sabés ha puesto el foco en “la apuesta por la rehabilitación para vertebrar el territorio”, puesto que, tal y como ha recapitulado, “en la legislatura pasada se recuperaron las ayudas para la rehabilitación de las viviendas aisladas, individualizadas, que predominan en el ámbito rural”. El parlamentario popular Joaquín Juste ha recalcado que en esta Dirección General “hay un problema estructural, y no coyuntural, de gestión” y ha expuesto que “el Plan de Vivienda 2018-2021 ha llegado tarde” y que “tenemos que reducir burocracia porque hay familias que desisten de pedir ayudas debido a la cantidad de papeleo”.

Por parte de Ciudadanos, el diputado Carlos Ortas ha declarado que “el problema de la vivienda merece toda nuestra atención” y que, “a corto plazo, nos hemos encontrado con que hay trabajadores esenciales que se han tenido que desplazar y que tienen problemas para encontrar viviendas, especialmente en el mundo rural”. Marta Prades (Podemos) ha recordado que “los objetivos que se marcaron al inicio de la legislatura se han visto desbordados por la pandemia” y, tras calificar las ayudas para la rehabilitación de vivienda como “ejes generadores de empleo”, ha preguntado a Villagrasa si “tienen algún proyecto de VPO para poner en marcha en el mundo rural”.

Desde CHA, Joaquín Palacín ha destacado “las actuaciones de la Dirección General relacionadas con mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables” con la línea de ayudas Covid, así como “la posibilidad de reactivar la economía en un momento en el que hay muchas empresas que lo están pasando mal”. Santiago Morón (Vox) ha señalado que “las administraciones públicas tienen que garantizar el acceso a una vivienda digna, pero también tienen que garantizar la propiedad privada” y ha mostrado su preocupación ante “el retraso que hay en el pago de las ayudas de alquiler del Gobierno de Aragón”.

La parlamentaria del PAR, Esther Peirat, ha hecho hincapié en “el valor de la digitalización en la Administración, que ahora es imprescindible” y ha preguntado a la directora general si “tienen algún plan de actuación para alojar a los temporeros en la campaña de recolección de fruta”. Por último, Álvaro Sanz (IU) ha incidido en la “necesidad de aprovechar esta situación para aprender”, “no volver a profundizar en modelos de vivienda que son incapaces de garantizar el derecho a techo de gran parte de la población, y centrarnos en parques públicos de vivienda”.

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