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La Cámara autonómica solicita al Ejecutivo aragonés un plan especial de protección preventiva para las residencias de ancianos

La Cámara autonómica solicita al Ejecutivo aragonés un plan especial de protección preventiva para las residencias de ancianos
La proposición no de ley impulsada por IU contempla mantener el control de los centros privados mientras dure la declaración de la pandemia por la OMS, establecer un protocolo para reanudar las visitas de los familiares y trabajar en la prevención de posibles rebrotes

El Pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado esta tarde instar al Ejecutivo autonómico a poner en marcha un plan de protección integral de las residencias de ancianos por el que, ante la previsible incidencia del coronavirus en los próximos meses, se adopten una serie de medidas como el prolongar la intervención de los centros privados mientras dure la declaración de la pandemia por la OMS, realizar una supervisión de los sistemas de protección y establecer un protocolo para las visitas de familiares.

El acuerdo contempla, además, el estudio de la transferencia de la competencia de la salud penitenciaria, el diseño de un plan ante posibles rebrotes, y la actualización de unas condiciones adecuadas en los centros asistenciales realizando las modificaciones que sean necesarias en el Decreto 11/1992 y el proyecto de ley de ordenación de las entidades privadas de servicios sociales de Aragón. 

El portavoz de IU, Álvaro Sanz, ha presentado la idoneidad de aprobar esta batería de actuaciones para poder ofrecer “ciertas garantías” ante “las pocas certezas existentes”, porque las residencias “no pueden seguir eternamente en una situación de aislamiento”, ha razonado. La iniciativa ha recibido una enmienda por parte de los grupos que sostienen al Ejecutivo para sustituir cinco de los siete apartados por tres nuevos enunciados en los que se suprimían, tanto la pretensión de redistribuir los internos para crear microentornos con inmunidad de grupo, como la propuesta de reasignar personal de centros de diferentes tipologías.

Además, se definía el protocolo para las visitas de familiares según lo que decidan las autoridades sanitarias y se ponía por delante el Estatuto como marco normativo de referencia a la hora de solicitar al Estado la transferencia de la competencia en salud penitenciaria. Por último, se proponía el diseño de un Plan de protección de los centros residenciales desde criterios científicos y técnicos ante un posible rebrote.

El diputado de IU ha transaccionado el texto dando cabida a varios aspectos de la enmienda del cuatripartito y ha aceptado tanto la enmienda in voce de Ciudadanos para limitar el control gubernamental de las residencias privadas mientras dure la declaración de pandemia por la OMS como a la solicitud del PP para votar por separado el punto cuatro referido a la sanidad penitenciaria por mostrarse contrario a asumir esa competencia. Así, los apartados uno, dos, tres, cinco y seis han recibido el apoyo de todos los grupos a excepción de Vox en Aragón, mientras que el referido a la  salud penitenciaria ha sido apoyado por PSOE, Ciudadanos, Podemos EQUO Aragón, CHA, PAR e IU y ha sido rechazado por PP y Vox en Aragón. 

Además de Sanz, han participado en el debate Pilimar Zamora (PSOE), Marián Orós (PP), Loreto Camañes (Ciudadanos), Itxaso Cabrera (Podemos EQUO Aragón), Carmen Martínez (CHA), David Arranz (Vox en Aragón) y Jesús Guerrero (PAR).  

 El texto transaccionado que ha sido aprobado es éste: 

1. Solicitar al Gobierno central el mantenimiento de la posibilidad de intervención efectiva de los centros asistenciales privados mientras la OMS mantenga la declaración de pandemia del CoVID19, a fin de aplicar todas las estrategias de manera coordinada, garantizando que la asistencia a dependientes y ancianos esté coordinada desde lo público.

2. Garantizar una supervisión efectiva por parte de la Administración, con orientaciones claras de obligado cumplimiento y formación, sobre sistemas de protección y protocolos a implementar a todo el personal de los centros. 

3. Establecer protocolos claros y criterios técnicos, cuyo contenido sea definido por las autoridades sanitarias, para garantizar la seguridad de los residentes cuando se reanuden los regímenes de visitas de familiares, facilitando en cualquier caso cuanto antes la dotación de equipos informáticos para favorecer las visitas telemáticas.

4. Trabajar, teniendo el Estatuto de Autonomía de Aragón como marco normativo de referencia y analizando las posibilidades, en la transferencia de competencias en salud penitenciaria para incluir dichos centros en los planes relacionados con la población vulnerable.

5. En la línea de lo dispuesto en los apartados anteriores, diseñar un Plan de protección de los centros residenciales desde criterios científicos y técnicos para evitar y minimizar posibles rebrotes de la pandemia del COVID-19 que incorpore, en su caso, los avances en conocimiento sobre la epidemiología de la infección y el grado de inmunidad adquirido tras la misma como criterios aplicables a la hora de determinar las medidas de protección y organización de centros.

6 Llevar a cabo las modificaciones del Decreto 11/1992 y el proyecto de ley de ordenación de las entidades privadas de servicios sociales de Aragón respondiendo a la disposición final tercera de la Ley 5/2009, de 30 de junio, que rigen las condiciones de los centros asistenciales para actualizar y garantizar unas condiciones adecuadas de dichos centros.

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