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Las Cortes instan al Gobierno de Aragón a reforzar los mecanismos de Sodiar y Avalia para financiar a empresarios y autónomos

Las Cortes instan al Gobierno de Aragón a reforzar los mecanismos de Sodiar y Avalia para financiar a empresarios y autónomos
La Comisión de Economía, Planificación y Empleo ha aprobado por unanimidad una iniciativa presentada por Ciudadanos que ha contado con una enmienda de los cuatro grupos que dan su apoyo al Ejecutivo, finalmente transaccionada

El órgano sectorial de Economía, Planificación y Empleo de las Cortes de Aragón ha acordado por unanimidad solicitar al Ejecutivo autonómico que traslade a los equipos técnicos de Avalia y Sodiarel estudio de la viabilidad técnica del reafianzamiento, por un lado, de la primera para crear una nueva línea de garantías y avales de hasta trescientos millones de euros y del fortalecimiento, por otro, de la segunda con nuevas líneas de financiación por un importe de al menos veinticinco millones de euros para nuevas inversiones de autónomos o pymes. 

La propuesta presentada por el diputado de Ciudadanos José Luis Saz contempla para Avalia una línea de avales de financiación de pymes y autónomos, con independencia de que la operación financiera sea ICO o no, una línea de “reaval” o aval complementario hasta cubrir el noventa por ciento de los préstamos ICO, destinada a aquellos autónomos o pymes que, pese a ser solventes, están teniendo problemas para obtener financiación y una tercera línea de avales complementarios hasta el cien por cien para aquellas pymes o autónomos que mantengan al menos un noventa por ciento del empleo. Ante unos datos macro que ha calificado de “demoledores”, Saz ha apostado por reforzar las garantías que se ofrecen a los empresarios para obtener préstamos ICO “porque muchas veces las entidades financieras no están aceptando las operaciones por falta de garantías”, ha asegurado. 

En cuanto al papel de Sodiar, la iniciativa de impulso contempla no excluir como beneficiarios a los que la situación de no estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales, mercantiles, civiles laborales y tributarias venga provocada por la situación económica sobrevenida. Además, el tercer punto dispone realizar una “campaña publicitaria” para proporcionar información al tejido económico de los instrumentos que les pueden facilitar la liquidez. 

La proposición no de ley ha salido adelante tras aceptar Saz una enmienda presentada por PSOE, Podemos EQUO Aragón, CHA y PAR para trasladar a los técnicos, tanto de la sociedad de garantía recíproca que tiene a la DGA como socia mayoritaria, como de la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón, el estudio de la viabilidad técnica de las propuestas aprobadas. 

La socialista Beatriz Sánchez ha compartido “la necesidad de inyectar liquidez” a las empresas, pero ha puesto objeciones a la forma de las propuestas “porque no sabemos si así saldrán adelante”, por lo que ha pedido aceptar la enmienda. Detrás de esta postura se han posicionado Erika Sanz (Podemos EQUO Aragón), quien ha recordado su apuesta por la empresa pública y que las ayudas no pueden ir a sanear los balances de las empresas; Joaquín Palacín (CHA), quien ha hecho un repaso de las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno de Aragón para aliviar la situación financiera de los autónomos; y Jesús Guerrero (PAR), partidario de apoyar una iniciativa “constructiva”, pero con la condición propuesta.  

Por los grupos no enmendantes, Javier Campoy (PP) ha defendido que los empresarios y autónomos necesitan “liquidez y ayudas”. “Deberíamos estar hablando de cifras concretas y no de si dar ayudas o no porque esta enmienda es para para que no salgan”, ha criticado. Por su parte, Marta Fernández (Vox en Aragón) ha defendido que autónomos y empresarios “tienen todo el derecho” a recibir financiación pública por su contribución al erario público y ha estimado que “cómo nos recuperemos dependerá del tejido empresarial que sobreviva”. Por último, Álvaro Sanz (IU) se ha preguntado “si tenemos capacidad ahora para asumir la literalidad de lo propuesto” y se ha mostrado partidario de garantizar “la fortaleza” del sistema público y de ofrecer, en todo caso, ayudas “dirigidas y condicionadas”.

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