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El consejero de Hacienda defiende que “Aragón está tratando de salir lo mejor posible de la crisis” y “su situación no será catastrófica”

El consejero de Hacienda defiende que “Aragón está tratando de salir lo mejor posible de la crisis” y “su situación no será catastrófica”
Durante la mañana ha sido rechazada, además, con los votos en contra de PSOE, Podemos, CHA, PAR e IU, una proposición no de ley de Ciudadanos relativa a acuerdos del Estado que impliquen la modificación en las normas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera

El consejero de Hacienda y Administración Pública, Carlos Pérez Anadón, ha asegurado en la Comisión del ramo que el Gobierno de Aragón no se ha planteado modificar el impuesto de sucesiones para aliviar la carga fiscal de las familias que han perdido a algún miembro por causa del coronavirus. “Hay que plantear medidas precisamente para los que están en una situación de desvalimiento, y esta es una de las iniciativas más desafortunadas que he oído con respecto a la COVID porque existen muchas rebajas y bonificaciones en nuestra Comunidad”, ha expuesto.

El consejero ha respondido de esta manera a la diputada popular Carmen Susín, después de que esta se haya remitido a la máxima ‘pacta sunt servanda’ mediante la que “sus socios de Gobierno se comprometieron a eliminar el impuesto de sucesiones y a modificarlo por una carga más justa”. Asimismo, ha instado a Pérez Anadón a “hacer un ejercicio de esa justicia social de la que presumen” en la primera de las tres preguntas que formulado al titular de Hacienda.

A continuación, Susín ha inquirido al consejero si “el Gobierno de Aragón ha planteado al Gobierno de España la exigencia de devolución de los ochenta millones de euros que adeuda en concepto de IVA para hacer frente a las necesidades presupuestarias derivadas de la pandemia” y si “el anuncio de liquidez a las comunidades autónomas hecho por el Gobierno central va a ser a costa de ese IVA”, puesto que “si la cantidad que se nos adeuda hubiera sido pagada, le podrían haber evitado a ustedes pedir un préstamos a largo plazo de ochenta y siete millones de euros”. Pérez Anadón ha respondido que “sí se ha exigido esa devolución”, al tiempo que ha insistido en que “poco tienen que ver los ochenta millones de euros con la necesidades derivadas de la COVID-19” y en que “el Gobierno ha planteado medidas de liquidez mucho más potentes”.

Por último, la diputada del Partido Popular ha preguntado al responsable de Hacienda si “el Gobierno de España ha comunicado al Gobierno de Aragón qué cantidad le corresponde a Aragón con respecto a los nuevos fondos que se van a aprobar”, porque, “por lo que hemos oído, vamos a ser una de las Comunidades que vamos a salir más perjudicadas de ese reparto”.

El consejero ha tachado de “aventurada” la afirmación de Susín, puesto que, de acuerdo con los criterios de reparto, “la parte sanitaria se va a evaluar en relación con los PCR, la hospitalización y los ingresos en UCI que va a haber en el mes de octubre”. “Aragón está tratando de salir lo mejor posible de la crisis y su situación no será catastrófica, además, estamos peleando uno por uno por los dieciséis millones de euros anunciados por el Gobierno central”, ha concluido Pérez Anadón.

Estabilidad presupuestaria

 

A lo largo de la mañana se ha debatido también una proposición no de ley de Ciudadanos sobre acuerdos del Estado que impliquen modificación en las normas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que ha decaído con los votos en contra de PSOE, Podemos, CHA, PAR e IU.

El encargado de defender la iniciativa de Ciudadanos ha sido su portavoz sectorial, José Luis Saz, quien se ha remitido al acuerdo firmado entre EH Bildu, PSOE y Podemos, en el que se hace referencia a “la creación de un escudo social y económico para los pueblos y la nación”, y ha propugnado que “no se puede establecer que solo dos comunidades tengan que tener un determinado criterio para calcular el endeudamiento, porque atenta contra una generalidad de trato en el endeudamiento, que es consecuencia de los déficits producidos como consecuencia de los gastos COVID”.

Desde los grupos que sustentan el Gobierno han presentado una enmienda conjunta, que no ha sido aceptada por el diputado de la formación naranja. El parlamentario socialista Óscar Galeano ha defendido que la consideración de los grupos que firman la enmienda es “aunar voluntades en torno a una posición fundamental para la aplicación de las políticas públicas de esta Comunidad” y que su voluntad es “sumar y solucionar” porque “recoge beneficios para el conjunto de los ciudadanos”. Por parte de Podemos, Marta Prades ha manifestado estar de acuerdo con Saz en que “no haya agravios comparativos entre comunidades”, pero ha recriminado al diputado de Ciudadanos “estar contradiciéndose al mostrarse a favor de determinados artículos cuando les interesan”.

Carmen Martínez (CHA) ha afirmado que el texto de impulso de Ciudadanos “tiene un poco de trampa”. “Yo creo que lo que tenemos que reclamar todas las comunidades autónomas es mayor capacidad de endeudamiento porque nos vamos a enfrentar a ello y quizás no todas tengan la misma necesidad”, ha argumentado. Desde el PAR, Jesús Guerrero ha defendido que “hay que intentar una mejora del sistema de financiación de las comunidades, no solo atendiendo a criterios de población, sino de envejecimiento, dispersión o coste de los servicios públicos”.

Desde el G. P. Popular, Carmen Susín ha anunciado su voto a favor de la proposición no de ley y ha destacado que “lo escandaloso es el contenido del pacto, que es un ataque al principio de igualdad, y la conversión del Congreso en un mercado persa que destruye las normas de confianza y de funcionamiento del Estado democrático”. David Arranz (Vox) ha sentenciado que la posición de su grupo es “clara y rotunda” y que “el pacto entre socialista, comunistas y etarras busca consolidar un trato preferente y privilegiado para el País Vasco y Navarra frente al resto de comunidades”. El portavoz de IU, Álvaro Sanz, ha adelantado que “no va a apoyar la iniciativa de Ciudadanos, a no ser que acepte la enmienda”, porque lo que hace es “poner en tela de juicio un acuerdo entre EH Bildu, PSOE y Podemos”.

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