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Mariví Broto asegura que el Ingreso Mínimo Vital pretende erradicar la pobreza extrema y será compatible con prestaciones como el IAI

Mariví Broto asegura que el Ingreso Mínimo Vital pretende erradicar la pobreza extrema y será compatible con prestaciones como el IAI
La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales ha anunciado, además, en su comparecencia ante la Comisión sectorial, que cerca de dos mil unidades de convivencia de Aragón “ya han recibido un SMS en el que se les adelantaba que van a recibir el Ingreso Mínimo Vital a partir del 1 de julio”

La consejera Ciudadanía y Derechos Sociales, Mariví Broto, ha comenzado su comparecencia ante la Comisión sectorial de las Cortes de Aragón anunciando que casi dos mil “unidades de convivencia de Aragón ya han recibido un SMS diciendo que van a recibir el Ingreso Mínimo Vital a partir del 1 de julio”. De ellas, además, ha especificado que cerca de “cuatro mil personas son niños”. “Este Gobierno siente una gran satisfacción con este Decreto-ley 20/2020, que pretende erradicar la pobreza extrema y que los hogares con hijos tengan unos ingresos mínimos”, ha añadido.

Asimismo, Broto ha reconocido que el Ingreso Mínimo Vital constituye “una medida histórica, tan importante como la aprobación de la ley de dependencia”, que “será compatible con el cobro de otras prestaciones, como el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI)”, y que el hecho de que se gestione desde la Seguridad Social “supone decir que no es una medida de Servicios Sociales, sino una garantía de ingresos ciudadana”.

No obstante, la responsable de Ciudadanía ha explicado que, pese a que “la relación que hemos tenido con el Ministerio ha sido constante, se han planteado cosas que me han dolido y que son inconsistentes, como que haya comunidades autónomas que vayan a gestionar ellas el IMV y otras que no”. Y, en este sentido, Broto ha especificado que, “en lo que llevamos de junio, el IAI ha llegado a más de siete mil quinientos núcleos de convivencia” y que “desde 2019 se fue reduciendo la incidencia de esta prestación”.

En última instancia, la consejera Mariví Broto ha detallado que “se mantendrán las Ayudas de Integración Familiar porque no se trata simplemente de prestaciones económicas” y que, “en nuestro decreto, complementaremos la regulación del Ingreso Mínimo Vital para tener en cuenta a aquellas unidades de convivencia que se quedan fuera, como las personas de dieciocho a veintidós años sin hijos a cargo, y para resolver cuestiones de convivencia, de adaptación y de empleo”, en aras de “favorecer la inclusión de los receptores y su normalización en la sociedad”.

Desde el grupo proponente, Marian Orós (PP) ha asegurado que “en el pasado pleno se dieron algunas pinceladas sobre el Ingreso Mínimo Vital, pero es un momento importante para profundizar en él ahora que ya está en marcha”. De esta manera, ha preguntado a la consejera “cuántas personas van a poder acceder a esta ayuda y cuántas se van a quedar fuera” y “si tiene datos actualizados sobre vulnerabilidad en Aragón”.

La parlamentaria socialista Pilimar Zamora ha destacado que “es una buena noticia que la aprobación del Ingreso Mínimo Vital no contara con ningún voto en contra en el Congreso y recabase el apoyo del PP”, ya que esto “pone de manifiesto que somos capaces de llegar a acuerdos para poder salir de esta crisis”. La diputada Loreto Camañes (Ciudadanos) ha adelantado que “estamos en un momento de enhorabuena porque se ha aprobado en el Congreso una asignatura que teníamos pendiente desde hace años, y es abordar de manera contundente la pobreza extrema e impulsar la justicia social”.

Erika Sanz, desde Podemos, ha manifestado su “alegría porque ha nacido un nuevo derecho social que pone a las rentas garantizadas en el rango de ley estatal”, pero ha sentenciado que se trata de “un punto y seguido y hay que caminar hacia la renta básica universal como derecho de todas las personas a vivir con dignidad”. En representación de CHA, Carmen Martínez ha expuesto que “poner en marcha una política pública como esta lo que hace es reconocer un gran problema estructural, que es la pobreza severa” y que “una renta mínima de ingresos tiene que considerarse como un deber de Estado y no como un chollo de quien lo cobra”.

El portavoz de Vox, David Arranz, ha declarado que Vox “cree en el Estado social que ampara y protege a sus compatriotas, si bien las subvenciones y ayudas sociales deberían tener un enfoque coyuntural o temporal” porque “el grueso de la población activa tiene un derecho y un deber de trabajar y de tener un empleo digno”. Desde el PAR, Esther Peirat ha agradecido a Broto que “en su intervención nos haya informado no solo sobre las consecuencias del Ingreso Mínimo Vital en la Comunidad, sino también sobre el propio concepto”, al tiempo que lo ha calificado como “realmente loable” y “oportuno en el tiempo”. El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha señalado que “en este momento lo importante es la coordinación, porque estamos avanzando en el reconocimiento de un derecho de la ciudadanía, pero hay cuestiones que debemos poner también sobre la mesa, como la inclusión y la inserción”.

 Coste de los centro de mayores

La sesión de trabajo del órgano sectorial también ha abordado el debate de una moción presentada por la diputada del PP Marián Orós que pretendía acabar con el “agravio comparativo” en el cálculo del coste del servicio que, a su juicio, provoca la Orden CDS/533/2016, de 25 de mayo a las personas que ingresaron en los centros para mayores de titularidad pública de la Comunidad entre el 20 de noviembre de 2013 y el 16 de junio de 2016. Para ello, la iniciativa reclamaba dar retroactividad a la norma del Ejecutivo con el objeto de que los ingresados durante ese periodo concreto se beneficiasen también de ese nuevo cálculo a la baja. 

La diputada popular ha recordado que esta situación ya fue denunciada por su partido en 2017 y que en 2018 se aprobó incluso una proposición no de ley con los votos favorables de Podemos y PAR, pero que el Ejecutivo PSOE-CHA no llegó a cumplir el mandato de las Cortes. En esta ocasión, la propuesta ha decaído con los únicos respaldos de PP; Ciudadanos y Vox en Aragón, la abstención de IU, que ha propuesto una enmienda in voce (no aceptada por considerarla Orós de “autoflagelación”) para hacer constar la responsabilidad previa del anterior Gobierno de los populares en esta cuestión, y los votos en contra de PSOE, Podemos EQUO Aragón, CHA y PAR. 

Como grupo enmendante, el portavoz de IU, Álvaro Sanz, ha propuesto garantizar que ninguna persona dependiente abone más del ochenta por ciento de sus ingresos así como hacer constar la responsabilidad “de quien hoy quiere solucionar el agravio que un día generó”.

La socialista Pilimar Zamora (PSOE) ha rechazado el agravio “porque cada persona se rige conforme a la orden que en ese momento está en vigor y, en todo caso, ese agravio es responsabilidad del PP”.  En cambio, Loreto Camañes (Ciudadanos) se ha centrado en valorar “la justicia” de una propuesta que pretende acabar con una situación “injusta” porque la cantidad a pagar depende de la fecha de acceso.  

Por su parte, Erika Sanz (Podemos EQUO Aragón) ha estimado que “no es el momento” de esta iniciativa y, sobre el anterior voto afirmativo de su grupo, ha recordado que la exdiputada Amparo Bella “fue muy crítica con la gestión del PP”. Para Carmen Martínez (CHA), la moción “no es de impulso, sino de desgaste de los grupos del Ejecutivo” y supone “una enmienda a la totalidad” de las políticas populares. 

Desde Vox en Aragón, David Arranz ha mostrado su apoyo por tratarse de una cuestión “de justicia” y ha recordado que ya se aprobó una iniciativa similar luego no cumplida “como tantas otras cosas que se aprueban en esta Cámara”.  Por último, Esther Peirat (PAR) ha justificado su voto en contra porque la crisis de la pandemia “lo ha cambiado todo” y la situación presupuestaria exige cumplir con la estrategia dispuesta en el acuerdo para la recuperación social y económica. 

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