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PSOE, Podemos EQUO Aragón, CHA y PAR asumen una propuesta ciudadana para aprobar una declaración institucional en defensa de los derechos humanos

PSOE, Podemos EQUO Aragón, CHA y PAR asumen una propuesta ciudadana para aprobar una declaración institucional en defensa de los derechos humanos
Los cuatro grupos que sostienen al Ejecutivo autonómico han hecho suya la proposición no de ley presentada por un particular para que las Cortes de Aragón declaren su compromiso en favor de una sociedad libre de violencia tras “el asesinato con características racistas” del norteamericano George Floyd en el transcurso de su detención en Minneapolis

Los grupos parlamentarios de PSOE, Podemos EQUO Aragón, CHA y PAR impulsarán en las Cortes de Aragón una declaración institucional para mostrar el compromiso de la Cámara autonómica con la defensa de los derechos humanos en todo el mundo y en favor de una sociedad libre de violencia, discriminación y racismo tras la muerte del ciudadano norteamericano George Floyd a manos de un policía en la ciudad de Minneapolis (EE.UU.). 

La iniciativa de impulso recoge y asume como propia una propuesta de proposición no de ley ciudadana presentada por escrito en la web de la institución por un representante del Colectivo Emigrante Aragonés (CEA), y que el pasado ocho de julio fue admitida a trámite por la Mesa de la Cámara, en cumplimiento del artículo 270 del Reglamento de las Cortes.

El texto de la propuesta ciudadana insta a que las Cortes expresen “su preocupación” por el auge de la “violencia desproporcionada e ilegal” ejercida por las fuerzas policiales en muchos países del mundo y manifiestan “su repulsa” por “el asesinato racista” de George Floyd, “hecho inadmisible en una sociedad mayoritariamente democrática y respetuosa de la diversidad étnica, cultural y racial como es la de los Estados Unidos de América”, remata el escrito. 

En su exposición de motivos, el CEA acusa a la policía estadounidense de cometer “violaciones de los derechos humanos” con una frecuencia “escandalosa” y, en particular, contra las minorías étnicas y raciales, como en el citado caso de Floyd. En ese sentido, se hace eco de una denuncia de Amnistía Internacional en la que recoge que en 2019 la policía del aquel país “estuvo involucrada” en la muerte de más de un millar de personas. 

Además de esta proposición no de ley, el canal de comunicación abierto con la sociedad aragonesa también ha recibido en las últimas fechas seis propuestas de preguntas ciudadanas, la mayoría de ellas relacionadas con la COVID-19. El órgano rector de la Cámara tomó conocimiento de ellas y las trasladó a los grupos con representación parlamentaria, pero éstos optaron por no asumir ninguna en plazo, en algunos casos prorrogado por el estado de alarma, y las iniciativas acabaron decayendo. 

El pasado mes de febrero, el Colectivo Emigrante Aragonés (CEA) también propuso una cuestión sobre las comunidades aragonesas en el exterior. En concreto, qué ayudas presta el Gobierno de Aragón a estas comunidades aragonesas radicadas en otros países para dar cumplimiento a sus objetivos específicos que vienen recogidos en el artículo 8 del Estatuto de Autonomía de Aragón.  

Por su parte, una ciudadana planteó en abril cuál era el motivo por el que no se realizaban test COVID-19 para detectar la condición de asintomáticos de los trabajadores que se reincorporaban a sus puestos el pasado 13 de abril y también inquirió por la causa que justificaba que unas empresas de comedor pagasen el salario a  sus monitoras “y otras hicieran ERTEs”.   

Sobre este último asunto, otra particular preguntó también en abril si la DGA asumiría los salarios y la seguridad social del personal de los comedores escolares cuyo servicio estaba suspendido por el estado de alarma y qué alternativas contemplaba. 

La protección del personal de farmacias fue el asunto central de otras tres preguntas en torno a qué estaba haciendo el Gobierno de Aragón para facilitar equipos de protección individual y test COVID-19 al personal que trabaja en las oficinas de farmacia. Por su parte, otra iniciativa de estas características se hacía eco de una noticia aparecida en varios medios de comunicación sobre la compra de millar y medio de test rápidos para detectar la COVID-19 por varios pueblos turolenses a un precio de diez euros la unidad, hecho que provocaba una nueva propuesta para conocer el número de test rápidos adquiridos por el Gobierno de Aragón, su precio por unidad y a qué empresa o empresas. 

Por último, desde Huesca, otra ciudadana se interesó en junio por la convocatoria de personal interino para el próximo curso y, concretamente, preguntó qué medidas se planteaba la DGA para adecuar las ratios a los valores recomendados por el Ministerio de Educación y si se tendrían en cuenta en la convocatoria de profesorado interino prevista para julio, además de si se contemplaba ampliar las plantillas en septiembre.

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