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Las Cortes de Aragón plantean una serie de medidas para garantizar la viabilidad y el funcionamiento de las residencias de Aragón respecto al COVID-19 tras los rebrotes

Las Cortes de Aragón plantean una serie de medidas para garantizar la viabilidad y el funcionamiento de las residencias de Aragón respecto al COVID-19 tras los rebrotes
El PP logra a sacar adelante con un amplio consenso cinco de los seis puntos de una proposición no de ley en la que también se incluía la petición de una línea de ayudas para el material de protección individual que finalmente ha decaído ante el rechazo de los grupos que sustentan al Ejecutivo autonómico

Las Cortes de Aragón han aprobado una serie de medidas, dirigidas al Gobierno de Aragón, con la intención de garantizar la viabilidad y el funcionamiento de las residencias de Aragón respecto al COVID-19 tras los rebrotes, después de que la mayoría del arco parlamentario aragonés haya apoyado la proposición no de ley defendida por la diputada Popular Marián Orós.

En este sentido, cuatro de los puntos han recibido el voto afirmativo de todos los grupos, mientras que el referido a los gastos originados por la realización de los PCR, tras incluir una enmienda del PAR, ha recabado un sí mayoritario y la única abstención de IU. El primero, que pedía una línea de ayudas para el material de protección individual, ha divido al hemiciclo entre los treinta tres noes de PSOE, Podemos, CHA, PAR e IU y los treinta síes de PP, Ciudadanos y VOX.

El debate ha contado con las aportaciones de Pilimar Zamora (PSOE), Loreto Camañes (Ciudadanos), Erika Sanz (Podemos Equo Aragón), Carmen Martínez (CHA), David Arranz (VOX), Esther Peirat (PAR) y Álvaro Sanz.

El texto definitivo ha quedado del siguiente tenor:

Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a entre otras medidas:

1- Realización obligatoria de tests diagnósticos, para profesionales y residentes, en aquellas residencias donde se produzca un brote y cuyos resultados estén listos en un plazo máximo de 24 horas.

2- Habilitar mecanismos que posibiliten cubrir los gastos que origine la realización de los PCR, que se exige a las entidades de mayores y de personas con discapacidad, para aquellos trabajadores que se reincorporan al trabajo después de las vacaciones.

3- Incorporar apoyo psicológico específico en los centros residenciales a fin de atender las necesidades del personal y residentes así como la comunicación con las familias.

4- Garantizar el refuerzo del personal socio sanitario en los casos que sea necesario.

5- Desarrollo inmediato del protocolo de colaboración sociosanitario firmado por los departamentos de sanidad y ciudadanía y derechos sociales el 29 de julio de 2020.

 

 

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