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El Fondo de Cohesión Territorial recibe 155 solicitudes de asociaciones, empresas y particulares procedentes de más de 250 municipios

El Fondo de Cohesión Territorial recibe 155 solicitudes de asociaciones, empresas y particulares procedentes de más de 250 municipios
El director general de Ordenación del Territorio, José Manuel Salvador, ha comparecido en el órgano sectorial de la Cámara autonómica para informar, tanto a petición del consejero Soro como a instancia del PP, sobre esta línea de ayudas

El director general de Ordenación del Territorio, José Manuel Salvador, ha avanzado esta tarde ante el órgano sectorial de las Cortes que la segunda convocatoria del Fondo de Cohesión Territorial, dotado con tres millones de euros y dirigido en esta ocasión a asociaciones, empresas y personas físicas, ha recibido ciento cincuenta y cinco solicitudes procedentes de más de doscientos cincuenta municipios y trescientos asentamientos de población aragoneses. Salvador ha atendido así de manera conjunta la doble petición formulada tanto por el PP como por el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, para informar sobre el citado plan de ayudas.

De ese centenar y medio de peticiones de subvención, resueltas por concurrencia competitiva y cuyo resultado provisional se dará a conocer la próxima semana, ciento once han sido formuladas por asociaciones y particulares y cuarenta y cuatro han corrido a cargo de empresas, solicitantes que quedaron excluidos en la anterior convocatoria de 2018 por la alta demanda registrada entonces por las entidades locales.

Salvador ha explicado que los problemas derivados de la pandemia obligaron a la Dirección General a paralizar en un primer momento el trámite administrativo y finalmente adaptar las acciones previstas a nueve líneas de actuación financiando el cien por cien de los gastos. 

“La pandemia no es una excusa para invertir en el medio rural,  sino que lo convierte en una evidencia porque hace visible la necesidad de contar con un territorio más equilibrado y una población mejor distribuida”, ha defendido el responsable del Ejecutivo.  

De esas nueve vías de “microcirujía” para intervenir en el medio rural debilitado y generar oportunidades en sectores clave para  luchar contra la despoblación y favorecer el equilibrio territorial, cinco de ellas se reservan para empresas, tres para asociaciones y una para particulares. Entre las previstas para las empresas, el director general ha destacado las de creación de pymes de economía social y la contratación de jóvenes titulados, así como los servicios de asistencia a domicilio y servicios complementarios a domicilio, la transformación y comercialización de productos de agricultura ecológica o artesanía alimentaria, así como la transformación y diversificación del sector forestal y servicios ambulantes. Para familias y entidades sin ánimo de lucro, el Fondo contiene medidas como cursos de formación y actividades culturales y, para personas físicas, entornos adaptados para discapacitados y el refuerzo del transporte social adaptado.   

Salvador también ha destacado las facilidades ofrecidas para presentar las solicitudes pese a los problemas surgidos por la pandemia, como la ampliación de plazo diez días más y la atención telefónica y por correo electrónico, así como la labor de difusión con una campaña institucional, varios encuentros del consejero Soro con los medios de comunicación y la puesta en marcha de una página web específica con presentaciones y tutoriales,  

Como ejemplo de los efectos positivos de las acciones puestas en marcha en 2018, cuando se financiaron 141 proyectos repartidos entre setenta y ocho municipios de ocho comarcas con problemas de despoblación, Salvador ha comentado que las líneas con mayor éxito fueron el arreglo de viviendas de titularidad pública para favorecer el alquiler en el medio rural, la instalación de red wifi pública y el desarrollo de senderos y miradores paisajísticos. 

Desde el PP, Joaquín Juste ha advertido de “la tardanza y el escaso presupuesto” de las medidas adoptadas. “Es poco dinero, muy dividido y no cumplirá con la función prevista” y ha recordado su propuesta (descartada por la Cámara) de utilizar ese dinero para asistir a las actividades consolidadas en este momento de crisis. “Si queremos que la gente permanezca en el territorio, necesitamos servicios básicos, actividad económica y vivienda”, ha enumerado. 

El socialista Fernando Sabés ha reivindicado la “buena repercusión” de los resultados obtenidos tras las ayudas del ejercicio de 2018 y ha resaltado la oportunidad que brinda la COVID-19 para que se produzca “un cambio de perspectiva social” y que las personas entiendan “las virtudes” de vivir en el mundo rural. 

Carlos Ortas (Ciudadanos) ha compartido el propósito del fondo de dirigirse a la población joven y femenina, pero ha recordado la propuesta para modificar el destino del dinero al mantenimiento de los servicios ya asentados ante la crisis de la COVID-19 y ha propuesto definir de manera “más abierta” las tipologías de los beneficiarios. 

La diputada de Podemos EQUO Aragón Marta Prades ha reivindicado el fondo de cohesión territorial como “una buena herramienta” para luchar contra la despoblación el mundo rural, ayudar a salir de la crisis y, especialmente, para impulsar “un cambio productivo económico y social”.

Joaquín Palacín (CHA) ha estimado como una “buena noticia” que se haya vuelto a invertir en el medio rural con una ayuda “única en el Estado” que nos ha convertido en “pioneros” y que, en algunos pueblos, “ha servido para generar actividad económica y asentar nuevos pobladores”, ha destacado.  

Desde Vox en Aragón, Santiago Morón ha encontrado “paradójico” la existencia de un fondo contra la despoblación y que contenga acciones “de microcirujía” con tres millones de euros y, por ello, ha estimado que el efecto será “muy limitado”, por cuanto ha defendido que ese dinero se podía haber destinado al mantenimiento de servicios básicos “ahora en cuestión”.  

La postura del PAR ha sido fijada por su diputada Esther Peirat, quien ha destacado la “agilidad” de la Dirección General para reducir los efectos adversos de la pandemia y las facilidades ofrecidas como la ampliación del plazo para solicitar las ayudas, así como la novedad de incluir a empresas y particulares. 

En último lugar, el portavoz de IU, Álvaro Sanz, ha defendido que la reconstrucción “debe ser una prioridad” porque, si no, las brechas seguirán haciéndose “más profundas”. Ha achacado al Departamento “mucho de estudio y poco de acción” y ha considerado que la actitud del Ejecutivo frente a la despoblación “no es la correcta” por “no ser transversal”.

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