Actualidad

Nota de prensa

La Cámara de Cuentas prepara un informe sobre el control interno de la gestión del Ayuntamiento de Zaragoza durante el periodo 2016-2018

La Cámara de Cuentas prepara un informe sobre el control interno de la gestión del Ayuntamiento de Zaragoza durante el periodo 2016-2018
El presidente del órgano fiscalizador, Alfonso Peña, y su consejera, Rosa Montolío, han avanzado ante la Ponencia del Parlamento aragonés la elaboración de este trabajo, que también incluirá los consistorios de Alcañiz y La Muela, ante el número de acuerdos adoptados contra el criterio de sus interventores o que se saltaron el informe de fiscalización preceptivo en el ámbito de la contratación pública

Las entidades locales aragonesas alcanzaron un nivel de cumplimiento “bueno” en la presentación de la información referida a la cuenta general, cercano al setenta por ciento en plazo y del noventa y ocho por ciento incluyendo los que lo hicieron más allá del quince de octubre, según recogen los tres informes de fiscalización del sector público local aragonés de los ejercicios 2016, 2017 y 2018 elaborados por la Cámara de Cuentas. Así lo ha destacado esta mañana el presidente de la institución fiscalizadora, Alfonso Peña, durante su comparecencia en la Ponencia de Relaciones con la Cámara de Cuentas celebrada en las Cortes de Aragón.

Durante ese trienio, el millar aproximado de entidades locales aragonesas obtuvieron unos ingresos de casi dos mil millones de euros y unos gastos que fluctuaron en una horquilla de unos mil ochocientos, lo que ha arrojado un balance presupuestario positivo creciente (ciento ochenta millones de euros en 2016, doscientos quince en 2017 y doscientos cuarenta y ocho en 2018) y un remanente de tesorería que en 2018 fue de quinientos setenta y ocho millones de euros. 

El presidente de la Cámara de Cuentas ha destacado la mejora del dato de la cuenta 413 que recoge los gastos pendientes de aplicar a presupuestos, que ha bajado de cuarenta millones en 2016 a casi doce millones en 2018, lo mismo que el endeudamiento por habitante, que de seiscientos euros en 2016 ha pasado a quinientos ochenta y dos en 2018. 

Lo que sí presenta unos valores “mejorables”, en opinión de Peña, y ha provocado la puesta en marcha de un informe específico ahora en elaboración, es el funcionamiento del control interno de la gestión económica de las entidades locales, un apartado en el que durante 2018 cincuenta y nueve ayuntamientos adoptaron acuerdos contra el criterio de sus interventores por valor de veinticinco millones de euros y otros treinta y nueve directamente se saltaron el trámite preceptivo de fiscalización por un valor de setenta y cinco millones de euros. La mayoría de esos casos se adscriben al ámbito de la contratación pública. En este sentido, Peña ha mostrado su preocupación por que sea precisamente el Ayuntamiento de Zaragoza uno de los mayores incumplidores en este apartado durante el periodo 2016-2018. Junto a su caso, el informe en el que la Cámara está preparando incluirá también las cuentas de los consistorios de Alcañiz y La Muela. 

Entre las principales incidencias generales detectadas, Peña ha destacado el envío que algunas entidades realizan de sus cuentas generales no aprobadas por sus plenos, una circunstancia que impide a la Cámara de Cuentas darla por válida y que, como ha recordado Montolío, bloquea el acceso de esos ayuntamientos a subvenciones. Otros incumplimientos son no registrar los valores de las entidades adscritas o la insuficiente información sobre la documentación complementaria de tesorería de las entidades constituidas pero sin actividad, o la no presentación de la memoria.

El responsable de la entidad fiscalizadora ha achacado estas deficiencias a la “complejidad” de la normativa sobre contratación pública y al problema de “temporalidad y rotación” de los profesionales que desempeñan su labor en los ayuntamientos. Una apreciación que la consejera de la Cámara y responsable de estos tres informes, Rosa Montolío, ha sintetizado así: “Los secretarios interventores a menudo se sienten solos, manejan mucha información, tienen mucha responsabilidad, su labor se paga mal y sus pueblos están muy lejos”. 

Sobre la necesidad de que las entidades supralocales apoyen a los pequeños ayuntamientos, Montolío ha recordado que la Ley de Bases del Régimen Local contempla la asistencia técnica a estos pequeños municipios y ha destacado la labor de “pedagogía” de la Cámara de Cuentas. “Tutelamos a esos pequeños ayuntamientos sobre cómo hacer las cosas, les actualizamos la información, hacemos recordatorios constantes, antes y después de que venzan los plazos”, ha explicado.   

En el turno de los grupos, el diputado socialista Óscar Galeano ha señalado que la Ley de Subvenciones de Aragón supuso “un antes y un después” en el comportamiento de los consistorios y, en cuanto a los incumplimientos, ha echado de menos que la Cámara de Cuentas no cuente con “capacidad sancionadora y coercitiva”. 

Ana Cristina Sainz (PP) ha abogado por resolver cuestiones como “los serios problemas” de los ayuntamientos pequeños para cubrir sus plazas, lo que dificulta que rindan cuentas, así como las reglas fiscales de la Ley Presupuestaria, “que deberían haberse revisado hace tiempo” para no perjudicar a los entes con una situación financiera óptima. 

José Luis Saz (Ciudadanos) se ha felicitado por el avance en diez años en la rendición de cuentas de los ayuntamientos logrado por la Cámara de Cuentas y ha preguntado el motivo del empeoramiento de los ratios de cumplimiento en 2018 en los consistorios de cinco a diez mil habitantes. Además, ha tratado la cuestión de las operaciones extrapresupuestarias del Ayuntamiento de Zaragoza y la DPZ. 

Erika Sanz (Podemos EQUO Aragón) ha apreciado que se pueda conocer el dato del gasto por habitante para poder traducirlo a políticas públicas “sobre lo que pueden hacer y no los ayuntamientos” y ha planteado que es el momento de suprimir la conocida como “ley Montoro”. Además, ha pedido una valoración sobre la evolución de la cuenta 413 en consistorios como el del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Carmen Martínez (CHA) ha valorado como un acierto la prestación agrupada de los informes para ver “la evolución” de la rendición de cuentas y ha preguntado si los ayuntamientos están preparados para que el déficit que va a provocar la COVID-19 sea coyuntural y no engrose el estructural  ante una financiación “endeble y escasa”.

Marta Fernández (Vox en Aragón) ha planteado si desde las administraciones superiores se apoya realmente a los pequeños municipios ante el dato del incumpliento sobre la presentación de la cuenta general, pese a lo cual ha resaltado la buena posición que ocupa Aragón respecto a otras regiones. Además, ha considerado necesarias la reducción de cargos y fusión de consistorios para reorientar los recursos a cuestiones como la lucha contra despoblación. 

Jesús Guerrero (PAR) ha destacado el papel de las administraciones locales  por su cercanía con los ciudadanos así como la labor realizada por su personal y ha preguntado por la incidencia más veces detectada en la gestión de las entidades locales y la materia a la que afecta.  

Por último, Álvaro Sanz (IU) ha reconocido el esfuerzo que realizan las entidades locales para poder haber logrado un alto grado de cumplimiento y ha reclamado mayor asistencia técnica de parte de la Diputación Provincial de Zaragoza y del Gobierno de Aragón para el cumplimiento “de normas cada vez más complejas”.

Notas de prensa relacionadas: