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Las reivindicaciones de los sindicatos centran la cuarta sesión de la Comisión Especial de Estudio sobre la Red de Centros Asistenciales de Mayores de Aragón

Las reivindicaciones de los sindicatos centran la cuarta sesión de la Comisión Especial de Estudio sobre la Red de Centros Asistenciales de Mayores de Aragón
Los portavoces de FeSP-UGT, CCOO Aragón, OSTA, CGT Aragón y CSIF Aragón apuestan por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de las residencias para ofrecer un servicio “digno” con propuestas como la negociación de un convenio colectivo autonómico, el aumento del carácter público del servicio y el refuerzo de la inspección

La calidad de las condiciones laborales de los trabajadores está ligada a la dignidad en la atención de las personas mayores en los centros residenciales. Sobre esa idea, ligada a la necesidad de actualizar una legislación "obsoleta" y de que la Administración pública recupere presencia en el sector y aumente su labor de inspección, han pivotado la mayoría de las intervenciones de esta tarde en la cuarta sesión de trabajo de la Comisión Especial de Estudio sobre la sobre la Red de Centros Asistenciales de Mayores de Aragón que se desarrolla cada lunes en las Cortes de Aragón, y que en esta ocasión ha permitido conocer el sentir de los representantes de los trabajadores con las principales organizaciones sindicales con presencia en el sector. 

Por parte del sindicato FeSP-UGT, su secretaria del sector servicios sociales y servicios a la comunidad, Angélica Mazo, ha asegurado que la crisis de la COVID-19 ha sacado a la luz “la debilidad” del sector de las residencias de mayores, convertido en un “nicho de empleo precario”, que arrastra desde hace años problemas reiteradamente denunciados como “la deficiente” dotación de un personal “ampliamente feminizado” y “sobrecargado” gracias a la falta de inspecciones de la Administración y a una normativa “laxa” en la que un decreto de ratios “arcaico y anacrónico” “protege” a las grandes empresas, preocupadas únicamente “en la cuenta de resultados”, y les permite “bloquear” la negociación de un nuevo convenio colectivo.

Ante esta situación, Mazo ha reclamado un incremento del cuarenta por ciento como mínimo de las ratios de personal en todas las categorías y un aumento de los salarios de entre el diez y el veinte por ciento, así como un plan de acción para dar una respuesta “integral” a la pandemia con PCRs semanales y la concreción del número mínimo de EPIs, la prohibición de los ERTEs y el aumento de los controles y las inspecciones. 

Desde CCOO Aragón, Marta Arjol ha defendido que las debilidades del sistema de los cuidados no radican en la ley de la dependencia de 2006, para ella “eje vertebrador” del sector de los cuidados y la respuesta “más sólida” fruto del diálogo social en la que se estableció la “relación directa” entre la calidad del empleo y la de la atención a las personas, sino en “las carencias” con las que se llevó a efecto dicha normativa a costa de los “sobreesfuerzos” de los trabajadores. Entre las demandas planteadas, además coincidir en la adecuación de las ratios, la mejora retributiva y el refuerzo de la inspección de los centros, Arjol ha solicitado una “auditoría” del impacto de la COVID en las residencias, que el Gobierno central “retome el liderazgo” y revierta los recortes practicados desde 2012 para recuperar un nivel de financiación “suficiente”.

También ha apostado por un “reequilibrio” en el modelo de gestión para potenciar el modelo público, ahora mismo “minoritario”, mediante una revisión de los instrumentos jurídicos de colaboración con el sector privado y ha pedido acabar con las diferencias entre la atención domiciliaria y la residencial para que la sanidad proteja a las personas “independientemente de su lugar de residencia”. 

Irene Cuartero, del sindicato OSTA, ha propuesto constituir “una comisión de vigilancia y control” de las condiciones laborales del personal del sector de la dependencia que esté formada por los agentes sociales representativos del sector para poner en común sus diferentes problemáticas y poder llegar a acuerdos. Además de reclamar como el resto de intervinientes una mayor intervención pública, la reforma de la “obsoleta” normativa de ratios y el aumento de la inspección, Cuartero ha solicitado mayor control respecto al IASS en los procesos de concursos y pliegos de condiciones y poder participar como agentes sociales a fin de establecer “cláusulas sociales” de ámbito laboral.

También ha apostado por definir un protocolo para pandemias e incluir en los conciertos cláusulas de adecuación de los ratios a la variación en el grado de dependencia de los residentes. Además, la representante de OSTA ha lanzado un mensaje a la patronal para sentarse a negociar un convenio autonómico que dignifique las condiciones laborales de los trabajadores y acabe con el “uso irregular” del régimen sancionador por parte de algunas empresas que aprovechan para despedir “a coste cero”. Por último, ha reclamado que la Comisión incluya en su estudio la problemática de los centros de atención a personas con diversidad funcional por compartir ratios y problemáticas. 

En el turno de intervención de las representantes de CGT Aragón, Natalia y Milagros Luño han criticado la “falta de voluntad política” de los diferentes gobiernos a la hora de priorizar la gestión pública de las residencias y reivindicado un cambio normativo basado en “la calidad” de los cuidados y “la dignidad” de las personas, así como en unas condiciones laborales “dignas”, con profesionales especializados y una formación continuada. Y todo desde una “perspectiva de género” frente al, a su juicio, “afán mercantilista” de la actualidad.

Ese cambio pasa, según han puesto de manifiesto, por un modelo cien por cien público y digno, que a su entender solo podrá serlo desde una perspectiva “ecosocial”, esto es, “ético, feminista, profesional y bien remunerado”. El modelo que persiguen contempla una coordinación eficiente entre los servicios sociales y los de Atención Primaria, estos últimos reforzados con geriatras y personal de enfermería especializado para lograr una atención “integral”. Las representantes de CGT Aragón también han emplazado a continuar con el plan de atención domiciliaria en residencias, disponer de espacios adecuados de enfermería, crear dentro de cada centro una “comunidad de cuidados” para dar participación a los trabajadores, residentes y sus familias y exigir a los trabajadores el certificado de penales para evitar los casos de  maltrato.

Por último, el presidente del sindicato CSIF, José Luis Santafé, ha pedido una “mejora sustancial” de las condiciones de trabajo en las residencias para que sean centros asistenciales “seguros, saludables y con garantías” donde los profesionales aporten lo mejor de sí mismos. “Trabajar con miedo o con precauciones extremas no favorece en absoluto la estabilidad profesional ni emocional de los trabajadores”, ha lamentado. En ese sentido, Santafé ha recordado las más de doscientas actuaciones de su sindicato en la denuncia del “flagrante” incumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, comenzando ya el pasado 27 de enero con la reclamación de un protocolo de prevención y actuación frente a la COVID.

Entre sus reivindicaciones, el presidente de CSIF ha enumerado la revisión de la ratio, el incremento del personal y la cobertura de éste con el cien por cien de reposición de las vacaciones “porque los residentes tienen las mismas necesidades todo el año”, bolsas permanentes y de libre concurrencia para todo el personal, realizar un estudio de las cargas reales de trabajo, dotar las plantillas de médicos geriatras y una oferta de empleo del cien por cien de las tasas de reposición, bien anual o bianual, y procesos selectivos “bien regulados”, entre otras.  

Por los distintos grupos han intervenido la socialista Pilimar Zamora, Marián Orós (PP), la diputada de Ciudadanos Loreto Camañes, la parlamentaria de Podemos EQUO Aragón Erika Sanz, Carmen Martínez, por CHA, David Arranz (Vox en Aragón), Jesús Guerrero, por el PAR, y Álvaro Sanz (IU).

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