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El proyecto de ley que regula la prestación aragonesa complementaria del Ingreso Mínimo Vital recibe las aportaciones de cinco colectivos sociales

El proyecto de ley que regula la prestación aragonesa complementaria del Ingreso Mínimo Vital recibe las aportaciones de cinco colectivos sociales
El Colegio Profesional de Trabajadores Sociales, Cáritas Autonómica de Aragón, Cruz Roja Aragón, Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión y Fundación Cepaim han participado en este trámite de Audiencias Legislativas para defender las modificaciones que consideran oportunas para el actual Proyecto de Ley

El proyecto de ley que regula la prestación aragonesa complementaria del Ingreso Mínimo Vital ha recibido este miércoles las aportaciones de representantes del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales, Cáritas Autonómica de Aragón, Cruz Roja Aragón, Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión y Fundación Cepaim. Todos ellos han valorado el texto actual y han realizado sus propuestas y aportaciones.

La presidenta del Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón, Ana Cristina Sola, ha calificado de “un hito social de primer orden” la aprobación de esta prestación nacional, pero ha solicitado “la paralización de la tramitación de este Proyecto de Ley hasta que el Ingreso Mínimo Vital esté plenamente regulado”. Como alternativa, Sola ha propuesto implantar una “prestación transitoria” que sea similar al Ingreso Aragonés de Inserción.

Por parte de Cáritas Aragón ha comparecido el secretario técnico de la organización, Jesús Luesma, quien ha defendido una serie de aspectos necesarios para que el Proyecto de Ley “sea una auténtica oportunidad”. Luesma ha propuesto “ampliar los perfiles de los aragoneses en situación de pobreza y exclusión”, “que los aragoneses que no puedan acceder al Ingreso Mínimo Vital puedan acceder, como mínimo, a lo que les permitía el Ingreso Aragonés de Inserción”. Además, ha propuesto crear una Comisión de Seguimiento de la prestación aragonesa.

Fernando Pérez, en representación de Cruz Roja Aragón, ha señalado que la entidad “apoyará cualquier normativa que vaya en dirección de superar la pobreza y reducir la desigualdad”. Dentro de sus aportaciones, ha solicitado la modificación de la edad mínima para recibir la prestación: “Supone dejar fuera a algunos grupos de especial vulnerabilidad, como los jóvenes tutelados”. Por último, ha rogado “máxima agilidad porque estamos en emergencia sanitaria”.

El presidente de la Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión, Daniel Gimeno, ha solicitado que se revise el carácter retroactivo de la futura ley: “El Ingreso Mínimo Vital no está teniendo una resolución rápida y, al derogarse el Ingreso Aragonés de Inserción, hay personas que han quedado en un vacío y no pueden acceder a esas prestaciones”. Además, ha querido “concienciar” a los diputados presentes en las Audiencias Legislativas de que “las leyes son necesarias para prevenir y combatir la pobreza”.

Por último, ha comparecido la coordinadora de la Fundación Cepaim en Aragón, Pilar Bernadó, quien ha criticado que con el límite máximo de 5.000 euros que recoge el Ingreso Mínimo Vital “se consigue sacar colectivos de pobreza extrema pero no prevenir la pobreza”. Además, ha señalado que “el derogado Ingreso Aragonés de Inserción tenía un importe anual de 5.892 euros, un poco más que la prestación”. También ha solicitado que “cuando soliciten la prestación se reconozca con carácter retroactivo desde el día en que nació su derecho”.

En este trámite de Audiencias Legislativas han estado presentes Pilimar Zamora (PSOE), Marián Orós( PP), Loreto Camañes (Cs), Erika Sanz (Podemos), Carmen Martínez (Cha), Esther Peirat (PAR) y Álvaro Sanz (IU).

Las Audiencias Legislativas se implantaron con la reforma del Estatuto de las Cortes de Aragón de 2017 con el objetivo de garantizar la participación del tejido social aragonés en la elaboración de las leyes que regularán su día a día. De esta forma, cualquier ciudadano o ciudadana aragonesa puede participar en las tres principales funciones de un Parlamento: legislar, por un lado, y controlar e impulsar, por otro, la gestión de su Gobierno desde la presentación de determinadas iniciativas.

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