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La Cámara aragonesa se posiciona en contra de la ocupación ilegal de viviendas y pide una legislación nacional para evitar esta práctica

La Cámara aragonesa se posiciona en contra de la ocupación ilegal de viviendas y pide una legislación nacional para evitar esta práctica
Todos los grupos parlamentarios, excepto Podemos EQUO Aragón, han respaldado una proposición no de ley presentada por el diputado popular Joaquín Juste para que el Ejecutivo central introduzca medidas como que el inmueble ocupado no tenga la consideración de morada

La Comisión de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda ha aprobado esta tarde, con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios presentes en el debate, a excepción de Podemos EQUO Aragón, que ha votado en contra, una iniciativa en contra de la ocupación ilegal de las viviendas que reclama al Gobierno de España medidas legislativas que impidan este fenómeno.  

El diputado popular Joaquín Juste ha sido el encargado de exponer los argumentos para apoyar una proposición no de ley con la que ha querido reaccionar a los episodios de ocupaciones ilegales sucedidos recientemente en varias localidades aragonesas como María de Huerva o Cuarte. Juste se ha preguntado “qué ganamos con la ocupación” y ha pedido no aludir a los casos de personas vulnerables, a las que los servicios sociales deben dar “una respuesta rápida, no dentro de ocho meses”. Además ha aludido a la falta de confianza que este fenómeno provoca en los inversores extranjeros y a la existencia de mafias que se lucran con la ocupación y ha considerado que la iniciativa debería salir por unanimidad “para dar ejemplo” a la sociedad.  

El texto de la proposición insta a la DGA a exigir al Gobierno de España a “articular las disposiciones oportunas” a fin de establecer una normativa que contribuya a evitar la ocupación ilegal, así como a defender y respetar el derecho a la propiedad, estableciendo mecanismos que garanticen la recuperación inmediata de la vivienda o morada ocupada, con medidas como la no consideración de un inmueble ocupado como morada para quitarles a los ocupas la protección de que gozan los propietarios e inquilinos. También que este acto ilegal no permita la inscripción de los ocupantes en el padrón municipal y que la autoridad competente pueda desalojar a los ocupas en un máximo de cuarenta y ocho horas.  Y, por último, que se persiga y combata a las mafias. 

Fernando Sabés (PSOE) se ha mostrado en contra de la ocupación ilegal de viviendas y ha pedido diferenciar los casos debidos a desahucios, que ha relacionado con la burbuja inmobiliaria y la liberalización del suelo del Gobierno de Aznar. Desde Ciudadanos, Carlos Ortas ha defendido que no se puede consentir que haya gente “que se aproveche” de las personas que sufren para cometer delitos y ha  argumentado que el número de asesinatos también es reducido y no por eso se deja de legislar sobre ello.

Marta Prades (Podemos EQUO Aragón) ha asegurado que no se trata de un problema “de primer orden”, sino a una “invención de la derecha”,  ya que en 2020 se han ocupado el 0,03 por ciento de las viviendas habituales, propiedad de bancos y fondos buitre, y esos actos se han debido según ella, a causas de “extrema necesidad”.  Joaquín Palacín (CHA) ha pedido “no alarmar” a la sociedad ante discursos que transmiten que la ocupación es “lo habitual” y ha distinguido entre la ocupación ilegal y la que se produce por una vulnerabilidad económica.

Por Vox en Aragón, Santiago Morón ha defendido una enmienda para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para proveer al poder judicial de “respaldo legal” para proteger el derecho de los legítimos dueños de las viviendas con una adición que no ha sido aceptada. Esther Peirat (PAR) ha constatado el “aumento sustancial” de la ocupación de viviendas aragonesas y ha considerado que esta práctica ilegal “ha ido demasiado lejos” y delata que la legislación estatal, tanto civil como penal es “claramente insuficiente”. 

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