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Salud Pública alerta de que el contacto social ha desplazado el patrón de mortalidad de la pandemia hacia las personas mayores que viven en sus domicilios

Salud Pública alerta de que el contacto social ha desplazado el patrón de mortalidad de la pandemia hacia las personas mayores que viven en sus domicilios
El director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, ha apuntado en las Cortes la necesidad de variar la estrategia de comunicación en esta segunda ola, en la que el peso de los fallecimientos en residencias apenas alcanza el 35 por ciento del total y ha avanzado que en pocas semanas comenzará el uso de test de antígenos en los centros de mayores

El contacto social ha provocado en esta segunda ola un cambio en el patrón de mortalidad de la pandemia, que ahora se ceba con las personas mayores no residenciadas. Así lo ha advertido esta mañana el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad para informar a petición del PP sobre la atención en las residencias de ancianos, que desde hace semanas suponen el 35 por ciento de la mortalidad debida a la COVID-19. 

Ante este cambio, Falo ha llamado a “diversificar” las estrategias de control y de comunicación porque, aunque el foco sigue estando en los grupos de riesgo y sólo el uno por ciento de los ingresados no presentan ninguna patología previa, en esta segunda ola “se mueren los mayores no residenciados porque la transmisión es comunitaria y, en buena parte, intrafamiliar”, ha recalcado.  Por ello ha insistido en la importancia de que los jóvenes y los adultos extremen la precaución en los contactos sociales porque “antes o después” esa transmisión se desplaza a los grupos más sensibles y, de ahí, ha razonado, que el peso porcentual de los contagios en niños haya subido al quince por ciento, lo que se acaba trasladando a las personas mayores. 

Ello sin descuidar la atención en las residencias, que el director general ha considerado “mejor preparadas” y con una mayor “capacidad de respuesta” gracias a la labor de “sectorización” y a que ahora dispongan de más recursos diagnósticos y que exista el criterio de que un positivo es un brote. En este punto, tras reconocer la falta de medios en la primera oleada, ha destacado que los centros residenciales acumulan más de cincuenta mil test diagnósticos desde marzo, una cifra que ha considerado “infravalorada” porque ha dado por hecho que son muchos más con sólo sumar las pruebas realizadas por iniciativa propia. 

A ese control, que ha sido reforzado por la puesta en marcha de la plataforma web SirCovid, Falo ha avanzado que en las próximas semanas se sumarán los test de antígenos, previstos inicialmente de forma preferente para los casos sintomáticos, pero que tras la validación por la Carlos III de su valor predictivo y el acuerdo de los departamentos de Sanidad y Ciudadanía, se pondrán al servicio del ámbito residencial y así incluir en ellos el testado de aquellos profesionales de nuevo ingreso o los que se reincorporan de las vacaciones. Y desde este próximo lunes, Sanidad pondrá en marcha en estos centros residenciales la campaña de vacunación contra la gripe. Una “dinámica habitual” desde hace años, según ha recordado el director general de Salud Pública, que ahora debe extenderse a los profesionales de los centros residenciales y sanitarios y que después tendrá su réplica para el público en general en Atención Primaria.

Sobre la campaña de este año, Falo ha advertido que no pueden permitirse “aglomeraciones”, por lo que ha avanzado la puesta en marcha de turnos de mañana y tarde, incluso de algunos fines de semana, así como la habilitación de más espacios físicos. Un nuevo esfuerzo para Atención Primaria del que ha dicho ser consciente, pero que ha considerado “imprescindible” por la importancia de la campaña.   

La diputada popular Ana Marín ha defendido la necesidad de que los departamentos de Sanidad y Ciudadanía “se compenetren” para proteger las residencias de ancianos, unos centros que a su juicio “se blindaron tarde” y para los que “faltó previsión”. Para evitar el grado de mortandad que sufrieron en la primera ola, le ha preguntado por el suministro de equipos de protección a propósito de varias quejas por la cantidad de equipos que llegan a algunos centros y por tener que ser abonados por los propios centros. También sobre los test y la formación específica para los trabajadores ante la variación continua de protocolos, el posible refuerzo de Atención Primaria para abordar su labor en las residencias  y si se van a lanzar campañas informativas sectorizadas sobre la gripe. 

La socialista Olvido Moratinos ha alabado “el ejercicio de autocrítica” sobre la disponibilidad de epis realizado por Falo tras un “análisis calmado” que servirá para “aprender” de los errores y ha defendido el liderazgo de Salud Pública en la coordinación para proteger las residencias, tarea en la que ha destacado la aplicación SirCovid del Gobierno de Aragón. 

Susana Gaspar (Ciudadanos) ha comenzado pidiendo que “no se demonice” la colaboración público privada por parte del Gobierno mientras el sistema público no pueda cubrir todos los servicios e inversiones necesarias y ha preguntado a Falo por los test de antígenos, el cierre al público de las residencias durante el Pilar y las áreas sociosanitarias. 

Itxaso Cabrera (Podemos EQUO Aragón) ha reclamado “un giro radical” en la perspectiva sanitaria ante la “resquebrajamiento” de los pilares del estado del bienestar que debe estar basada en un modelo de cuidados y ha tomado el ejemplo de los países nórdicos para que la calidad del servicio no dependa “del código postal de cada uno”. 

Isabel Lasobras (CHA) ha apuntado que la pandemia ha destapado la falta de información sobre la vida en las residencias y el estado muy cercano al “descuido social, político y sanitario” detectado, que ha dañado la imagen de los centros y de su personal y ha abierto el debate sobre su modelo, la asistencia sanitaria y la formación. 

Santiago Morón (Vox en Aragón) ha traído a colación el informe del Justicia de Aragón en el que ha asegurado que se constata la alta mortalidad de los residenciados y la “inacción” de Salud Pública y le ha recordado el escrito presentado por la oficina del defensor del paciente ante la Fiscalía por “omisión del deber de socorro”.  

Esther Peirat (PAR) ha considerado que el Gobierno debe seguir reforzando la protección de los centros residenciales y, en esa línea, ha destacado las medidas del técnico referente para cada centro, la extensión a veintiocho días el seguimiento de un brote, así como la consideración de un positivo como un brote. 

Álvaro Sanz (IU) ha planteado si se han resuelto los problemas de coordinación y si existe un canal único en la comunicación con las residencias, ha puesto de manifiesto la “saturación” de Atención Primaria para atender “lo cotidiano” y ha preguntado si las campañas de vacunación de la gripe se van a hacer en los centros de salud.   

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