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La Comisión Institucional debate dos mociones de PP y Ciudadanos sobre financiación municipal y asistencia jurídica gratuita

La Comisión Institucional debate dos mociones de PP y Ciudadanos sobre financiación municipal y asistencia jurídica gratuita
El órgano parlamentario ha abordado esta mañana dos textos de impulso que reclamaban, entre otras cuestiones, “ayudas directas a los municipios aragoneses” por actuaciones relacionadas con la crisis sanitaria o “incluir criterios objetivos en el pago a los Colegios de Abogados y Procuradores de los gastos de infraestructura que la gestión de la justicia gratuita ocasiona a los mismos”

La Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario ha abordado esta mañana la necesidad de impulsar al Gobierno de Aragón en materia de financiación de las entidades locales y en la reforma del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita. Lo ha hecho a través de dos mociones de PP y Ciudadanos que no han prosperado al recibir el voto contrario mayoritario de los cuatro grupos que sustentan la acción del Ejecutivo, PSOE, Podemos, CHA y PAR.

El Grupo Popular ha reclamado a través de su iniciativa, entre otras cuestiones, “cuantificar y  concretar las cantidades  que se han a dirigir a las entidades locales del importe global de más de 500 millones que ha anunciado el Gobierno de Aragón que va a vincular a la  financiación de las medidas de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica” o “contemplar ayudas directas a los municipios aragoneses las actuaciones que vienen atendiendo”.

La propuesta también buscaba “garantizar la financiación de las comarcas como entidades prestadoras de servicios tal y como aparece contemplada en la Ley de Presupuestos para la Comunidad autónoma de Aragón para el ejercicio 2020 sin que se vean afectadas por recortes presupuestarios”. “En un momento como el actual, las entidades locales están siendo prioritarias en la atención socio-sanitaria y el bienestar de los aragoneses”, ha explicado Mar Vaquero para presentar la propuesta de su formación.

Desde el PSOE, la socialista Mª Mar Rodrigo ha criticado que “el PP fue el que complicó la autonomía de las entidades locales con la Ley Montoro” y, en opinión de Itxaso Cabrera (Podemos), “se está trabajando para eliminar las leyes austericidas y ya da sus frutos”. Por parte de los otros dos grupos de apoyo al Gobierno, la parlamentaria de CHA Carmen Martínez ha defendido que “hay que poner recursos ingentes a favor de los entes locales y las comunidades autónomas y tendrán que tener financiación externa” y, desde el PAR, Jesús Guerrero ha considerado que “se están dando pasos” y “sumando las diversas administraciones, todo será beneficioso”.

En opinión del resto de formaciones, la diputada de Ciudadanos Beatriz García ha defendido que “hay y ha habido un problema con los municipios durante la pandemia porque han asumido gastos”. “Es el pasado, busquemos alternativas para mejorarlo”, ha añadido. David Arranz, encargado de posicionar a Vox, ha defendido que “las entidades locales han estado en primera línea de apoyo” y “se han visto obligadas a asumir competencias impropias con arcas bajo mínimos”. Desde IU, Álvaro Sanz, que ha votado en contra de los primeros cuatro puntos pero ha apoyado el relativo a las comarcas, ha pedido “estar coordinados con la realidad”. “Los remanentes se van a liberar y se ha eliminado la regla de déficit. Vamos progresando en las exigencias del ámbito local”, ha defendido.

 

JUSTICIA GRATUITA

El otro de los textos estudiados esta mañana, firmado por Ciudadanos, pedía diferentes cambios en el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, como que “se incluyan criterios objetivos en el pago a los Colegios de Abogados y Procuradores de los gastos de infraestructura que la gestión de la justicia gratuita ocasiona a los mismos” o “se prevea la utilización, por parte de la Administración,de todos y cada uno de los recursos y accesos a información de organismos públicos de que disponen a fin de evitar la denegación de la justicia gratuita por motivo de falta de documentación”.

“Es el momento de afrontar una reforma no solo de la primera de las sentencias, sino en general para satisfacer a las partes implicadas”, ha explicado Beatriz García desde Ciudadanos durante la presentación de la propuesta. En su opinión, “hay que dar una vuelta al modelo para que las personas no tengan que esperar meses por un abogado de oficio”.

El socialista Óscar Galeano ha basado su negativa a la propuesta en que “las consideraciones pueden tener interferencias en la normativa vigente”, mientras que Cabrera (Podemos) se ha mostrado “de acuerdo en que la justicia gratuita es un derecho que debemos perseguir” pero “la iniciativa choca frontalmente con la normativa aplicable” y Martínez (CHA), coincidiendo también en este punto, ha apostado porque “la asistencia gratuita merece un planteamiento más profundo”. Desde el PAR, que ha completado el bloque de negativa al texto, Guerrero ha entendido “el fondo y el cambio de modelo que se quiere realizar” con la propuesta, pero “la normativa no permite” y “los puntos de la moción chocan con la legislación actual”.

Desde el PP, Mar Vaquero ha considerado “muy oportuna la propuesta para mejorar este derecho judicial”. “Los trámites administrativos complican el servicio”, ha criticado. El diputado de Vox David Arranz ha agradecido la propuesta porque “más de una vez hemos defendido los intereses legítimos del turno de oficio”. “Estas mejoras redundan en la sociedad”, ha considerado durante su intervención. Por parte de IU, Álvaro Sanz, que se ha abstenido, ha recordado que “es la cuarta vez que se debate esto a propuesta del mismo grupo”. “Deberíamos replantearnos hacia qué modelo avanzamos para garantizar la tutela judicial efectiva”, ha añadido.

 

 

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