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Las expertas consideran que la trasposición del Pacto de Estado contra la violencia de género debe adaptarse a lo ya dispuesto por el Derecho Foral aragonés

Las expertas consideran que la trasposición del Pacto de Estado contra la violencia de género debe adaptarse a lo ya dispuesto por el Derecho Foral aragonés
Las audiencias legislativas han recibido las aportaciones de la catedrática de Derecho Civil de UNIZAR, Carmen Bayod, la profesora titular de la misma materia, Aurora López, y de la vicepresidenta de la asociación de mujeres juristas THEMIS, Altamira Gonzalo, sobre la iniciativa para trasladar al derecho civil aragonés que deje de ser obligatorio el consentimiento del progenitor incurso en una causa de violencia de género para poder dar tratamiento psicológico del hijo menor de edad

La Cámara autonómica ha reunido esta mañana el órgano de Audiencias Legislativas para dar voz a tres expertas en teoría y práctica de derecho civil a cuenta de la Proposición de Ley de modificación del Decreto Legislativo 1/2011 por la que se pretende incorporar al Código de Derecho foral de Aragón una de las medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género para eliminar la obligatoriedad del consentimiento del progenitor incurso en una causa de violencia de género para que el menor de edad pueda recibir tratamiento psicológico.

La primera en intervenir ha sido la profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza Aurora López, quien se ha mostrado partidaria de la idea de trasponer la medida del pacto de Estado contra la violencia de género, pero ha considerado que el derecho foral aragonés ya contempla una solución para esta cuestión. En todo caso, si los grupos desean completar esa trasposición, López les ha apuntado que resultará necesario adecuarla a lo contemplado por la legislación aragonesa en lo referido a la edad del menor (catorce años y no los dieciséis del derecho común. Y ha advertido de la “indefensión” que provoca extender la medida cuando el proceso penal ha sido meramente iniciado porque se podría aplicar incluso sin la existencia de indicios fundados.

Por su parte, la vicepresidenta de la asociación de mujeres juristas THEMIS, Altamira Gonzalo, se ha mostrado conforme con la idea de adaptar lo dispuesto en el pacto estatal, pero ha coincidido en que debe adaptarse a lo que dispone el derecho foral aragonés respecto a la necesidad de recabar el consentimiento expreso de los menores de edad y mayores de catorce años y no de los de dieciséis como determina el Código Civil. Además, desde un punto de vista “más práctico que académico”, como ha reconocido, Gonzalo ha llamado a desvincular la cuestión del consentimiento para la intervención psicológica de los casos de violencia para evitar los problemas que ahora se dan. “En la práctica, el progenitor causante jamás concede la autorización para el tratamiento, el recurso de la otra parte se prolonga en el tiempo y los menores lo que necesitan es ayuda inmediata”, ha lamentado.

Por último, la catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza Carmen Bayod se ha mostrado tajante a la hora de valorar la conveniencia de la trasposición. “Ni tenemos una laguna legal ni el pacto de Estado les obliga a ustedes” (en referencia a los grupos parlamentarios). La experta en derecho civil ha advertido del “grave riesgo” que corre cuando se trata de trasladar una norma entre dos sistemas legales diferentes, una operación para la que hay que actuar “con la precisión de un cirujano” porque el cambio afecta a toda la normativa. Bayod ha apuntado que el derecho común “desconoce” el sistema de capacidad del derecho foral aragonés y acto seguido ha procedido a analizar los pormenores del consentimiento del menor en Aragón. “Ningún parlamento autonómico ha procedido a esta trasposición y no porque tosan en Madrid aquí se tienen que poner bufanda porque nuestro código de derecho foral le da mil vueltas al estatal”, ha defendido.

A la reunión de trabajo han asistido Óscar Galeano (PSOE), Mar Vaquero (PP), Beatriz García (Ciudadanos), Itxaso Cabrera (Podemos EQUO Aragón), Carmen Martínez (CHA), David Arranz (Vox en Aragón) y Álvaro Sanz (IU).

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