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Nota de prensa

La asociación Artiborain reclama que se desbloquee el acuerdo de cesión de Artosilla, Ibort, Aineto y Solanilla para los que propone un marco legal “específico”

La asociación Artiborain reclama que se desbloquee el acuerdo de cesión de Artosilla, Ibort, Aineto y Solanilla para los que propone un marco legal “específico”
Los portavoces del colectivo que han impulsado desde los años ochenta la repoblación de varias aldeas serrablesas abandonadas han participado en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos, donde han pedido que se desbloquee el expediente de la cesión de estos asentamientos, caducada desde 2017, para poder continuar su labor de “repoblación y vertebración del territorio”

La asociación Artiborain, dedicada desde hace treinta y cinco años a la repoblación de las aldeas serrablesas de Artosilla, Ibort, Aineto y Solanilla, ha reclamado en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos “voluntad política” para desbloquear el proceso de renovación de la cesión de este núcleo y dotarlo de un nuevo marco jurídico “estable” que permita también el desarrollo de otros proyectos repobladores en alguno de los doscientos cuarenta pueblos abandonados de la provincia de Huesca, de los que medio centenar pertenece a la DGA.

La vicepresidenta de la asociación, Sara Palacio, ha relatado la historia de la iniciativa surgida de la ocupación de Aineto y, en 1997, su posterior cesión por el Gobierno de Aragón por un periodo de veinte años que ya ha vencido. En ese tiempo, los vecinos han reconstruido las casas que entonces quedaban en pie, muchas de ellas en ruina, han abierto caminos, realizado acometidas de luz y agua, instalado fosas sépticas y desagües y han logrado la apertura del CP Valle del Guarga, han asentado población y han fomentado la economía local. “Para nosotros es un orgullo haber dado vida a estos pueblos que antes sólo eran piedras y zarzas”, ha destacado Palacio.

A su juicio, Artiborain “es un camino como habrá otros, pero éste se ha demostrado viable y no demasiado complicado”. Por eso ha confesado su “cansancio” cada vez que escucha a los “expertos” hablar de despoblación. “Hay que hablar de repoblación”, ha contrapuesto. Palacio ha solicitado a los grupos voluntad política, “no ya para promover, sino para no obstaculizar” aludiendo a la lista de espera de interesados en sumarse a las “ecoaldeas” ante las dificultades legales que encuentran para comenzar nuevos proyectos en otros lugares. Por eso ha reclamado un  marco jurídico “sólido” y que se produzca un “cambio de paradigma” y que se apueste por pequeños proyectos comunitarios y a escala local frente al modelo estacional de turismo y nieve.

Para resolver el problema de estos asentamientos, Azpe García, secretaria de la asociación, ha estimado clave que se complete el proceso de desafección y que se deje de considerar a estos pueblos como monte público y sean reconocidos como núcleo de población. “El expediente está bloqueado desde enero de 2019 en Patrimonio y nos sentimos como una pelota que se van pasando entre distintos departamentos”, ha lamentado. Por ello ha propuesto crear un marco legal “específico” y que pase a depender de la consejería de Vertebración.
 
Por los grupos parlamentarios, Carmen Sahún (PSOE) ha felicitado a los representantes de la asociación por haber logrado devolver la vida a esos pueblos, haber asentado población y haber creado empleo fomentando la economía local ecológica. José Antonio Lagüens (PP) ha reconocido la labor y “las ganas de vivir en los pueblos” de los comparecientes y ha considerado que acceder a la malla del PGOU de la zona puede ser la vía para que este enclave sea receptor de subvenciones. 
Elisa Sacacia (Ciudadanos) ha reclamado un marco jurídico “más sólido” para estos pueblos, cuya figura recogen la Ley de Patrimonio aragonés, por la que es obligado su protección, y la de Turismo, que habla de pueblos recuperados con fines turísticos. Nacho Escartín (Podemos EQUO Aragón) ha asegurado que el Gobierno de Aragón trabaja en varios de sus departamentos para crear una “figura legal” que dote de estabilidad a estos pueblos para que la solución no sea “un parche”.
Joaquín Palacín (CHA) se ha mostrado de acuerdo en la necesidad de cambiar el enfoque para abordar la despoblación y ha puesto como ejemplo de buen hacer las iniciativas de estos cuatro pueblos. “Las cosas se pueden hacer de otra forma”, ha constatado. 
 
Santiago Morón (Vox en Aragón) ha preguntado por la forma de organización de Artiborain y cómo se desarrolla allí la convivencia, si el ayuntamiento de Sabiñánigo presta algún tipo de servicios y si el pueblo es sostenible económicamente. Para Esther Peirat (PAR), contra la despoblación “no bastan las palabras, sino que hay que pasar a la acción y de manera” y ha defendido su apuesta por grandes proyectos  como Motorland, Dinópolis y Caudé.

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