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El director general de Energía reclama “una tramitación ágil, proyectos maduros y una simplificación normativa” para dar salida al “aluvión” de solicitudes de renovables

El director general de Energía reclama “una tramitación ágil, proyectos maduros y una simplificación normativa” para dar salida al “aluvión” de solicitudes de renovables
Sergio Breto ha comparecido en la Comisión de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, a petición del consejero Arturo Aliaga y del PP, para exponer las líneas generales de su labor durante la presente legislatura

El director general de Energía y Minas del Gobierno de Aragón ha reclamado en la Comisión de Industria de las Cortes “agilidad” en la tramitación autonómica, “proyectos maduros” de los promotores y una simplificación normativa adaptando la legislación autonómica a la “vertiginosa” promulgación de normativa estatal para hacer frente al “aluvión” de proyectos de energías renovables presentados y que “presionan" a las comunidades autónomas. 

Breto ha comparecido por primera vez en la presente legislatura atendiendo la doble petición formulada por el consejero Arturo Aliaga y por el PP para exponer las líneas generales de su negociado en la presente legislatura, marcada por los procesos de descarbonización y de transición justa que ha de guiarse por el marco estratégico que dibuja el Plan Estratégico de Energía y Clima. 

Según ha explicado Breto, el mencionado plan establece que hasta 2030 España debe incrementar en cincuenta mil megavatios su aportación de energía eólica y solar, la última de las varias y “potentes señales” enviadas al sector tras “el parón” sufrido en 2012 y 2013, como el descenso del coste de la inversión por kilovatio eólico y solar fotovoltaico, la consideración que hace el RD 15/2018 de que en todas las subestaciones hay una posición planificada, aunque no sea así, y las subastas del Ministerio. En ese sentido, la “presión” que sufren las regiones viene de los plazos que marca el RD 23/2020 “a partir de los cuales decaen los proyectos con la ejecución de avales”, ha abundado.

En cualquier caso, ha apuntado que la clave estará en “cómo dimensionar” una demanda que el propio Real Decreto cuantifica en cuatrocientos treinta mil megavatios con avales y ciento treinta y seis mil con acceso frente a los cincuenta mil del objetivo del plan, que según ha advertido “se basan en una exportación de energía eléctrica de cuarenta teravarios hora.  

Frente a la condición de “borradores” de las principales guías por las que se rige el marco estratégico de la energía en España y la profusión de reales decretos ley “que vienen de un día para otro”, el director general ha considerado que sería “una locura” planificar sobre esa base el próximo Plan Energético de Aragón que vence este año. “Vamos a ver en qué queda el punto de inflexión en Bruselas y en Madrid para sacar las mejores oportunidades con objetivos ambiciosos y posibilistas”, ha defendido.  

El diputado del PP Sebastián Contín ha pedido a Breto una valoración del informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre el Plan Miner del periodo 2010-2017 y una estimación sobre el “agujero” económico que han supuesto la treintena de sentencias perdidas por el Gobierno de Aragón a raíz del decreto 124/2010 sobre el sector eólico. Además, le ha pedido su opinión personal sobre las voces que denuncian presiones para tramitar proyectos de renovables y la “especulación” que a su entender se está produciendo con “la reventa de permisos” de una empresa que acaparó la mayor concesión y a la que ha atribuido la captación de antiguos responsables políticos.  

Por su parte, Sergio Ortiz (PSOE) ha defendido que la apuesta aragonesa por las renovables puede ser un “vector estratégico” para la Comunidad en plena transición energética y también una oportunidad para la recuperación económica. Jara Bernués (Ciudadanos) ha recordado, en su turno, la ley de cambio climático impulsada por su grupo para garantizar la seguridad jurídica, y ha defendido la rehabilitación de viviendas buscando la eficiencia y la eliminación de costes para la bajada del precio de la luz.

Marta Prades (Podemos EQUO Aragón) ha criticado la “mal llamada” transición porque los nuevos proyectos entran “en conflicto” con el modelo económico de la zona, basado en el turismo de naturaleza, y por la escasa generación de empleo, mientras que Isabel Lasobras (CHA) ha alertado del “impacto medioambiental” que traerá la instalación de la mina Muga de potasa a un kilómetro de Yesa, en la localidad de Undués de Lerda, porque provocará la salinización del suelo y la bajada del nivel freático.  

Marta Fernández (Vox en Aragón) ha apuntado la “gran dependencia energética española” y lo “injusta” que está siendo la transición energética por haber sido los primeros en descarbonizar mientras compramos carbón a Alemania y Marruecos y Jesús Guerrero, en nombre del PAR, ha alabado “el rigor y exactitud” de Breto en un momento de “punto de inflexión” en el que ha destacado el incremento de megavatios llevado a cabo por la Administración “siempre con la ley en la mano”.  

Por último, Álvaro Sanz (IU) ha planteado si ha evaluado de manera previa la planificación del plan energético de Aragón y qué va a ocurrir con las cantidades detraídas de los apartados de energía renovable y la eficiencia energética del parque inmobiliario y con la mina Muga.

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