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La Cámara de Cuentas detecta en Sarga “gastos irregulares” en compras y fraccionamientos de contratos “bastante groseros” durante el periodo 2012-2016

La Cámara de Cuentas detecta en Sarga “gastos irregulares” en compras y fraccionamientos de contratos “bastante groseros” durante el periodo 2012-2016
El presidente y vicepresidente del órgano fiscalizador, Alfonso Peña y Luis Rufas, han presentado en la Ponencia de relaciones con la Cámara de Cuentas el informe sobre la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental durante el periodo que le requirió el Parlamento autonómico

Sarga registró entre 2012 y 2016 un “volumen importante” de “gastos irregulares” por valor de diez millones de euros en compras en las que no se formalizaron sus respectivos expedientes de contratación o en los que se detectaron “posibles fraccionamientos bastante groseros” de expedientes por valor de cinco millones de euros para eludir la normativa sobre publicidad y concurrencia. Ésta, junto a la existencia de diferencias salariales de una “horquilla muy amplia” en el personal de la misma categoría y funciones, son las principales conclusiones del informe de fiscalización de la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental realizado por la Cámara de Cuentas y que esta mañana han presentado sus máximos responsables Alfonso Peña y Luis Rufas en las Cortes de Aragón.

El órgano fiscalizador detalla en su informe deficiencias en las obras de mejora y transformación de regadíos promovidas por comunidades de regantes al no existir “una adecuada justificación de los criterios para la adjudicación ni la ponderación”. De hecho, de los quince contratos analizados, Peña ha señalado que nueve no tenían ni aprobados los pliegos de contratación. En este punto, Rufas ha planteado evaluar si conviene seguir utilizando la figura de la encomienda de gestión en el marco de convergencia con Europa, “donde es una práctica muy residual”, ha señalado.    

En cuanto al fraccionamiento “grosero” de los contratos, éste se produjo mayoritariamente en contratos menores para la compra de suministro de combustible y de mantenimiento de los vehículos de Sarga. La Cámara también identificó el incumplimiento de la Ley de Contratos por la práctica de formalizar con empresas privadas un contrato diferente para cada uno de los centros de interpretación de espacios naturales protegidos de la Comunidad por una cantidad total de setecientos cincuenta mil euros. Una manera de proceder que ya se ha corregido, según han comprobado. 

En materia de personal, el informe de la Cámara constata que, de los novecientos cincuenta y cinco empleados con los que contaba Sarga de media en 2016, el sesenta y tres por ciento presentaban un perfil “no cualificado”. Además, la sociedad, surgida de la fusión en 2012 de Sirasa y Sodemasa, carecía tanto de un instrumento de ordenación de los puestos de trabajo como de un único convenio colectivo, lo que provocó una “falta de homogeneidad retributiva” entre puestos de trabajo de las mismas categoría y funciones. Además, tampoco se habían homologado las retribuciones de los trabajadores con las del personal de la Administración, algo obligatorio desde 1996 y que ya contempló la Ley de Presupuestos de 2016.

Rufas ha recordado que esta labor fiscalizadora sobre el personal de Sarga recibió “un plus añadido de reconocimiento” por parte del TSJA en su sentencia 439/2019, de 15 de julio, donde se declararon hechos probados algunas de las cuestiones aportadas por el trabajo de la Cámara de Cuentas. En el posterior informe de seguimiento pendiente de presentación, la mayoría de estas deficiencias se han corregido, si bien Rufas ha estimado que el proceso de concreción del instrumento de ordenación del personal de Sarga “no ha acabado y debe continuar para fijar los cometidos y las retribuciones”. 

Desde los grupos parlamentarios, Óscar Galeano (PSOE) ha planteado si en algunas irregularidades detectadas no han podido influir cierta “inseguridad jurídica” provocada por las  “diferencias de interpretación” de las normas de contratación pública, mientras que Ana Cristina Sainz (PP) ha lamentado la falta de gestión “total y absoluta” y los  incumplimientos “muy graves” en la gestión de fondos públicos y ha preguntado si ya cuenta con el personal cualificado para aplicar de forma correcta la legislación 

 

A José Luis Saz (Ciudadanos), el documento le produce “desazón e inquietud” y es muestra “de lo que no debe ser la gestión pública”, con la “ineficiencia” y el “descontrol” que demuestra que ciento una personas pudieran ejecutar órdenes de compra. Erika Sanz, en el turno de Podemos EQUO Aragón, ha aludido a cuestiones como la falta de un convenio único y la discriminación en cuanto al cobro o no de pluses o la carencia de un sistema informático integrado para controlar facturas y gastos en la gestión de compras.  

Joaquín Palacín (CHA) ha hablado de “responsabilidades compartidas por gobiernos diferentes” y ha comentado algunas irregularidades a modo de ejemplo como la falta de homologación en materia de personal respecto a la normativa de la DGA. Marta Fernández (Vox en Aragón) ha tildado de “fracaso” la gestión de los sucesivos ejecutivos a la vista del informe y ha mencionado las infraestructuras “caras”, con ejecuciones “tardías e infraexplotadas” de las plantas de tratamiento de purines. 

Desde el PAR, Jesús Guerrero ha reconocido que, en su deseo de abordar cuestiones de futuro y de avanzar, “le cuesta” mirar al pasado, aunque se ha mostrado favorable a la optimización de las sociedades públicas y ha alabado la labor de la Cámara de Cuentas. 

Por último, el diputado de IU, Álvaro Sanz ha asegurado que el informe pone de manifiesto “la discrecionalidad de prácticas poco sanas en democracia” y constata la desconfianza de la sociedad de grupos como el suyo. 

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