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Los grupos de la oposición analizan la gestión del Ejecutivo autonómico ante las consecuencias sociales y económicas derivadas de la segunda ola de la pandemia

Los grupos de la oposición analizan la gestión del Ejecutivo autonómico ante las consecuencias sociales y económicas derivadas de la segunda ola de la pandemia
PP, Ciudadanos, Vox en Aragón e Izquierda Unida controvierten la respuesta del Gobierno presidido por Javier Lambán al repunte de casos de Covid-19 y le piden explicaciones sobre las nuevas restricciones aplicadas y el régimen jurídico que las ampara, su intención real de negociar los presupuestos y las actuaciones que contempla para facilitar el acceso a la Administración y agilizar los trámites de los ciudadanos

Los grupos parlamentarios de la oposición han fiscalizado este viernes la labor del Gobierno de Aragón para hacer frente a las consecuencias sociales y económicas que está provocando la nueva ola de la pandemia en una sesión de control en la que han planteado cuatro preguntas al presidente Javier Lambán, seis interpelaciones y dieciséis preguntas más dirigidas a ocho de los diez consejeros. 

Durante el intercambio dialéctico con el máximo responsable del Ejecutivo regional, el portavoz del PP, Luis María Beamonte, le ha planteado a Lambán cómo piensa paliar las nuevas afecciones sanitarias, económicas y sociales generadas por el incremento de contagios y las nuevas restricciones impuestas. Por su parte, el líder de Ciudadanos, Daniel Pérez, le ha preguntado si, ante la situación excepcional de la pandemia y tras el consenso alcanzado en la Estrategia aragonesa para la recuperación, sigue creyendo conveniente tender la mano a todos los grupos para negociar las cuentas del próximo ejercicio. 

Vox en Aragón ha vuelto sobre la cuestión de las restricciones y, por medio de su portavoz Santiago Morón, le ha planteado si no le parece “un despropósito” que Aragón legisle sobre el régimen jurídico de alerta sanitaria por arrogarse una atribución que a su juicio es de competencia estatal. Y Álvaro Sanz (Izquierda Unida) se ha interesado por las medidas contempladas por el Gobierno para facilitar el acceso a la Administración y agilizar los trámites para responder a las necesidades de las personas. 

La rueda de cuestiones dirigidas a los titulares de los diferentes departamentos ha comenzado con una primera ronda de seis interpelaciones en la que el PP ha escrutado las materias sanitaria, social y de infraestructuras. Ana Marín le ha pedido explicaciones a la responsable de Sanidad, Sira Repollés, por la afección que la pandemia está causando en los tratamientos oncológicos y ha recuperado la cuestión de la radioterapia para los hospitales de Teruel y Huesca. Su compañera de grupo Marián Orós le ha pedido información a la consejera de Ciudadanía, María Victoria Broto, sobre el desarrollo de la Ley de garantías y derechos de las personas con discapacidad tras más de un año de su aprobación. Y Joaquín Juste ha solicitado al consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, una respuesta a raíz del estado de abandono del mantenimiento de la vías aragonesas que recoge el informe de la Asociación Española de Carreteras.

Más en concreto, el diputado de Ciudadanos Ramiro Domínguez le ha preguntado por los planes de mejora para las carreteras turolenses. Por su parte, Álvaro Sanz ha aludido a cuestiones como el plan de refuerzo, los protocolos sanitarios, la educación  especial y los servicios de comedor y madrugadores para plantearle al titular de Educación, Felipe Faci, cuál ha sido el incremento de personal acorde a esas necesidades. Y Santiago Morón ha debatido con el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, sobre el criterio de la saturación de fertilizantes de origen ganadero para permitir la ampliación de explotaciones de porcino. Un pujante sector en Aragón que ha motivado dos interrogantes de Morón y Domínguez sobre la peste porcina africana. Éste último también le ha recordado a Olona las ayudas comprometidas al ganado bravo tras las iniciativas de impulso aprobadas en la Cámara. 

Posteriormente, PP y Ciudadanos se han centrado en el titular de Vertebración José Luis Soro, al que el popular Joaquín Juste ha preguntado por el retraso en el pago de las ayudas al alquiler de vivienda y por las declaraciones de la consejera de Sanidad en las que asumió como inevitable la pérdida de población en Teruel, mientras que el diputado de la formación naranja lo ha hecho sobre la urbanización del cuartel general Ricardos de Barbastro y sobre el futuro de la línea de autobús Madrid-Teruel.

Los recursos para poner freno a la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales han centrado el resto de la sesión plenaria. Marián Orós (PP) ha preguntado a la consejera de Ciudadanía, María Victoria Broto, si la DGA ha cubierto los gastos en pruebas PCR para trabajadores a los han hecho frente las residencias. Susana Gaspar (Ciudadanos) ha planteado a Sira Repollés si su Departamento valora el uso de test rápidos como hacen las regiones de Madrid, Murcia y Andalucía. Y Pilar Gayán (PP) ha pedido medidas a la responsable de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz, para lograr la plena implantación de la aplicación móvil Radar Covid. Analizadas las herramientas de detección, PP y Ciudadanos han ido a sus efectos. Pilar Gayán ha debatido con Díaz sobre las medidas para frenar los contagios en los colegios mayores y Carlos Trullén ha intercambiado argumentos con el consejero Felipe Faci a cuenta de cómo garantizar la igualdad de oportunidades para los alumnos en cuarentena. 

Marta Fernández (Vox en Aragón) ha pedido cuentas a la consejera Maru Díaz porque Teruel haya quedado fuera del programa de extensión de banda ancha de nueva generación Y Mar Vaquero ha hecho lo propio con la responsable de Presidencia, Mayte Pérez, por el recorte de 2,5 millones de euros a las comarcas en el ejercicio de 2020. Pérez aún ha atendido una cuestión más formulada por Beatriz García (Ciudadanos) sobre los problemas registrados con los trámites del registro civil.

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