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Espacio Derechos Sociales, Plataforma Tercer Sector, Colectivo Dignidad Zaragoza y Centro Tramalena aportan ideas sobre la ayuda complementaria del ingreso mínimo vital

Espacio Derechos Sociales, Plataforma Tercer Sector, Colectivo Dignidad Zaragoza y Centro Tramalena aportan ideas sobre la ayuda complementaria del ingreso mínimo vital
Los cuatro colectivos sociales participan en una nueva sesión de trabajo de las Audiencias Legislativas para la tramitación del proyecto de ley sobre la futura prestación autonómica tras la reciente puesta en marcha de la percepción de carácter estatal

Las Audiencias Legislativas que se vienen celebrando en el procedimiento de elaboración del proyecto de ley que regulará la prestación aragonesa complementaria al Ingreso Mínimo Vital del Estado han recibido este mediodía las aportaciones de las entidades sociales Centro Tramalena, Colectivo Dignidad Zaragoza, Plataforma Tercer Sector y Espacio Derechos Sociales. 

Sus cuatro portavoces han coincidido en denunciar las dificultades que los demandantes de estas ayudas están encontrando para su tramitación y han reclamado asistencia presencial para recibir información, mayores facilidades para su reconocimiento y que la cantidad percibida no se vea reducida por pasar del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) al Ingreso Mínimo Vital (IMV).  

Marina Pardo, del Centro Tramalena, ha denunciado el “atasco monumental” que se viene produciendo en la tramitación de estas solicitudes, 15.458 en Zaragoza hasta mitad de octubre, de las que sólo se han aprobado 1.395 y únicamente se han abonado 371. Esto está aumentando “el sufrimiento y la desprotección” de las familias necesitadas de una ayuda, incluidas aquellos perceptores del IAI que no han podido solicitar el IMV por falta de información o enfermedad. Además ha advertido que el desarrollo normativo puede dejar fuera a aquellos inmigrantes y víctimas de violencia de género, trata o explotación sexual sin regularizar, los menores emancipados y menores de treinta años que vivan solos y no tengan nueve meses cotizados y los mayores de 65 años sin derecho a pensión no contributiva ni al IMV.     

De “monumental chapuza envuelta en un denso tufo propagandístico” ha calificado José María León, del Colectivo Dignidad Zaragoza, la articulación e implementación de la “buena idea” que, a su juicio, representa el IMV, que, sin embargo, está suponiendo “un quebradero de cabeza más por miedo a perder los escasos recursos con los que contábamos”. De León ha aludido a las dificultades para tramitar la nueva prestación por la falta de medios propios, la brecha digital, la ausencia de ayuda por parte de unos trabajadores sociales saturados y “el laberinto” de documentos a presentar. Por ello, ha reclamado “la simplificación y agilización” de la burocracia con un lenguaje “claro” y el incremento de medios humanos como alternativa a la tramitación telemática. También ha pedido que el cambio de ingreso no suponga una merma monetaria, que no se excluya a quienes se ven obligados a compartir vivienda y que se incluya a quienes queden fuera del IMV. “Estamos cansados de eslóganes vacíos de nadie se va a quedar atrás, es mentira”, ha sentenciado.       

Por su parte, Francisco Galán, de la Plataforma Tercer Sector, ha abogado por que la nueva regulación sea una ley “de máximos” que busque “la mayor cobertura y cuantía económica y no sólo en los territorios masificados”, que también resulte “dinámica” para adaptarse a situaciones de exclusión que puedan darse en el futuro como ahora ocurre con la exclusión tecnológica, que entraña el riesgo de provocar un incremento de la “desafección social y de la desigualdad”. Además ha abogado porque la normativa no se limite a la atención directa sino que sea “una palanca” para acabar con las desigualdades abordando problemas como los déficits estructurales de vivienda, la capacitación laboral y la educación. Y ha defendido que la transición entre prestaciones no suponga una pérdida de las cuantías que ahora perciben y que responda a un proceso “próximo y cercano” al ciudadano, por lo que “no debe ser exclusivamente digital”. Por último, ha solicitado que se establezcan “criterios homogéneos” en los itinerarios que faciliten el apoyo de las entidades sociales.  

La sesión de trabajo parlamentario la ha cerrado la representante de Espacio Derechos Sociales, Belén Mayayo, quien ha advertido de “la grave situación económica” que sufren muchas familias hasta el punto de perder sus viviendas por quedarse fuera del IMV, por cobrar cuantías “mucho más bajas” que las del IAI, por las demoras de casi tres meses en las prestaciones contributivas y no contributivas del SEPE, incluidos los ERTEs, y porque los servicios sociales de Zaragoza están “bajo mínimos”. “Con un IMV aprobado, no puede ser que haya personas que con una prestación reconocida tengan que ir a pedir comida enlatada a las oenegés”, ha criticado. En ese sentido, ha asegurado no comprender la prisa de la DGA por derogar el IAI sin estar lista la regulación del IMV. Por ello, ha solicitado restablecer de forma transitoria el IAI, que para la prestación complementaria no se establezcan las mismas condiciones que para el IMV y que las cuantías sean al menos iguales a las del IAI, que la ayuda de integración familiar sea compatible con la regional o la nacional y que se reconozca la realidad de quienes comparten piso o viven en una residencia. 

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