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El presupuesto del IASS incorpora 50 millones de euros del Estado del IMV y 33 millones del fondo React-UE para alcanzar un total de 407 millones para 2021

El presupuesto del IASS incorpora 50 millones de euros del Estado del IMV y 33 millones del fondo React-UE para alcanzar un total de 407 millones para 2021
La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, ha desgranado la parte de los Presupuestos de la Comunidad que atañe a su Departamento, que gestionará más de 443 millones de euros, un 15 por ciento más respecto al ejercicio actual

“Sólido, riguroso, adecuado, eficaz, realista, flexible” han sido algunos de los adjetivos que ha utilizado la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, para presentar a la Cámara autonómica el presupuesto de su Departamento en 2021, que, con un crecimiento del 15,27 por ciento respecto a 2020, alcanzará los 443.359.096,60 euros, una cifra detallada hasta el céntimo que, no obstante, contempla la inclusión, todavía no atada, de las aportaciones de unos 50 millones de euros procedentes del Estado a cuenta del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y otros 33 millones de euros más, en este caso llegados de los fondos europeos React-UE que, con carácter finalista, sufragarán con once millones de euros nuevos equipamientos públicos para cuidados de larga duración, residencias y centros de día, otros 6,5 millones de euros para la adaptación de estructuras residenciales y otros 4 millones de euros para los gastos a los que el Tercer Sector ha tenido que atender en material de protección contra la pandemia. 

Estas cuentas responden a una situación “extraordinaria” y tienen como objetivo fundamental “mantener y reforzar los derechos de la ciudadanía, proteger a los más vulnerables y seguir afianzando el sistema de servicios sociales como cuarto pilar del Estado del bienestar”, según ha establecido la responsable del Ejecutivo autonómico. 

El IASS, al que se le asignan 407 millones de euros, verá modificada su actividad según ha explicado la consejera, por la entrada de los fondos estatal y europeo ya mencionados, por lo que los planes más concretos del Departamento pasan por mantener tanto el presupuesto del Ingreso Aragonés de Inserción (40 millones de euros) para “dar seguridad a las familias”, como la partida de cinco millones de euros para los centros covid, cuyo uso se prolongará en el tiempo.

También planea incrementar un treinta por ciento la plantilla de inspección, tratará de acabar con la demora en la valoración y reconocimiento de la discapacidad y la dependencia, creará una fundación pública para atender la creciente demanda de personas tuteladas y ampliará la cobertura para personas dependientes con 89 millones de euros para prestaciones directas, 69,5 millones de euros para prestaciones económicas vinculadas al servicio y cuidados en el entorno familiar y 19,5 millones de euros para la ayuda a domicilio. Además, las plazas concertadas en el sector de la atención a las personas mayores y personas con discapacidad crecerán un 2,5 por ciento y el presupuesto para las personas con discapacidad alcanzará los 47 millones de euros. 

Por su parte, el área de Ciudadanía dispondrá de 28 millones de euros, de los que 1,2 millones de euros llegarán al Gobierno Abierto e Innovación Social para avanzar en materia de transparencia y participación ciudadana, 5,2 millones serán para la Dirección General de Cooperación al Desarrollo e Inmigración, el apoyo integral recibirá 1,5 millones de euros, mientras que la Dirección General de Igualdad y Familias, dotada con 3,3 millones de euros, llevará al Parlamento las leyes de atención a las familias y el desarrollo de la ley trans y de igualdad y protección integral contra la discriminación por la orientación sexual, expresión e identidad de género.

Otras tareas que abordará Ciudadanía, según ha informado Broto, serán la introducción de mejoras tecnológicas para flexibilizar trámites administrativos como la expedición del título acreditativo de familias numerosas y monoparentales, la mejora de la cobertura, la seguridad y la calidad del servicio de los puntos de encuentro familiar y la creación de “espacios alternativos de conciliación” para favorecer la corresponsabilidad de la vida laboral y familiar. 

Por último, Protección de Consumidores y Usuarios gestionará un presupuesto de 2,8 millones de euros del que saldrá una línea de apoyo para las asociaciones y las entidades locales y el Instituto Aragonés de la Juventud recibirá casi siete millones de euros que serán empleados, entre otras materias, en el retorno de talento joven aragonés, la mejora de las residencias juveniles Baltasar Gracián y la de la Almunia y la reforma del centro Luis Buñuel de Teruel, que, en todo caso, ha concurrido al FITE.   

Pilimar Zamora, diputada del Partido Socialista, ha expuesto que “la emergencia sanitaria ha evidenciado carencias, pero también la fortaleza de los servicios sociales” porque las políticas sociales “han sido una prioridad para el Gobierno de Lambán, incrementándose un 54%, más de 1.500 millones de euros” desde 2015. “Estas cuentas, además de atender la pandemia, pretenden defender los servicios básicos del Estado del Bienestar”, ha concluido.

La diputada del Partido Popular Marián Orós ha asegurado que la consejera “ha traído el peor presupuesto en el peor momento” y le ha preguntado “dónde está la expansión presupuestaria para los más vulnerables de Aragón”. En este sentido, ha criticado que “es una apuesta suicida” que presupuesten los 33 millones de los fondos React-UE, que todavía no se sabe “cuándo, cómo y en qué condiciones van a llegar, si llegan”.

Loreto Camañes, diputada de Ciudadanos, ha valorado que el enfoque de los presupuestos sea “fortalecer los servicios sociales y proteger a los más azotados” durante la crisis sanitaria. Ha señalado que “la responsabilidad política” que exige el momento “pasa por arrimar el hombro en estas cuentas” y estar “predispuesta al diálogo para conseguir un amplio consenso para sacar adelante unos presupuestos que ayuden a los aragoneses que peor lo están pasando”.

Por parte de Podemos, la diputada Erika Sanz ha pedido a la consejera que “haga todo lo posible para fortalecer los servicios sociales como eje fundamental de las políticas públicas”. En este sentido, ha defendido que “Aragón debe liderar, desde el Departamento de Ciudadanía, la política respecto al sistema público de servicios sociales”. Además, ha hecho hincapié en que en los presupuestos de 2021 “va a ser necesario priorizar y gestionar bien”.

Carmen Martínez, diputada de Chunta Aragonesista, ha celebrado que “el estar viviendo con la COVID no impida, sino todo lo contrario, ejercer los derechos de ciudadanía”. También ha mostrado su satisfacción por que las políticas de juventud “tengan su espacio en la acción de Gobierno porque en la pasada crisis se olvidaron de los jóvenes y de su participación”. Por último, ha instado a la consejera a desarrollar la Ley Trans y la Ley LGTBI, aprobadas la legislatura pasada.

Desde Vox, el diputado David Arranz ha puesto de relieve que “llama la atención la disminución del presupuesto del IASS de un millón de euros” porque “no se entiende que en un momento de máxima urgencia social no se refuerce este presupuesto”. En su opinión, esto supone que “muchos sectores vulnerables con demandas sociales no van a tener ayudas suficientes, lo que les abocará a la desesperación”.

Esther Peirat, diputada del Partido Aragonés, ha subrayado que su grupo comparte que el objetivo del presupuesto sea “no dejar a nadie atrás, una labor complicadísima”. Además, ha señalado “que refleja el compromiso social del Gobierno de Aragón, en un momento en el que los mayores se están viendo tan afectados, ahí es donde debemos sumar esfuerzos”.

Por último, el portavoz de Izquierda Unida, Álvaro Sanz, ha defendido que el presupuesto de este Departamento “debería servir para abordar la dimensión social que va a tener la faceta económica de la crisis”. En este sentido, ha considerado que “lo que nos tiene que ocupar es que las brechas existentes no se incrementen y facilitar un espacio de cobertura para los que están al borde de caer en la vulnerabilidad”. Además, ha lamentado “la ausencia del debate de cuidados en el ámbito de propósitos”.

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