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Sira Repollés y María Victoria Broto coinciden en destacar el protocolo de coordinación entre ambos departamentos para mejorar la atención de los centros residenciales

Sira Repollés y María Victoria Broto coinciden en destacar el protocolo de coordinación entre ambos departamentos para mejorar la atención de los centros residenciales
Las titulares de Sanidad y Ciudadanía y Derechos Sociales han comparecido en la undécima y última sesión de trabajo de la Comisión especial de estudio sobre la red de centros asistenciales de mayores de Aragón, en la que, a lo largo de cuatro meses, ha recibido las aportaciones de más de treinta expertos y representantes de asociaciones, empresas gestoras, agentes sociales y del Consejo Aragonés de las Personas Mayores

La Comisión especial de estudio sobre la red de centros asistenciales de mayores de Aragón ha culminado esta mañana el periodo de comparecencias desarrollado a lo largo de los últimos cuatro meses con las intervenciones de las consejeras de Sanidad, Sira Repollés, y de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, quienes han trasladado a los grupos sus conclusiones sobre la necesidades de mejora de los centros residenciales, especialmente a raíz de la crisis sanitaria de la Covid-19, que entre marzo y junio de este año ocasionó la muerte de más de 760 residentes.  

 

En primer lugar, la titular del Departamento de Sanidad ha asegurado que la pandemia pilló a todos “desprovistos de la protección, la formación y las estructuras de colaboración necesarias” y ha estimado como “dispares” la atención sanitaria y la coordinación con las residencias, con diferencias según fueran el entorno rural o urbano y el tamaño de las residencias. Así, ha reconocido “problemas concretos” en zonas de salud con un número elevado de centros residenciales o de gran tamaño, además de “deficiencias estructurales” en los centros, en la dotación y formación específica del personal y en los medios que al principio impidieron bajo su punto de vista una correcta sectorización y prevención de la transmisión.  

 

Repollés ha asumido “la gran ansiedad” que esta situación provocó en los centros, “el aislamiento” al que se sometió a los pacientes y el “mucho dolor” que ocasionó entre las familias, pero ha defendido la “rápida reacción” del Ejecutivo para “crear las redes y los sistemas de información necesarios para sostener la situación y mitigar el impacto de la salud en las personas” y el haber “estrechado lazos de colaboración” con Ciudadanía. En ese sentido, la consejera ha alabado el papel del personal sociosanitario, que a su juicio “se desvivió” por el cuidado de los mayores, ha asegurado que los mayores institucionalizados tienen garantizada la asignación a un centro de salud, un médico de familia y una enfermera de referencia y ha destacado iniciativas como las de los dispositivos residenciales intermedios, los grupos Edore, los equipos de Atención Primaria y la herramienta de seguimiento SIRcovid. 

 

Por su parte, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, ha destacado la labor de la Comisión especial de estudio porque “se necesitaba un debate sereno para plantear los retos que supone un inevitable cambio del modelo residencial”, pero ha hecho hincapié en la necesidad de “complementarla con un debate social más ambicioso y amplio sobre el modelo de cuidados”.

 

Broto ha insistido en que “los centros residenciales no pueden dejar de ser aquello para lo que fueron diseñados, lugares de convivencia y no para el aislamiento, porque son su casa”. En este sentido, ha señalado “cinco cuestiones claves” para aportar al debate de la Comisión: “La importancia del sistema público de los Servicios Sociales, la coordinación con Sanidad, la inspección y ordenación, la transparencia y la financiación del sistema”.

 

Con todo el material que durante los últimos cuatro meses han ido aportando los diferentes comparecientes, los diputados comisionados Pilimar Zamora (PSOE), Marián Orós (PP), Loret Camañes (Ciudadanos), Erika Sanz (Podemos EQUO Aragón), Carmen Martínez (CHA), David Arranz (Vox en Aragón), Esther Peirat (PAR) y Álvaro Sanz (IU) afrontarán a partir de ahora la tarea de elaborar un informe que recoja y sintetice las principales conclusiones.

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