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Nota de prensa

El tejido social aragonés remarca la necesaria colaboración de los funcionarios para el éxito de la simplificación administrativa

El tejido social aragonés remarca la necesaria colaboración de los funcionarios para el éxito de la simplificación administrativa
Las principales centrales sindicales, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, Ecologistas en Acción, el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, UAGA, ASAJA Aragón, UPA, el Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio y las cooperativas agroalimentarias participan en la segunda sesión de las audiencias legislativas en relación con la tramitación del nuevo proyecto de ley

La segunda sesión de trabajo de las Audiencias Legislativas en relación con el proyecto de ley sobre simplificación administrativa ha sumado esta mañana las consideraciones de once nuevos intervinientes entre agentes sociales, entidades de derecho público, asociaciones y órganos consultivos que han ido en la línea general de celebrar el propósito general de reducir la carga de trámites administrativos, señalar como aspecto clave el compromiso y colaboración de los funcionarios públicos y apuntar una serie de aspectos a mejorar.  

  

Daniel Alastuey,  secretario general de UGT Aragón, ha considerado que la ley llega en un momento “oportuno” ante las carencias del aparato administrativo y su “muy bajo” nivel de digitalización, pero ha advertido que no será el “bálsamo de fierabrás” y requerirá de la “absoluta complicidad” de los empleados públicos y las organizaciones sindicales. 

 

Manuel Pina, secretario general de CCOO Aragón, se ha mostrado de acuerdo en mejorar la relación con las Administración mediante un proceso de digitalización que, a su juicio, requerirá “mucha formación” dirigida a los empleados públicos y los ciudadanos para “no abrir nuevas brechas”, y ha reclamado que la simplificación garantice la legalidad y la seguridad en cuestiones como los datos, las declaraciones responsables y el silencio administrativo. 

 

Luis Zubieta, presidente Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, ha destacado “la especial implicación” de su organización en el impulso de este proyecto y por ello ha reclamado que la futura ley no excluya, como sí hace ahora, a las administraciones locales del régimen general del silencio administrativo positivo y que se adapten los textos legales referidos a los montes y las vías pecuarias. 

 

Mónica de Cristóbal (CSIF Aragón) ha criticado el “deficiente uso” de la técnica legislativa de un proyecto “que llega tarde” y “pone en peligro” la integridad de las plantillas porque introduce agentes externos, crea unidades transitorias que supondrán “un menoscabo retributivo” y no garantiza la formación del personal, al que le somete a medidas de atribución temporal “forzosas y sin transparencia”. 

 

Por Ecologistas en Acción, Paco Iturbe ha trasladado su “perplejidad” por la amplitud de la reforma de esta ley, se hace sin información pública e invoca a lo excepcional “pero anuncia que sus cambios serán permanentes”. Por ello ha reclamado “una reflexión” ante peligros como la obstaculización del control de lo público y la imposibilidad de reparar los daños ocasionados al medio ambiente. Junto a éste, su compañero Jesús Maestro ha criticado que la agilización administrativa se haga a costa de dificultar todavía más la labor de inspección, no exigir la acreditación de la imparcialidad, convertir el silencio administrativo “en un coladero” y limitar el plazo para la presentación de informes en cuestiones de medio ambiente.  

 

Por parte del  Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza, Lucio de la Cruz ha brindado su respaldo al proyecto de ley con una serie de “matices” para garantizar la seguridad de los ciudadanos, como la necesidad de entregar la documentación en el momento de la solicitud en la declaración responsable, así como reforzar los requisitos que deben cumplir las personas jurídicas cuando actúen como entidades colaboradoras de certificación.  

 

Pablo Martínez (UAGA Aragón) ha considerado que la simplificación administrativa “siempre es bienvenida” y por ello ha reclamado reducir el papeleo en la declaración de la PAC. Además ha pedido atención a la relación con el sector energético ante el “nulo beneficio” que los propietarios obtienen a cambio de los caminos de acceso a las infraestructuras de evacuación y ha solicitado que los trazados se justifiquen “convenientemente”.     

 

Desde ASAJA Aragón, Ángel Samper ha apuntado que el éxito de la reforma necesita de la colaboración de los empleados públicos y de una redacción “clara y concisa” de las normas que no deje margen para la interpretación subjetiva, casi siempre contraria al administrado. Por ello ha estimado “descorazonador” el larguísimo listado de excepciones del artículo referido al silencio administrativo y el “cajón de sastre” de las entidades colaboradoras.   

 

José Manuel Roche, de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), ha solicitado que la digitalización tenga en cuenta las “peculiaridades” del sector agrario y del medio rural para no aumentar la brecha ya existente y que la futura ley “no quede en una declaración de intenciones” y traiga mejoras como poder conocer “en todo momento” el estado de las solicitudes y que las ayudas se tramiten con “máxima urgencia y prioridad”. 

 

Paz Montenegro (Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio) ha llamado a una “adecuada gestión del cambio” de la Administración mediante la implicación de su personal, ha propuesto incorporar a la memoria de los nuevos proyectos un estudio de las cargas administrativas, aclarar el concepto “particulares”, ha resaltado la importancia del intercambio de datos entre administraciones y ha reclamado la inclusión de las Cámaras en las entidades colaboradoras de la certificación.    

 

Por último, Pilar Nogueras (Cooperativas Agroalimentarias de Aragón) ha trasladado el “apoyo total” de su organización a la simplificación y digitalización administrativa y el silencio administrativo positivo ante problemas como “la indefensión” que provoca recurrir sin conocer los motivos del rechazo, la presentación en papel de los libros de contabilidad, la exigencia de los libros sociales o la declaración de extravío.   

 

Todas estas consideraciones han sido recogidas por los grupos presentes en la Sala Giménez Abad y que en esta ocasión han estado representados por los parlamentarios  Darío Villagrasa y Beatriz Sánchez (PSOE), Pilar Cortés y Ana Cristina Sainz (PP), Beatriz García (Ciudadanos),  Vanesa  Carbonell (Podemos EQUO Aragón), Carmen Martínez (CHA), David Arranz (Vox en Aragón), Jesús Guerrero (PAR) y Álvaro Sanz (IU).

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