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La Comisión Institucional cierra las audiencias legislativas del proyecto de ley de simplificación administrativa con las aportaciones de otras doce entidades

La Comisión Institucional cierra las audiencias legislativas del proyecto de ley de simplificación administrativa con las aportaciones de otras doce entidades
Este trámite legislativo ha cerrado su tercera jornada con las intervenciones del lugarteniente del Justicia y el presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, así como representantes de diferentes colegios profesionales, el colectivo de autónomos, el clúster de la energía, CERMI y la plataforma del tercer sector

La tercera y última jornada de las Audiencias Legislativas en relación con el proyecto de ley sobre simplificación administrativa ha recibido esta mañana en el hemiciclo de las Cortes de Aragón las aportaciones de doce nuevos representantes del tejido social aragonés, entre los que han comparecido el lugarteniente del Justicia y el presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón completando un proceso participativo que ha contado con un total de veinticinco intervinientes.  

 

Desde el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, su decano, Antonio Morán, ha considerado que, “por muy bien redactada que quede esta ley, quedarán pendientes su desarrollo reglamentario y la modificación de la mentalidad del empleado público”, mientras que desde el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja, su secretario, Iván Pineda, ha puntualizado que el actual redactado de la ley sobre las entidades colaboradoras conlleva el riesgo de una “concentración excesiva de poder” en manos de multinacionales y que se obvia el papel de los colegios profesionales para la tarea de la simplificación administrativa.

 

El punto de vista de los trabajadores por cuenta propia lo han trasladado representantes de la Asociación de Autónomos de Aragón (UPTA Aragón) y la Asociación de Trabajadores Autónomos de Aragón (ATA Aragón). Desde la primera entidad, Álvaro Bajén ha criticado la derogación del registro de autónomos y del fondo de globalización que conlleva esta ley y ha alertado del peligro de que la digitalización genere “sociedades frías”. Por su parte, Maite Mazuelas, de ATA, ha pedido “celeridad” a los grupos para aprobar una ley que permita una Administración “más ágil, accesible y colaborativa, una Administración amiga”.

 

También ha fijado su posición el El Justiciazgo de Aragón mediante la intervención de su lugarteniente, Javier Hernández, quien ha estimado que “con medios y voluntad, la norma actual sería suficiente”, por lo que ha advertido que la reducción de plazos y la simplificación administrativa “de poco servirán si se producen dilaciones indebidas”. En el caso del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Zaragoza, su portavoz, Alicia Vilches, ha reclamado que el texto tenga en cuenta “la realidad de los pequeños municipios” para adaptar a sus circunstancias los artículos referidos a las entidades colaboradoras.

 

Por su parte, el catedrático de Derecho Administrativo José María Gimeno ha apostado por “eliminar la burocracia innecesaria” para hacer una “mejor y más inteligente regulación de la gestión de lo púbico” y “avanzar en reforzar el principio de seguridad jurídica”. Desde el Clúster de la Energía de Aragón, su presidente, Pedro Machín, ha celebrado la elaboración de esta ley. “Es necesario modernizar, digitalizar y homologar las tramitaciones administrativas”, ha reclamado este representante.

 

 “Que rompa esa falsa dicotomía entre administrador y administrado como si fueran independientes”. Este objetivo debe tener, en palabras de Francisco Galán, presidente de la Plataforma Tercer Sector, la nueva ley que se tramita en la Cámara, cuestión a la que, desde CERMI, Patricia Hernández Bernal ha añadido que la futura ley “tiene aspectos enormemente beneficiosos”, pero ha matizado que “todas las personas no somos iguales” y, en este sentido, “la accesibilidad cognitiva no siempre está presente”. El presidente de la Cámara de Cuentas, Alfonso Peña, encargado de cerrar estas audiencias, ha compartido “la aspiración” del texto, pero ha advertido que “la reforma no será posible con un modelo de función pública agotado y sin competencias digitales”.

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