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El Parlamento autonómico da el visto bueno a la Ley sobre Simplificación Administrativa

El Parlamento autonómico da el visto bueno a la Ley sobre Simplificación Administrativa
El Pleno de las Cortes culmina la tramitación en menos de dos meses del texto legislativo impulsado para promover la mejora de los procesos regulatorios, de gestión y organización de la Administración mediante la transformación digital y la reducción de cargas

Las Cortes de Aragón han aprobado el proyecto de ley sobre Simplificación Administrativa con el que Aragón pretende favorecer el desarrollo de iniciativas empresariales en la Comunidad ante la crisis económica derivada de la pandemia y llegada de los fondos europeos. 

 

La exposición de motivos del proyecto de ley defiende el impulso de un “programa de simplificación y mejora regulatoria” en el marco de la Estrategia Aragonesa, en cuya medida 269, por ejemplo, se llama a avanzar hacia una Administración “papel cero” mediante el impulso del expediente electrónico y los mecanismos simplificados de gestión, como la declaración responsable (medida 270). “El sector público será insostenible, imposible de gestionar, si no se sale al paso de la tendencia a introducir cada vez más y más compleja regulación, aun cuando sea con propósitos tan poco cuestionables en sí mismos como garantizar la transparencia, la integridad, la eficacia y eficiencia en la gestión pública y combatir al mismo tiempo la corrupción. Más regulación, sin embargo, no parece ser siempre la respuesta más adecuada para lograr todos estos objetivos”, argumenta un texto cuyo articulado modifica varias normativas como la Ley de Subvenciones, la LOTA, la LUA, la Ley de Contratos del Sector Público o la Ley de Apoyo y Fomento al Emprendimiento en Aragón.      

 

El Pleno de la Cámara ha sometido hoy a debate y votación el dictamen emitido por la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario cuya presentación ha corrido a cargo de la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, culminando así la tramitación de un proyecto legal que se ha sustanciado en apenas dos meses tras ser registrado por el Gobierno de Aragón el pasado 28 de diciembre y ser publicado en el BOA el pasado cinco de enero. 

 

Por acuerdo de la Junta de Portavoces y con el propósito de recortar los plazos (artículo 162.4 del Reglamento de las Cortes), el texto, que no cuenta con memoria económica, no fue sometido al debate a la totalidad y prosiguió su tramitación en el órgano sectorial Institucional, donde se celebraron tres sesiones de Audiencias Legislativas en las que más de una veintena de representantes del tejido social de la Comunidad realizó sus aportaciones a un texto para el que también se abrió un periodo para la presentación de enmiendas ciudadanas que concluyó el pasado veintiuno de enero. 

 

Los grupos parlamentarios, por su parte, presentaron 324 enmiendas parciales, de las que los cuatro grupos que forman el acuerdo de gobierno firmaron 17, el PP planteó  106, Ciudadanos 40, Vox en Aragón 28 e IU 133. Todas ellas fueron analizadas en la Ponencia constituida el pasado 1 de febrero y que contó con la presidencia del diputado socialista Darío Villagrasa, que ha intervenido para hacer un balance sobre el trabajo desarrollado en el que se aceptaron o transaccionaron un total de ochenta y dos enmiendas. También formaron parte de la Ponencia Carmen Susín (PP), Beatriz García (Cs), Vanesa Carbonell (Podemos), Joaquín Palacín (CHA), David Arranz (Vox), Jesús Guerrero (PAR) y Álvaro Sanz (IU).

 

En el debate de hoy han intervenido, además del socialista Darío Villagrasa, Carmen Susín (PP), Daniel Pérez (Ciudadanos), Vanesa Carbonell (Podemos EQUO Aragón), Joaquín Palacín (CHA), David Arranz (Vox en Aragón), Jesús Guerrero (PAR) y Álvaro Sanz (IU).

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