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UGT Aragón exige que el SALUD deje sin efecto el anuncio de licitación de los servicios de limpieza y negocie cláusulas de mejora en los pliegos

UGT Aragón exige que el SALUD deje sin efecto el anuncio de licitación de los servicios de limpieza y negocie cláusulas de mejora en los pliegos
La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo del sindicato ha planteado la reversión del servicio tras denunciar la falta de control sobre el cumplimiento de unos contratos en los que “impera el ahorro presupuestario” y que provocan la pérdida de calidad de la labor y la sobrecarga de trabajo de las limpiadoras

La  Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Aragón ha exigido al SALUD que deje sin efecto la reciente anuncio de licitación de sus servicios de limpieza como primer paso para entablar una negociación en la que se anuncia que planteará cláusulas “viables y legales” para mejorar los servicios de limpieza y las condiciones de trabajo. Así lo ha defendido Esteban Lauroba, secretario de acción sindical y comunicación de la agrupación durante su intervención en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos, en la que también ha planteado los beneficios que supondría la reversión del servicio.

 

El sindicato ha denunciado que el incremento “exponencial” de los presupuestos base de la licitación a cuatro años (111 millones en 2010, 149 millones en 2016 y 188 millones en 2021) no ha redundado ni en una mejora de los servicios, por el criterio imperante del “ahorro presupuestario”, ni en la calidad y la estabilidad del empleo, ni en la formación de las trabajadoras y la vigilancia de su salud para evitar el absentismo fruto de la dureza de la labor, pero también, a su juicio, de “la sobrecarga” de trabajo por la “merma” de unas plantillas formadas por trabajadoras con una media de edad “bastante avanzada” y “con problemas físicos” que cada vez tienen que asumir más tareas y metros cuadrados a limpiar. 

 

Lauroba ha criticado que esa precarización se debe a “la aberración política consentida” que, a su juicio, supuso la decisión del SALUD en 2016 de dejar en manos de la contratista cómo se debe limpiar un hospital, lo que supuso el empeoramiento de las condiciones del servicio. Además, ha hecho responsables a “la mayoría de las direcciones de los centros y al propio SALUD” por la “falta de supervisión, seguimiento y control en la ejecución de los contratos de prestación de servicios y criticado “la opacidad y falta de transparencia” en el acceso a la documentación de los contratos, lo que permite que la Administración sea “engañada” por unas contratistas que, según ha denunciado, “tienen cierta tendencia a maximizar su tasado margen de beneficio industrial a base de inclumplir sus obligaciones”. 

 

Entre sus principales reivindicaciones, UGT Aragón ha planteado la sustitución de las presencias de trabajadoras en situación de incapacidad temporal prolongada con el primer parte de confirmación, que el SALUD determine el número de contratos indefinidos mínimos en cada centro, que otorgue mayor puntuación para las empresas que se comprometan a la conversión de contratos a tiempo parcial a vínculos a tiempo completo, que obligue al desarrollo de una bolsa de contratación, establezca mecanismos de participación para el control y fiscalización de los contratos con acceso completo a la toda la documentación y que contemple mecanismos de promoción profesional y la adaptación de los puestos y las cargas en función de la salud y edad de las trabajadoras.

 

El diputado socialista Sergio Ortiz ha recalcado que el personal de limpieza “no busca más sueldo, sino más profesionales” y ha denunciado que “la excesiva temporalidad afecta a la calidad de este servicio”. Desde el PP, el parlamentario José Antonio Lagüens ha agradecido su labor al colectivo “por dar el mejor servicio a pesar de la precariedad” y ha insistido en que “el SALUD y el Gobierno de Aragón deben hacer el seguimiento de este contrato público de servicios”.

 

Elisa Sacacia, en nombre de Ciudadanos, ha subrayado que “el Gobierno de Aragón debería mirar con lupa estos contratos y aplicar sanciones” en caso de ser necesario. Además, ha explicado que “no se puede tirar a las manos del primer precio porque luego pasa lo que pasa”. El diputado de Podemos Nacho Escartín ha criticado “las anomalías democráticas y las deficiencias de un sistema que deja los derechos de los trabajadores en manos del negocio”. Además, ha fijado como una “meta la internalización del servicio”.

 

La diputada Isabel Lasobras de CHA ha lamentado que “los procesos de licitación se conviertan en subastas” porque “el personal es un porcentaje muy alto del precio y se presentan ofertas donde disminuyen este personal”. Por parte de Vox, Santiago Morón ha lamentado que “se cargue toda la responsabilidad en la empresa adjudicataria y no en la voluntad política para resolver esta situación”. “Los dos tienen responsabilidades y a los dos se les debe exigir el cumplimiento de esos pliegos”, ha concluido.

 

Por último, el portavoz de Izquierda Unida, Álvaro Sanz, ha denunciado que “la privatización afecta a la calidad de los servicios” y ha calificado como “muy grave” que no se haga un buen seguimiento de esos contratos, “lo cual es bastante habitual”.

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