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El impacto de la COVID-19 en las residencias de mayores y supresión de servicios ferroviarios centran las intervenciones los responsables de Ciudadanía y Vertebración en el Pleno

El impacto de la COVID-19 en las residencias de mayores y supresión de servicios ferroviarios centran las intervenciones los responsables de Ciudadanía y Vertebración en el Pleno
A lo largo de la sesión plenaria también se ha aprobado el Dictamen relativo a la Proposición de Ley para adaptar el Derecho Foral al Pacto de Estado contra la Violencia de Género en materia de asistencia psicológica de los menores, y se han debatido un total de cinco proposiciones no de ley, de las cuales solo una ha salido adelante

La sesión plenaria de las Cortes de Aragón ha concretado esta mañana las comparecencias de los responsables de los departamentos de Ciudadanía y Vertebración del Territorio, y ha debatido un total de cinco proposiciones no de ley, de las cuales solo una ha salido adelante. Además, anteriormente, se ha aprobado el Dictamen de la Comisión Institucional, relativo a la Proposición de Ley por la que se modifica el «Código del Derecho Foral de Aragón», y el consejero de Hacienda y Administración Pública, Carlos Pérez Anadón, haciendo uso del artículo 240 RCA, ha informado sobre el Acuerdo del Gobierno de Aragón relativo a la reprogramación REACT-EU.

 

En primer lugar, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales ha atendido la solicitud presentada por Ciudadanos para informar sobre los datos facilitados por el Gobierno de España acerca de las muertes en residencias aragonesas a consecuencia de la COVID-19. Tras la intervención de la parlamentaria del grupo proponente Loreto Camañes, la titular del Departamento ha protagonizado un debate en el que también han intervenido los diputados Pilimar Zamora (PSOE), Marian Orós (PP), Erika Sanz (Podemos), Carmen Martínez (CHA), David Arranz (Vox), Esther Peirat (PAR) y Álvaro Sanz (IU).

 

La sesión plenaria ha continuado con la comparecencia del titular de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, quien, a demanda del G. P. Popular, ha expuesto la decisión del Gobierno de Aragón de suprimir servicios ferroviarios en varias líneas aragonesas. El parlamentario Joaquín Juste ha motivado su solicitud en un debate al que, posteriormente, se han sumado Fernando Sabés (PSOE), Carlos Ortas (Ciudadanos), Vanesa Carbonell (Podemos), Joaquín Palacín (CHA), Santiago Morón (Vox), Jesús Guerrero (PAR) y Álvaro Sanz (IU).

 

A lo largo del día se han debatido un total de cinco textos de impulso de los cuales solo ha prosperado uno dirigido a mostrar apoyo a los ganaderos aragoneses. No obstante, durante la sesión plenaria, también se ha debatido una iniciativa presentada por el G. P. Vox para implantar medidas para mitigar la interinidad en la Administración Pública, cuyos puntos se han votado por separado. El primer y el tercer punto han contado con los votos en contra de PSOE, Podemos, CHA y PAR, y la abstención del PP, mientras que en el segundo punto Ciudadanos también se ha posicionado en contra.

 

En la defensa de la iniciativa, David Arranz ha manifestado que “las funciones desempeñadas por los funcionarios públicos han sido siempre acometida por los trabajadores en desigualdad de oportunidades, la primera afecta a su régimen de contratación y la segunda a sus condiciones”. “Actualmente las administraciones públicas cuentan en sus unidades administrativas con plantillas en las que los trabajadores públicos temporales superan a los fijos”, ha añadido.

 

Tras la exposición de la proposición no de ley han tomado la palabra, desde los grupos enmendantes José Luis Saz (Ciudadanos) y Álvaro Sanz (IU). Posteriormente, han intervenido Leticia Soria (PSOE), Marta Prades (Podemos), Isabel Lasobras (CHA), Esther Peirat (PAR) y Álvaro Sanz (IU).

 

De igual forma, ha sido rechazada, con los votos en contra del cuatripartito, una proposición no de ley presentada por el G. P. Popular para que el «Convenio de Transición Justa» se rubrique antes del 1 de junio de 2021. El diputado popular Juan Carlos Gracia ha presentado el texto de impulso y ha asegurado que “las familias, las mujeres, los hombres y los jóvenes que viven en las Cuencas Mineras están hartos de tantas falsas promesas”. “El Gobierno de Aragón miente sobre la llegada de empresas, sobre la creación de cientos de puestos de trabajo, y queremos acabar con esta gran mentira del PSOE”, ha apuntado, al tiempo que ha declarado que “las familias que viven en los municipios afectados por el cierre de la central no se merecen este trato”.

 

La iniciativa ha contado con una enmienda conjunta del cuatripartito, que no ha sido aceptada por Gracia Suso. En su defensa han tomado la palabra Leticia Soria (PSOE), Marta Prades (Podemos), Isabel Lasobras (CHA) y Esther Peirat (PAR). Posteriormente también han expuesto su postura el resto de grupos parlamentarios, representados por Jara Bernués (Ciudadanos), Marta Fernández (Vox) y Álvaro Sanz (IU).

 

También ha decaído, con los votos en contra de PSOE, Podemos, CHA, PAR e IU, una iniciativa de Ciudadanos para incorporar de medidores de CO2 en establecimientos hosteleros. La diputada de la formación naranja Jara Bernués ha asegurado que “el virus se propaga de persona a persona a través de gotículas que caen rápidamente al suelo, pero también a través de los aerosoles, que hacen necesario ventilar de forma continua los espacios cerrados”. “La transmisión aérea de la COVID-19 se encuentra ampliamente respaldada y hace necesaria una evaluación precisa de la calidad del aire existente en todos los espacios compartidos”, ha concluido la diputada.

 

En el debate han participado también Enrique Pueyo (PSOE), Juan Carlos Gracia (PP), Erika Sanz (Podemos), Isabel Lasobras (CHA), Marta Fernández (Vox), Esther Peirat (PAR) y Álvaro Sanz (IU).

 

En última instancia, ha sido rechazado, con los únicos votos favorables de PSOE, Podemos, CHA e IU, un texto de impulso de IU sobre la reclamación de la titularidad del dominio y de otros derechos reales inmatriculados a favor de la Iglesia. El diputado de IU, Álvaro Sanz, en la exposición del texto ha recordado que “hace apenas unas semanas el Gobierno de la Nación, en cumplimiento con un acuerdo, hacía público un listado que abarca propiedades inmatriculadas por la iglesia católica en cualquiera de los estamentos entre 1998 y 2015”. Tal y como ha explicado el parlamentario, “en Aragón los bienes conocidos son más de dos mil, de los cuales solo ochenta aparecen con documento de propiedad” y “supone un escándalo democrático”.

 

Posteriormente, han tomado la palabra Ignacio Urquizu (PSOE), Fernando Ledesma (PP), Carlos Trullén (Ciudadanos), Nacho Escartín (Podemos), Joaquín Palacín (CHA), Marta Fernández (Vox) y Jesús Guerrero (PAR).

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