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22.10.2018
Actividad Parlamentaria

El Pleno solicita incrementar el parque público de viviendas en alquiler en Aragón con el objetivo de alcanzar los niveles disponibles en la Unión Europea

Podemos ha conseguido el apoyo de la Cámara para reclamar al Ejecutivo autonómico este incremento, mientras que el resto de los nueve puntos de la iniciativa han estado dirigidos al Gobierno central con propuestas como la de regular los alquileres abusivos


Zaragoza, 19/04/2018.-  Tras el voto en positivo de PSOE y Grupo Mixto, la abstención de Ciudadanos y PP, y el voto en contra del PAR, Podemos ha conseguido sacar adelante, en la jornada plenaria de hoy, una iniciativa de impulso de vivienda con diez puntos en materia de vivienda. Concretamente, esta proposición no de ley insta al Ejecutivo aragonés a establecer un plan para para incrementar el parque público de viviendas, mientras que al Gobierno central le solicita medidas para regular los alquileres abusivos, así como que el Instituto de Crédito Oficial establezca una línea de crédito destinada a financiar la construcción o rehabilitación de viviendas con destino al alquiler.

Raúl Gay (Podemos) ha sido el diputado encargado de defender esta iniciativa que ha incluido la enmienda que ha expuesto, por parte del Grupo Mixto-CHA, Gregorio Briz. Desde el resto de grupos han hablado el popular Javier Campoy, el socialista Fernando Sabés, Berta Zapater (PAR) y Jesús Sanso, de Ciudadanos.

El texto final ha sido el siguiente:

“Las Cortes de Aragón insta al Gobierno de Aragón a:

- Establecer un plan con medidas para incrementar el parque público de viviendas en alquiler con el objetivo de alcanzar los niveles medios de viviendas públicas disponibles en el resto de países de la Unión Europea que registran porcentajes de vivienda social de entre el 17 y el 32%.

Las Cortes de Aragón insta al Gobierno de España a:

- Llevar a cabo las medidas oportunas para posibilitar que los municipios que acrediten fuertes incrementos de precios de alquiler puedan regular estos alquileres abusivos.

- Cumplir con sus obligaciones internacionales para garantizar el derecho a una vivienda adecuada, llevando a cabo el desarrollo legislativo y aumentando las partidas presupuestarias necesarios para hacer efectivas las recomendaciones vinculantes de la Comunicación Nº 5/2015, que incluye el dictamen aprobado por el Comité DESC en su 61° período de sesiones (29 de mayo a 23 de junio de 2017).

- Adoptar medidas legislativas y/o administrativas pertinentes para garantizar que en los procesos judiciales de desalojos de inquilinos, los demandados puedan oponerse o presentar un recurso con el fin de que el juez pueda evaluar las situaciones de vulnerabilidad y acceso a la vivienda de las familias demandadas.

- En especial se insta al Gobierno a modificar la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos a fin de garantizar los derechos a la tutela judicial efectiva y prohibición de desalojo sin alternativa habitacional.

- Cumplir con las disposiciones contenidas en la Observación General nº7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas y la Convención sobre los Derechos del Niño, con el fin de prohibir y paralizar inmediatamente todos los desahucios a personas y familias en su primera y única vivienda y sin alternativa habitacional.

- Adoptar los mecanismos administrativos para luchar en contra del acaparamiento de viviendas en manos de grandes sociedades o entidades tenedoras de vivienda. Asimismo se insta a adoptar medidas legislativas para obligar a los grandes tenedores de vivienda a ceder sus viviendas vacías a las administraciones públicas competentes, para hacer frente a la situación de emergencia social de las personas o familias en riesgo de exclusión.

- Promover los acuerdos con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria S.A. (SAREB) y las entidades bancarias, para la cesión de sus viviendas vacías a las Administraciones autonómicas y locales, con el objeto de destinarlas al alquiler social.

- Establecer mecanismos de control que obliguen a los grandes tenedores de vivienda de España a garantizar el alquiler social en favor de familias en situación de vulnerabilidad que no comprometan los ingresos ponderados de la unidad familiar.

- Dentro del Instituto de Crédito Oficial (ICO) establecer una línea de crédito destinada a financiar la construcción o rehabilitación de viviendas con destino al alquiler”.




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