Proyecto de Ley de derecho de la persona.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAG脫N

De conformidad con lo dispuesto en el art铆culo 122.2 del Reglamento de la C谩mara, previo acuerdo de la Mesa de las Cortes en sesi贸n celebrada el d铆a 27 de abril de 2006, se ordena la remisi贸n a la Comisi贸n Institucional y la publicaci贸n en el Bolet铆n Oficial de las Cortes de Arag贸n del Proyecto de Ley de derecho de la persona, el cual se tramitar谩 por el procedimiento legislativo com煤n.

Las se帽oras y se帽ores Diputados y los Grupos Parlamentarios disponen de un plazo de 15 d铆as, que finalizar谩 el pr贸ximo d铆a 19 de mayo, para presentar enmiendas al citado Proyecto de Ley, cuyo texto se inserta a continuaci贸n.

Zaragoza, 27 de abril de 2006.

El Presidente de las Cortes

FRANCISCO PINA CUENCA

Proyecto de ley de derecho de la persona

EXPOSICI脫N DE MOTIVOS

I

En el Derecho aragon茅s hist贸rico tuvo especial importancia la regulaci贸n de la capacidad de las personas en raz贸n de la edad, como consecuencia de que en Arag贸n no tuvo entrada la patria potestad romana. De consuetudine Regni non habemus patriam potestatem es aforismo recogido en las Observancias que no s贸lo expresa unas relaciones entre padres e hijos menores dirigidas al bienestar de los hijos, sino que, caso raro en Europa hasta la edad contempor谩nea, no conoce otras limitaciones a la capacidad de los sujetos que las necesarias para su protecci贸n por su minor铆a de edad o las graves dificultades para gobernarse por s铆 mismo.

Al no haber patria potestad, todos los aragoneses y aragonesas alcanzaban la plena capacidad de obrar al cumplir determinada edad, fijada en los Fueros m谩s antiguos en los catorce a帽os y que se mantuvo as铆 con el complemento de una protecci贸n a su inexperiencia hasta cumplir los veinte: edad que segu铆a contrastando con la de los veinticinco que, procedente del Derecho romano, era la m谩s habitual en la Pen铆nsula Ib茅rica y en Europa.

Tambi茅n, por no reconocerse la patria potestad, pudo admitirse que la madre mantuviera unas relaciones jur铆dicas con sus hijos id茅nticas a las del padre; as铆 como que la madre, en los mismos casos que el padre, pudiera ser tutora de sus hijos al quedar viuda.

El sistema hist贸rico, en definitiva, se adelant贸 en siglos a lo que hoy puede leerse en los C贸digos de nuestro entorno. El legislador actual se encuentra con aquella realidad hist贸rica y su plasmaci贸n en la Compilaci贸n de 1967, a la vez que declaraciones internacionales y espa帽olas establecen par谩metros muy exigentes en el tratamiento de los derechos de las personas menores de edad o incapaces de obrar. No hay contradicci贸n entre nuestro Derecho hist贸rico y las concepciones del siglo XXI, sino que el desarrollo del Derecho aragon茅s enlaza con toda naturalidad con las m谩s altas exigencias e ideales de la regulaci贸n del Derecho de la persona.

La presente Ley, por tanto, tiene como objeto el desarrollo de las normas sobre capacidad y estado de las personas f铆sicas y de las instituciones civiles para la protecci贸n de menores e incapaces hasta ahora contenidas en la Compilaci贸n; y como criterio los principios m谩s exigentes en el reconocimiento y ejercicio de los derechos de la personalidad, sin olvidar el Derecho hist贸rico en lo mucho que tiene de actual y enriquecedor.

Esta Ley es la tercera que de forma sistem谩tica desarrolla el Derecho civil aragon茅s, en ejercicio de la competencia exclusiva que corresponde a Arag贸n de acuerdo con el art铆culo 149.1.8陋 de la Constituci贸n espa帽ola y el art铆culo 35 del Estatuto de Autonom铆a. Las dos anteriores fueron la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de Sucesiones por causa de muerte (Lsuc.), y la Ley 2/2003, de 12 de febrero, de r茅gimen econ贸mico matrimonial y viudedad (Lrem.). De este modo, con la presente Ley, la mayor parte de las instituciones civiles aragonesas tienen una formulaci贸n legal reciente, adecuada a las circunstancias y valores del tiempo en que vivimos.

Como en las otras dos Leyes auton贸micas antes mencionadas, y a diferencia de la Compilaci贸n, las normas no se presentan como peculiaridades o excepciones, sino que expresan suficientemente el sistema y sus principios generales a la vez que atienden a concreciones y pormenores hasta ahora no reflejados en las leyes y que resultan muy convenientes para precisar el alcance pr谩ctico de los preceptos.

La Ley se estructura en cuatro T铆tulos: el I se ocupa de la capacidad y estado de las personas; el II, de las relaciones entre ascendientes y descendientes; el III, de las relaciones tutelares y el IV de la Junta de Parientes. Como puede verse, las r煤bricas siguen casi exactamente las de los correspondientes T铆tulos del Libro I de la Compilaci贸n, lo que es buena muestra de la continuidad con el Derecho hasta ahora vigente. La t茅cnica legislativa, sin embargo, como se ha dicho, es distinta, pues son visibles la intenci贸n sistem谩tica, la enunciaci贸n de principios y la regulaci贸n m谩s detallada.

II

El T铆tulo I (芦De la capacidad y estado de las personas禄) consta de tres cap铆tulos: I, 芦Capacidad de las personas por raz贸n de la edad禄, II, 芦Incapacidad e incapacitaci贸n禄 y III 芦Ausencia禄.

El m谩s extenso es el primero, dividido a su vez en cuatro Secciones.

En la Secci贸n primera, 芦Mayor铆a y minor铆a de edad禄, prevalecen los planteamientos sistem谩ticos y de principio. La mayor铆a de edad se adquiere al cumplir dieciocho a帽os, tal como es en Arag贸n desde 1978 (cuando se redujo la mayor铆a de edad para toda Espa帽a) y armoniza muy bien con nuestra tradici贸n hist贸rica, en la que las limitaciones a la capacidad de obrar de los mayores de catorce a帽os no llegaban sino hasta cumplir los veinte. Tambi茅n, de acuerdo con regla del Derecho hist贸rico respetada por la Compilaci贸n, son mayores de edad los que han contra铆do matrimonio. De este modo, quien se ha casado deja de estar sujeto a la autoridad familiar, tutela o curatela y es capaz para todos los actos de la vida civil.

La minor铆a de edad no es una situaci贸n de incapacidad, sino un estado de las personas en los primeros a帽os de su vida en que su personalidad se est谩 desarrollando y requieren una formaci贸n adecuada a este desarrollo. Con la finalidad de favorecer este desarrollo y esta formaci贸n los menores est谩n sujetos a la autoridad familiar, la tutela o la curatela, que, como todas las instituciones y normas dirigidas a los menores, est谩n presididas siempre por el criterio del inter茅s del menor. Criterio 茅ste hoy central y decisivo en estas materias en todos los pa铆ses de nuestro entorno, pero que en Arag贸n pudo ser enunciado sencillamente hace muchos siglos (en particular, por Jer贸nimo Portol茅s en el siglo XVI), como consecuencia de que en Arag贸n no se ha conocido la patria potestad.

Por la misma raz贸n los padres no eran considerados, en cuanto tales, representantes de sus hijos, y ahora la representaci贸n por el padre o la madre se extingue en edad temprana, a los catorce a帽os, que fue durante siglos en Arag贸n el l铆mite de la minor铆a de edad. De manera general expresa el art铆culo 2 que al cumplir los catorce a帽os termina la representaci贸n legal, de manera que la capacidad de los menores se completa en adelante con la asistencia que en cada caso proceda. Es decir, a partir de los catorce a帽os el menor aragon茅s act煤a siempre por s铆 (sin representante), con la asistencia de las personas llamadas a prestarla para la plena validez de sus actos. Esta regla, como en general todas las relativas a la mayor铆a y minor铆a de edad, se aplica en todas las ramas del ordenamiento, pues es el Derecho civil el que determina de manera central la capacidad de obrar de las personas y los medios de suplir o completar la falta de capacidad para determinados actos. De ah铆 tambi茅n la trascendencia del principio enunciado en el art铆culo 4, seg煤n el cual las limitaciones a la capacidad de obrar del menor se interpretar谩n de forma restrictiva: la capacidad es la regla y sus limitaciones la excepci贸n.

En algunos 谩mbitos y para determinados asuntos no es el cumplimiento de determinada edad el dato decisivo, sino que el menor tenga suficiente juicio. Como m铆nimo, el menor que tiene suficiente juicio (y, en todo caso, si es mayor de doce a帽os) ha de ser o铆do antes de la adopci贸n por otros (particulares o autoridades p煤blicas) de medidas que le afecten en su persona o bienes (art铆culo 3). El criterio del juicio suficiente no es de aplicaci贸n tan simple y autom谩tica como el de la edad, pero sin duda es adecuado acudir al mismo, por s铆 solo o con adici贸n de otros, cuando, fuera del 谩mbito de los derechos y el tr谩fico patrimoniales, se trata de tomar decisiones que afectan a los derechos de la personalidad, como la vida, la integridad f铆sica, el honor, la intimidad o la propia imagen. Naturalmente, en cada caso hay que valorar, no solamente el desarrollo ps铆quico, la madurez y la responsabilidad del menor, sino tambi茅n la entidad, consecuencias y trascendencia de la decisi贸n que ha de tomarse, de modo que cuando la decisi贸n se le atribuye en exclusiva su juicio ha de ser suficiente para valorar y decidir responsablemente en el caso concreto. Ahora bien, si el menor ha cumplido catorce a帽os, se presume su aptitud de entender y querer para un acto concreto mientras no se demuestre lo contrario (art铆culo 31).

En particular, el menor que tenga suficiente juicio podr谩 por s铆 solo ejercer los derechos de la personalidad (art铆culo 4), ejercicio en el que, en ning煤n caso, es posible la representaci贸n. Esta regla general estar谩 matizada por lo que dispongan leyes generales del Estado aplicables en Arag贸n por encima de esta Ley civil, en particular Leyes org谩nicas, desdichadamente poco coherentes entre s铆 en este punto y en las que las limitaciones habr谩n de interpretarse en sentido restrictivo, como se ha dicho. Tambi茅n hay que tener en cuenta que, en esta Ley, se regulan diversos supuestos de intromisi贸n de terceros en los derechos de la personalidad en cuanto al consentimiento que, en su caso, legitime dicha intromisi贸n (art铆culos 18 y 22, seg煤n el menor haya cumplido o no los catorce a帽os).

Un problema singular y delicado presenta el consentimiento para la interrupci贸n del embarazo de la menor en los casos permitidos por la ley. Ha parecido conveniente una norma que llene el vac铆o existente que se puso de manifiesto en la Sentencia del TC 53/1985, de 11 de abril, seg煤n la cual 芦en cuanto a la forma de prestar consentimiento la menor o incapacitada, podr谩 aplicarse la regulaci贸n establecida por el derecho positivo, sin perjuicio de que el legislador pueda valorar si la normativa existente es la adecuada desde la perspectiva de la norma penal cuestionada禄. Este vac铆o debe ser colmado por el legislador civil competente, el aragon茅s en este caso, al regular la mayor铆a y la minor铆a de edad, regulaci贸n a la que, por otra parte, se remite, aunque con poco correcta dicci贸n, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, sobre autonom铆a del paciente. El criterio decisivo recogido en el art铆culo 5 es el juicio suficiente de la menor o incapacitada, de modo que, si lo tiene, s贸lo se requiere su consentimiento. Si no lo tiene, la interrupci贸n del embarazo (siempre en los casos permitidos por la ley, cuyo alcance en modo alguno se pretende -ni se podr铆a- modificar ni condicionar) s贸lo ser谩 posible cuando lo exija el inter茅s de la menor, apreciado conjuntamente por los titulares de la autoridad familiar -los padres, en la inmensa mayor parte de los casos- o el tutor o, subsidiariamente, por el Juez. Cuando la embarazada sea mayor de edad no incapacitada pero carente del suficiente juicio (que se le presume, como a todo mayor de catorce a帽os), la interrupci贸n del embarazo requerir谩 siempre autorizaci贸n judicial. Se entiende que si la mayor de edad embarazada est谩 incapacitada judicialmente habr谩 de atenderse, en primer lugar, a lo que disponga la sentencia de incapacitaci贸n.

En esta Secci贸n las disposiciones sobre materia estrictamente patrimonial atienden 煤nicamente a cuestiones de principio. Al menor titular de los bienes y derechos corresponde tambi茅n su disfrute, seg煤n ha ocurrido siempre en el Derecho aragon茅s en raz贸n de la ausencia de patria potestad y, por tanto, de usufructo paterno (art铆culo 6, que recoge en lo esencial el texto del art铆culo 11 de la Compilaci贸n). La administraci贸n de los bienes del menor no emancipado corresponde al padre y a la madre, como funci贸n aneja a la autoridad familiar (o, en su defecto, al tutor), pero la disposici贸n s贸lo hasta que el menor cumple catorce a帽os, ya que a partir de esta edad es el menor el que realiza los actos de disposici贸n, con la necesaria asistencia en cada caso. El art铆culo 7 hace referencia tambi茅n a los supuestos en que la administraci贸n y disposici贸n de ciertos bienes del menor corresponde a otras personas (tutor real, administrador judicial o persona designada por aqu茅l de quien el menor hubo los bienes por donaci贸n o sucesi贸n).

En cualquier caso, el menor que tenga suficiente juicio puede otorgar los actos y contratos propios de la vida corriente, de acuerdo con los usos sociales (art铆culo 4).

La Secci贸n se cierra con una concisa norma sobre c贸mputo de la edad (art铆culo 9) y una disposici贸n que legitima en t茅rminos muy amplios la intervenci贸n judicial, incluso a instancia del propio menor, dirigida a apartar al menor de un peligro o a evitarle perjuicios, en los casos tipificados en el propio precepto o en cualesquiera otros (art铆culo 8).

III

La edad de los catorce a帽os, que en los Fueros se帽alaba la mayor铆a de edad (F. De contractibus minorum, 1247), determina en el Derecho hasta ahora vigente un cambio sustancial dentro de la minor铆a de edad de los sujetos. En esta l铆nea sigue la presente Ley que, por ello, regula por separado la situaci贸n de la persona menor de edad seg煤n hay cumplido o no los catorce a帽os.

La Secci贸n 2陋 del Cap. I del T铆t. I se ocupa de 芦la persona menor de catorce a帽os禄. 脡sta opera de ordinario en la vida jur铆dica mediante los actos de sus representantes legales, excepto en los actos relativos a los derechos de la personalidad y los dem谩s enunciados en el art铆culo 4.潞, que realiza por s铆 sola si tiene para ello suficiente juicio. Corresponde su representaci贸n legal a las personas que ejercen la autoridad familiar o, en su defecto, al tutor, pero tambi茅n y preferentemente, para la administraci贸n y disposici贸n de determinados bienes, a los administradores de los mismos de conformidad con el art铆culo 7.

Se regulan con detalle las situaciones en que entre representante o representantes del menor y 茅ste mismo existe oposici贸n de intereses, siguiendo en lo esencial los criterios hoy aplicables y buscando tambi茅n armonizar la regulaci贸n con la necesidad de autorizaciones en muchos casos. En particular, se admite que el padre o madre 煤nico titular de la autoridad familiar, as铆 como el tutor 煤nico, pueda actuar en representaci贸n del menor de catorce no obstante estar en conflicto de intereses con 茅l, considerando suficiente cautela la autorizaci贸n por la Junta de Parientes o por el Juez, de manera que, prestada esta autorizaci贸n, no se precisa otra (la que proceder铆a en raz贸n de lo dispuesto en los art铆culos 12, 13 y 14). Con esto se evita la necesidad de intervenci贸n judicial cuando la autorizaci贸n, en este caso, la preste la Junta de Parientes. No se admite la misma soluci贸n simplificadora cuando la oposici贸n de intereses exista con ambos padres, entre otras razones porque, en tal caso, los miembros de la Junta son necesariamente parientes de ambos representantes, lo que hace prudente la autorizaci贸n judicial para los actos en que 茅sta se exige.

Cu谩les sean los actos de los representantes legales que requieren autorizaci贸n previa de la Junta de Parientes o del Juez viene especificado en los art铆culos 12 (atribuciones gratuitas), 13 (actos de disposici贸n) y 14 (adicionalmente, para actos del tutor). Los criterios no se apartan mucho del Derecho hasta ahora aplicable, si bien se aclaran y precisan muchos de los supuestos.

La divisi贸n de un patrimonio o cosa com煤n no requiere autorizaci贸n previa, pero s铆 aprobaci贸n posterior por la Junta de Parientes o por el Juez en ciertos casos. Es de se帽alar el supuesto en que interviene en representaci贸n del menor su 煤nico padre o madre titular de la autoridad familiar en situaci贸n de oposici贸n de intereses, caso en el que es necesaria aprobaci贸n posterior o autorizaci贸n previa, que pueden ser prestadas por la Junta de Parientes. El supuesto es frecuente en la pr谩ctica a la hora de dividir la herencia resultante del fallecimiento de uno de los padres viviendo el otro.

Con especial cuidado se regula la invalidez de los actos de los menores de catorce a帽os (art铆culo 20), o de los otorgados en su nombre por sus representantes sin la necesaria autorizaci贸n o aprobaci贸n (art铆culo 17). En todos los casos se evita la nulidad absoluta cuando la invalidez persigue proteger el inter茅s particular de persona determinada, siguiendo la t贸nica de las leyes civiles aragonesas. S贸lo ser谩 nulo de pleno derecho el acto realizado por un menor que vulnere leyes que exijan una capacidad espec铆fica o le se帽alen prohibiciones, y salvo que dichas leyes establezcan un efecto distinto. En los dem谩s, ser谩 la anulabilidad el r茅gimen de invalidez, de manera que el propio menor estar谩 siempre legitimado para anular el acto desde que cumpla catorce a帽os, con la debida asistencia en principio, y sin ella cuando por la mayor铆a de edad o la emancipaci贸n hubiera podido realizar el acto sin asistencia: la acci贸n prescribir谩 a los cuatro a帽os contados desde este momento. Adem谩s, estar谩 legitimado el representante legal (s贸lo el que no haya intervenido en el acto, si la anulabilidad procede de falta de autorizaci贸n o aprobaci贸n) hasta que el menor cumpla los catorce a帽os. Quienes pueden anular pueden tambi茅n, alternativamente, confirmar. Por otra parte, cabe que los actos del menor sean v谩lidos originariamente si, no siendo de los que necesitar铆an intervenci贸n de la Junta de Parientes o del Juez en caso de realizarlos el representante, 茅ste ha autorizado el acto del menor.

A todo lo largo de la Ley se atiende a la libertad y los intereses morales y existenciales de los sujetos tanto o m谩s que a sus intereses patrimoniales. Buena expresi贸n de esta actitud del legislador son los art铆culos 4 y 5, ya aludidos, as铆 como los art铆culos 18, 22 y 32, que versan sobre 芦intromisi贸n en los derechos de la personalidad禄 de los menores de catorce a帽os, de los menores que han cumplido esta edad y de los mayores no incapacitados que no est谩n en condiciones de decidir por s铆 mismos. En todos estos casos se da por supuesta la aplicaci贸n de las leyes generales del Estado (leyes org谩nicas la mayor parte de ellas), desgraciadamente no exentas de oscuridades y contradicciones, para atender exclusivamente a la cuesti贸n puramente de Derecho civil de la validez del consentimiento prestado por las personas menores de edad o que carecen, de modo duradero o circunstancial, de juicio suficiente. Por ello los tres art铆culos (18, 22 y 32) comienzan circunscribiendo su 谩mbito de aplicaci贸n a los supuestos en que 芦con arreglo a las leyes (que son, en primer lugar, las aludidas leyes estatales) la voluntad del sujeto decida sobre la intromisi贸n en los derechos de la personalidad禄. Supuestos caracterizados son, por ejemplo, la intromisi贸n en los derechos al honor, la intimidad o la propia imagen, o bien en la integridad f铆sica, que presenta a su vez variedades muy distintas, como la cirug铆a, el trasplante de 贸rganos, las transfusiones de sangre, la cirug铆a est茅tica o la pr谩ctica de tatuajes o de perforaciones corporales.

Trat谩ndose de menores de catorce a帽os (art铆culo 18), si la persona tiene suficiente juicio es preciso su consentimiento para cualquier intromisi贸n de tercero en sus derechos de la personalidad, de modo que contra su voluntad la injerencia s贸lo ser谩 posible con autorizaci贸n judicial; pero no es suficiente su consentimiento, sino que, para su protecci贸n, requiere autorizaci贸n conjunta de quienes ejerzan la autoridad familiar o del tutor, autorizaci贸n que podr谩 suplirse con la del Juez. Si no tiene suficiente juicio, la intromisi贸n s贸lo ser谩 posible cuando lo exija el inter茅s del menor, apreciado conjuntamente por los titulares de la autoridad familiar o el tutor y, subsidiariamente, por el Juez.

Para los menores que han cumplido catorce a帽os (art铆culo 22), la regla es que la intromisi贸n de terceros en sus derechos de la personalidad depende exclusivamente de su voluntad, si bien cuando su decisi贸n suponga un grave riesgo para su vida o su integridad f铆sica o ps铆quica necesitar谩 adicionalmente la autorizaci贸n de uno cualquiera de sus padres que est茅n en el ejercicio de la autoridad familiar o, en su defecto, del tutor. Contra la voluntad del mayor de catorce a帽os s贸lo ser谩 posible la intromisi贸n con autorizaci贸n judicial en inter茅s del menor. Si no est谩 en condiciones de decidir sobre la intromisi贸n (contra la presunci贸n del art铆culo 31) 茅sta s贸lo ser谩 posible cuando lo exija el inter茅s del menor, apreciado por uno de sus padres o por el tutor y, subsidiariamente, por el Juez.

IV

La regulaci贸n de la capacidad del menor mayor de catorce a帽os, caracter铆stica secular del Derecho aragon茅s, sigue las pautas de la Compilaci贸n. De hecho, el art铆culo 21 recoge literalmente la mayor parte del art铆culo 5-1 de la Compilaci贸n, cuya referencia final a la anulabilidad se desarrolla en el art铆culo 26, al tiempo que el apartado 2 da lugar al art铆culo 25.

La idea central es que el menor que ha cumplido catorce a帽os realiza por s铆 toda clase de actos y contratos. No tiene representante legal (aunque cabe que los administradores de sus bienes realicen en este 谩mbito actos en representaci贸n suya: art铆culo 23). Ahora bien, en la generalidad de los casos la plena validez de sus actos requiere la asistencia de uno cualquiera de sus padres o, en su defecto, del tutor.

La doctrina ha debatido reiteradamente sobre la naturaleza jur铆dica de esta asistencia que, cuando la introdujo con este nombre el Ap茅ndice de 1925, no ten铆a parang贸n en otras leyes civiles espa帽olas. El art铆culo 24 proporciona unas pautas pr谩cticas que permitir谩n actuar con la deseable seguridad. No se ha configurado exactamente como una declaraci贸n de voluntad de quien autoriza, sino como expresi贸n de su criterio afirmativo sobre la conformidad del acto con los intereses del menor, para lo cual es necesario que conozca suficientemente el contenido y circunstancias de tal acto. Por ello no puede prestarse una asistencia meramente gen茅rica. No puede prestarse la asistencia con posterioridad a la realizaci贸n del acto, pues con ello se frustrar铆a el componente de consejo y asesoramiento que la asistencia conlleva, si bien la confirmaci贸n del acto anulable evitar谩 la anulaci贸n. En la asistencia simult谩nea al acto se llega a admitir como posibilidad que la mera presencia sin oposici贸n signifique prestaci贸n de la asistencia.

El menor mayor de catorce a帽os puede actuar por s铆 solo, sin necesidad de asistencia, en todos los casos en que tambi茅n podr铆a actuar de este modo el menor de catorce a帽os con suficiente juicio y adem谩s, respecto de la administraci贸n de bienes, en los casos se帽alados en el art铆culo 23. Su voluntad es decisiva para consentir intromisiones en los derechos de la personalidad, con las matizaciones que establece el art铆culo 22, ya mencionado en el apartado anterior.

El supuesto de oposici贸n de intereses entre el menor y quienes hayan de prestarle la asistencia se regula en el art铆culo 25 partiendo de los criterios del art铆culo 5.2 de la Compilaci贸n, con peque帽as aclaraciones y la adici贸n del caso en que la contraposici贸n de intereses se d茅 entre varios menores o incapacitados que habr铆an de ser asistidos por la misma persona.

El art铆culo 26 cierra esta Secci贸n con reglas sobre la anulabilidad de los actos realizados sin la debida asistencia. Partiendo de lo dispuesto en el art铆culo 5.1 de la Compilaci贸n y para sustituir a la confusa regulaci贸n estatal aplicable hasta ahora, se concreta la legitimaci贸n para anular o confirmar y se precisa el momento inicial del plazo de prescripci贸n de cuatro a帽os.

La emancipaci贸n es instituto procedente del Derecho romano y vinculado a la patria potestad, en cuanto salida de la misma, por lo que algunas cr铆ticas pusieron de manifiesto su inadecuaci贸n te贸rica en el Derecho aragon茅s. Sin embargo, nunca ha dejado de utilizarse en la pr谩ctica, en la que puede seguir prestado buenos servicios. En consecuencia, se han recogido sus rasgos esenciales adapt谩ndolos al sistema de la Ley. En particular, se aclara que es posible conceder la emancipaci贸n al menor desde que cumple catorce a帽os. Por otra parte, los efectos de la emancipaci贸n, determinados en la Ley directamente o por remisi贸n al art铆culo 13, se producen tambi茅n para el emancipado por vida independiente, ampli谩ndose de este modo las previsiones del art铆culo 5.3 de la Compilaci贸n.

Obviamente, no cabe en Arag贸n ni ha existido nunca la emancipaci贸n por matrimonio, puesto que el contraerlo constituye al sujeto en la situaci贸n de mayor de edad.

V

En las leyes civiles aragonesas hay numerosas referencias a las personas incapaces y a las incapacitadas, as铆 como, en el Derecho hist贸rico, una regulaci贸n de la tutela y la curatela que las inclu铆a. La presente Ley, en el Cap铆tulo II del T铆tulo I, dedicado a la incapacidad e incapacitaci贸n, se propone superar las dificultades conocidas de armonizaci贸n de las leyes estatales sobre la materia con las normas y principios del Derecho aragon茅s sobre capacidad de las personas, autoridad familiar y tutela. En lo dem谩s seguir谩 aplic谩ndose como supletorio el Derecho general del Estado.

Es de notar la presunci贸n de capacidad sentada en el art铆culo 31, referida a toda persona mayor de catorce a帽os no incapacitada judicialmente, de manera coherente con la ausencia de representaci贸n legal a partir de esta edad y la posibilidad de realizar por s铆 (con la necesaria asistencia seg煤n los casos) toda clase de actos y contratos.

Para las personas mayores no incapacitadas que no est茅n en condiciones de decidir por s铆 mismas se prev茅 un cauce relativamente flexible para permitir intromisiones en los derechos de la personalidad; para permitir el internamiento o la permanencia en el mismo contra su voluntad se requiere siempre autorizaci贸n judicial (art铆culos 32 y 33).

El art铆culo 34 viene a llenar un vac铆o legal al precisar el tipo de invalidez de los actos realizados por personas no incapacitadas en situaci贸n, duradera o transitoria, en que carec铆an de aptitud para entenderlo y quererlo. Puesto que se trata de proteger intereses particulares, se opta por la anulabilidad, precisando los aspectos de legitimaci贸n y prescripci贸n, salvo que el acto, adem谩s, vulnere otras leyes.

Las causas de incapacitaci贸n previstas en el art铆culo 35 no se apartan de las hasta ahora establecidas, excepto por lo que se refiere a la prodigalidad. El Derecho hist贸rico la exclu铆a como causa aut贸noma (芦por costumbre del Reino no se da curador al que dilapida o disipa sus bienes, a no ser que adem谩s sea mentecato y privado de raz贸n禄: Obs. 7.陋 De tutoribus) y esto mismo expresa el apartado 3 del art铆culo 35. Es decir, cabe incapacitar (para protegerlo, como en los dem谩s supuestos de incapacitaci贸n) al que dilapida sus bienes cuando por enfermedad o deficiencia ps铆quica no pueda gobernarse por s铆 mismo, pero no, sin este presupuesto, limitar su capacidad de obrar en el 谩mbito patrimonial como medida protectora de intereses ajenos, tal como, en su 谩mbito de aplicaci贸n, establece el C贸digo civil.

La Ley estatal 41/2003, de protecci贸n patrimonial de las personas con discapacidad, se aplica en Arag贸n en lo necesario -pues buena parte de su contenido de Derecho civil era ya posible en Arag贸n en virtud del principio standum est chartae- y as铆 prev茅 el art铆culo 37 que siga siendo en adelante, con peque帽as adaptaciones.

La pr贸rroga y la rehabilitaci贸n de la autoridad familiar estaban admitidas en Arag贸n, adaptando en lo necesario las prescripciones del C贸digo sobre la patria potestad, como muestra la referencia textual en los arst. 31 y 51 de la Ley de sucesiones de 1999. Ahora los art铆culos 38 a 42 de esta Ley completan y aclaran tanto los supuestos en que procede como el r茅gimen de la potestad de guarda prorrogada o rehabilitada, as铆 como las causas de su extinci贸n.

VI

La ausencia es el objeto del Cap铆tulo III del T铆tulo I. En el Derecho hist贸rico, dos fueros y una observancia atendieron a algunas consecuencias esenciales de la situaci贸n de ausencia, en particular para determinar la administraci贸n de los bienes del ausente, en la que se da entrada a su mujer. Tanto el Ap茅ndice de 1925 como la Compilaci贸n de 1967 se ocuparon de estos temas, que relacionaron tambi茅n con el derecho de viudedad y la administraci贸n de los bienes comunes del matrimonio.

La presente Ley tiene en cuenta las situaciones de desaparici贸n y de ausencia declarada, para se帽alar, en el primer caso, sobre qui茅n habr谩 de recaer el nombramiento de defensor del desaparecido y coordinar las consecuencias de la desaparici贸n de una persona casada con las disposiciones de la Ley de r茅gimen econ贸mico matrimonial y viudedad sobre gesti贸n de bienes consorciales.

El art铆culo 45 determina qui茅nes est谩n legitimados para promover la declaraci贸n de ausencia legal y el 46, por remisi贸n al 43, las personas a las que el Juez nombrar谩 representante del ausente. Las obligaciones del representante se enumeran en el art铆culo 47, y sus facultades y derechos en el 48. El art铆culo 50.1 resuelve, por remisi贸n a la Ley de r茅gimen econ贸mico matrimonial y viudedad, sobre la gesti贸n del patrimonio consorcial.

Particular importancia pr谩ctica tiene la proyecci贸n de la declaraci贸n de ausencia de una persona casada en el derecho de viudedad de uno y otro c贸nyuge. El art铆culo 51 se ocupa de esta cuesti贸n, siguiendo la pauta establecida en la Ley de r茅gimen econ贸mico matrimonial y viudedad.

Por 煤ltimo, el art铆culo 52 aborda el complejo problema planteado por el llamamiento hereditario a favor de persona declarada ausente para, sin apartarse en lo sustancial del derecho hasta ahora vigente, armonizarlo con los criterios de la Ley de sucesiones, en particular en atenci贸n al juego de la sustituci贸n legal.

VII

Las relaciones entre ascendientes y descendientes tienen en el T铆tulo II de esta Ley un desarrollo acorde con la tradici贸n propia del Derecho aragon茅s, esencialmente en la forma en que se plasm贸 en la Compilaci贸n, pero desembarazada ahora de los condicionamientos externos procedentes de un sistema, el del C贸digo, tributario de una tradici贸n radicalmente distinta. El n煤cleo central de esta regulaci贸n, que da sentido a toda ella, es el deber de crianza y educaci贸n de los hijos, obviamente presidido por el principio de primac铆a del inter茅s de 茅stos. La autoridad familiar -que no es, conceptualmente, el equivalente de la instituci贸n de la patria potestad- es una funci贸n atribuida a los padres como instrumento necesario para cumplir de forma adecuada su deber de crianza y educaci贸n. Habitualmente lleva consigo la gesti贸n de los bienes del hijo, pero no como contenido de un poder paterno, sino como funci贸n aneja a la autoridad familiar (art铆culo 7) que no esencial a la misma, puesto que tambi茅n puede corresponder a otras personas, incluido un tutor real, al tiempo que los padres ejercen la autoridad familiar. Esta distinci贸n y relativa disociaci贸n entre autoridad familiar y gesti贸n de los bienes facilita tambi茅n la atribuci贸n del ejercicio de la autoridad familiar a personas distintas de los padres (padrastro o madrastra, abuelos, hermanos mayores), sin darles acceso por ello a la gesti贸n de los bienes.

Estas ideas b谩sicas explican la estructura externa del T铆tulo II. Tras un primer Cap铆tulo sobre efectos de la filiaci贸n (puesto que se dan incluso cuando los padres est谩n excluidos de la autoridad familiar), el Cap铆tulo II se ocupa del deber de crianza y educaci贸n de los hijos, del ejercicio de la autoridad familiar por los padres y de la autoridad familiar de otras personas, y el III de la gesti贸n de los bienes de los hijos.

El Cap铆tulo primero es acorde con las concepciones sociales sobre las relaciones entre padres e hijos y recoge preceptos ya vigentes, con algunas concreciones y adiciones. Puede se帽alarse la aclaraci贸n de que es suficiente la edad de catorce a帽os para solicitar la alteraci贸n en el orden de los apellidos paterno y materno (art铆culo 54) o la expresi贸n de un deber de asistencia rec铆proca que comprende el de contribuir equitativamente, durante la vida en com煤n, a la satisfacci贸n de las necesidades familiares (art铆culo 55); deber que se concreta luego en la colaboraci贸n personal del hijo en las tareas del hogar y los negocios familiares mientras conviva con la familia (art铆culo 63), la posibilidad de que los padres que ejerzan la autoridad familiar destinen una parte de los ingresos del hijo a necesidades familiares distintas de su propia crianza y educaci贸n (art铆culo 64) y las reglas de convivencia entre padres e hijos mayores de edad (art铆culo 67, que atiende a una realidad social hoy muy relevante), todo ello con normas flexibles que invocan criterios equitativos.

Es tambi茅n de se帽alar el enunciado de derechos y deberes de los padres que no tienen la autoridad familiar ni conviven con los hijos (art铆culo 56), el 茅nfasis en el derecho del hijo a relacionarse con ambos padres, con sus abuelos y con otros parientes y allegados, cuyo 煤nico l铆mite es el del propio inter茅s del menor (art铆culo 57) y, por 煤ltimo, la obligaci贸n del padre de contribuir a los gastos de embarazo y parto de la madre del hijo com煤n, en los t茅rminos del art铆culo 59.

El art铆culo 60, que encabeza el Cap铆tulo II, reproduce casi literalmente la atinada f贸rmula del art铆culo 9 de la Compilaci贸n: 芦El deber de crianza y educaci贸n de los hijos menores no emancipados, as铆 como la adecuada autoridad familiar para cumplirlo, corresponde a ambos padres禄. Ahora bien, en cuanto al ejercicio de la autoridad familiar, desarrolla los criterios del citado art铆culo de la Compilaci贸n en una Secci贸n (art铆culos 68-71) con disposiciones m谩s pormenorizadas. En otra Secci贸n (art铆culos 77-80) se sistematizan los supuestos de privaci贸n, suspensi贸n y extinci贸n de la autoridad familiar.

En relaci贸n con la titularidad, caracteres y contenido de la autoridad familiar (art铆culos 60-62) apenas puede hablarse de novedades. Por ejemplo, que corresponde a los padres decidir sobre la educaci贸n religiosa de los hijos menores de catorce a帽os (art铆culo 62.1.c) deriva de normas constitucionales bien conocidas as铆 como de la regla de ejercicio de los derechos de la personalidad por el menor con suficiente juicio.

Ya se ha aludido a los deberes de los hijos de contribuir, seg煤n las circunstancias, a la satisfacci贸n de las necesidades familiares. En cuanto al deber de los padres de sufragar los gastos de ense帽anza y educaci贸n de los hijos, se aclara que se mantiene cuando alcanza el hijo la mayor铆a de edad, aunque valorado de distinto modo que en situaci贸n de minor铆a de edad y con t茅rmino de extinci贸n, salvo que judicial o convencionalmente se hubiera establecido otra cosa, al cumplir el hijo los veintis茅is a帽os, m谩s all谩 del cual subsistir谩, naturalmente, el derecho de alimentos en caso de necesidad (art铆culo 66).

El desconocimiento de la patria potestad en Arag贸n permiti贸 reconocer relaciones jur铆dicas familiares flexibles entre nietos y abuelos, as铆 como entre los hijos de una persona y el c贸nyuge de 茅sta. La Ley 3/1985 ampli贸 los supuestos de 芦autoridad familiar de otras personas禄 a los hermanos mayores del menor. La presente Ley recoge en sus art铆culos 72 a 76 la experiencia de la Compilaci贸n y su modificaci贸n en 1985 para aclarar algunos extremos y facilitar la asunci贸n autom谩tica de la autoridad familiar por el hecho de hacerse cargo voluntariamente las personas se帽aladas de la crianza y educaci贸n de los menores. Adem谩s, precisa que el 谩mbito de esta autoridad familiar de otras personas distintas de los padres es id茅ntico al que a estos corresponde en el terreno personal, pero que no se extiende a la gesti贸n de los bienes de menor (art铆culo 75-3). Para la gesti贸n de los bienes es necesario, si no hay administrador, el nombramiento de un tutor, cargo que puede recaer en quien ejerza la autoridad familiar, pero sujeto a las garant铆as y cautelas propias de las instituciones tutelares (art铆culo 116-1,a)).

De este modo queda claro que la gesti贸n de los bienes de los hijos es funci贸n aneja a la autoridad familiar s贸lo cuando 茅sta se ejerce por los padres (art铆culo 7), y entonces se rige por las normas contenidas en los art铆culos 81 a 86, que desarrollan los preceptos de la Compilaci贸n a los que vienen a sustituir.

VIII

El Derecho hist贸rico aragon茅s conten铆a un sistema propio de instituciones tutelares, completado, como en otros pa铆ses, con los principios del Derecho com煤n europeo.

Es de se帽alar que la tutela de los menores pod铆a coexistir con la autoridad de los padres, aun viviendo ambos, pues, como ya se ha dicho, la autoridad de 茅stos operaba en el terreno de las relaciones personales.

La tutela era 煤nicamente dativa y testamentaria, pues la Obs. 9.陋 De tutoribus establec铆a que nadie fuera admitido como tutor si no estaba designado por el Juez o el testador. Ten铆a car谩cter troncal, de modo que el Juez designaba como tutor al pariente por la parte de donde proced铆an los bienes que hab铆an de ser administrados (F. 4.潞, De tutoribus, Monz贸n, 1533); consiguientemente, cab铆a una pluralidad de tutores, y as铆 se hace patente en la Obs. 1.陋 De tutoribus: muerto el marido o la mujer, se da tutor a los hijos menores, por raz贸n de los bienes que tienen por parte del padre o madre difuntos, y si ambos progenitores fallecen, se dar谩n dos tutores, uno por parte de padre en los bienes paternos y otro por parte de madre en los maternos.

Conten铆a, adem谩s, el Derecho aragon茅s precisiones de varia 铆ndole sobre obligaci贸n de inventario y de jurar comportarse bien y legalmente el tutor, posibilidad de remoci贸n, etc. Tambi茅n hab铆a referencia expresa a la tutela de los dementes y furiosos, y la observaci贸n de que no procede incapacitaci贸n por prodigalidad, seg煤n se ha dicho.

El sistema tutelar propio del Derecho aragon茅s fue erosionado por las Leyes de enjuiciamiento civil (1855 y 1881) y, luego, por el C贸digo civil, situaci贸n en que lleg贸 al Ap茅ndice de 1925. Sin embargo, tanto los proyectos de Ap茅ndice (1899 y 1904) como el Anteproyecto del Seminario de la Comisi贸n compiladora que prepar贸 la Compilaci贸n de 1967 replantearon toda la materia inspir谩ndose de una parte en el Derecho hist贸rico y atentos, de otra, a las necesidades sentidas en cada momento por la sociedad. Esta l铆nea sigue la presente Ley, que viene a sustituir a una regulaci贸n fragmentaria que ofrec铆a muchas dudas de interpretaci贸n y, sobre todo, de integraci贸n con las normas supletorias del C贸digo civil, que responden a principios parcialmente distintos y, por ello, inadecuados.

El T铆tulo III de la Ley se ocupa de las relaciones tutelares en toda su amplitud, referidas tanto a menores como a incapacitados. Regula la tutela, la curatela y el defensor judicial como instituciones tutelares, as铆 como la guarda de hecho y la guarda administrativa sin tutela como instituciones complementarias de las anteriores. Tambi茅n posibilita el nombramiento de administrador de bienes (coexistente con los padres o el tutor) por quien disponga de tales bienes a t铆tulo gratuito a favor del menor o incapacitado.

En general, el sistema no se aparta en los rasgos esenciales del hasta ahora conocido, de modo que puede considerarse de 芦tutela de autoridad禄, puesto que todas las funciones tutelares est谩n bajo la salvaguarda de la autoridad judicial y se ejercer谩n bajo la vigilancia del Ministerio Fiscal, pero se potencia la autonom铆a de los particulares tanto en la delaci贸n como en la determinaci贸n de las reglas por las que cada tutela haya de regirse y se acent煤an los rasgos familiares.

En los tres primeros Cap铆tulos de este T铆tulo se abordan cuestiones que ata帽en a todas las instituciones tutelares.

Prevalece la delaci贸n voluntaria, puesto que la dativa o judicial es subsidiaria y complementaria de aquella (art铆culo 89-2) y 煤nicamente procede en su defecto, total o parcial (art铆culo 101), mientras que la legal est谩 prevista tan s贸lo en caso de desamparo de menores o incapacitados (art铆culos 89-1, c) y 104-108).

Se admite la llamada 芦autotutela禄, es decir, que cualquier persona mayor de edad y capaz, en previsi贸n se ser incapacitada judicialmente, podr谩 en escritura p煤blica designar a las personas que han de ejercer las funciones tutelares, as铆 como adoptar cualquier otra disposici贸n relativa a su persona y bienes para cuando est茅 incapacitado, incluido un mandato a tercero que no se extinga por su incapacidad sobrevenida o su incapacitaci贸n (art铆culo 95). Conviene recordar que, de acuerdo con el art铆culo 757 Lec., tambi茅n podr谩 promover, en su momento, su propia incapacitaci贸n.

Los titulares de la autoridad familiar pueden designar a las personas que han de ejercer las funciones tutelares y adoptar cualquier otra disposici贸n sobre la persona o bienes de los menores o incapacitados que est谩n bajo su autoridad, mediante testamento o escritura p煤blica (art铆culo 96). Se prev茅n reglas para cuando haya pluralidad de designados o disposiciones incompatibles, as铆 como la vinculaci贸n del Juez, salvo circunstancias especiales, a las delaciones voluntarias. S贸lo en ausencia de 茅stas procede la designaci贸n judicial de las personas del elenco ordenado del art铆culo 102.

El Cap铆tulo III de este T铆tulo se帽ala con cuidado la capacidad de las personas tanto f铆sicas como jur铆dicas para ser titular de cargos tutelares, las causas de inhabilidad, de excusa y de remoci贸n, el procedimiento para esta 煤ltima y los efectos de 茅sta y de la remoci贸n.

IX

El Cap铆tulo IV, dedicado espec铆ficamente a la tutela, comienza se帽alando las personas sujetas a tutela ordinaria o a la tutela autom谩tica de la entidad p煤blica, as铆 como las personas obligadas a promover la constituci贸n de la tutela.

En el sistema aragon茅s pueden concurrir varias personas simult谩neamente en el ejercicio de la tutela (art铆culo 120). Adem谩s de la posibilidad de separar la tutela de la persona de la de los bienes, cabe que en la delaci贸n voluntaria se haya designado a dos tutores -nunca m谩s de dos- para actuar simult谩neamente. Tambi茅n ser谩n dos los tutores cuando lo sean los padres o los abuelos paternos o maternos, as铆 como, por decisi贸n del Juez, cuando tutor sea una persona casada y considere conveniente que tambi茅n ejerza la tutela su c贸nyuge. El art铆culo 128 da reglas para el ejercicio de la tutela plural.

La administraci贸n de los bienes corresponde al tutor, en la medida en que no se haya designado tutor de todos o parte de los bienes o no haya designado administrador para determinados bienes la persona de quien proceden 茅stos por t铆tulo lucrativo (art铆culo 121). Se prev茅n las cl谩sicas obligaciones de fianza e inventario, as铆 como la de rendir cuenta general justificada de su gesti贸n, ante la autoridad judicial, al cesar en sus funciones.

En el contenido personal de la tutela se acent煤an los rasgos familiares y, cuando recae sobre menores, se acerca la figura del tutor a la de los padres, pues la tutela tiene en principio el mismo contenido que la autoridad familiar, incluido, por tanto, el deber de tener al pupilo en su compa帽铆a. La edad del menor es decisiva para determinar la extensi贸n y modo de ejercicio de los deberes del tutor (por ejemplo, a efectos de la representaci贸n o la prestaci贸n de asistencia seg煤n sea o no mayor de catorce a帽os) (art铆culo 122-1).

Respecto de los incapacitados, hay que atender en primer lugar a la sentencia de incapacitaci贸n, pero en lo que ella no prevea, se considerar谩 que la tutela tiene el mismo contenido que la autoridad familiar sobre los hijos menores de catorce a帽os: esta 煤ltima precisi贸n es necesaria, entre otras cosas, a efectos de la representaci贸n legal del pupilo por el tutor (art铆culo 122-2).

El reforzamiento de los aspectos familiares de la tutela se manifiesta tambi茅n en la eventual obligaci贸n de alimentos que, en 煤ltima instancia, recae sobre el tutor, una vez agotadas todas las dem谩s v铆as para proporcion谩rselos al pupilo (art铆culo 123).

A la curatela, objeto del Cap铆tulo V, pueden estar sujetos los emancipados, as铆 como los incapacitados en el caso de que as铆 lo determine la sentencia de incapacitaci贸n. No hay una curatela para los pr贸digos, puesto que no cabe incapacitar a nadie o restringir su capacidad de obrar por esta causa. Respecto de los emancipados (hu茅rfanos, en el supuesto m谩s frecuente), s贸lo se constituir谩 la curatela a instancia de 茅stos, pues su cometido es 煤nicamente la intervenci贸n o asistencia del curador en los actos que los emancipados no pueden realizar por s铆 solos (art铆culo 135). La de los incapacitados tiene el contenido que determine la sentencia de incapacitaci贸n, de manera que tanto puede limitarse al 谩mbito personal como incluir poderes de representaci贸n, si bien el par谩metro supletorio es la situaci贸n de un menor mayor de catorce a帽os, criterio aplicable tambi茅n a la prestaci贸n de la asistencia.

En cuanto al defensor judicial (Cap. VI), su regulaci贸n apenas se aparta de la vigente, sin m谩s que las adaptaciones necesarias al sistema aragon茅s de Derecho de la persona.

La guarda de hecho (Cap. VII) es definida por las notas de iniciativa propia y transitoriedad en el hecho de ocuparse de la guarda de una persona y, desde el punto de vista subjetivo, por la posibilidad de que el guardador sea persona f铆sica o jur铆dica y el guardado necesariamente menor o incapacitado que se encuentren en situaci贸n de desamparo, o persona que podr铆a ser incapacitada. El guardador est谩 obligado a poner el hecho de la guarda en conocimiento del Juez o del Ministerio Fiscal, y la autoridad judicial cuenta con las necesarias facultades para requerir informaci贸n y establecer las medidas de control y vigilancia que considere oportunas.

La instituci贸n de la Junta de Parientes, de actuaci贸n tan frecuente y 煤til en el Derecho aragon茅s, ha permitido, en relaci贸n con la guarda de hecho, reconocer la validez de ciertos actos del guardador cuando, en el 谩mbito de la administraci贸n de los bienes, son necesarios. Si la Junta de Parientes declara que es necesario el acto de administraci贸n realizado en representaci贸n del guardado, 茅ste ser谩 v谩lido. Los actos no necesarios ser谩n anulables, salvo que hayan redundado en utilidad de la persona protegida.

El Cap铆tulo VIII (art铆culos 146-155) est谩 dedicado a la guarda administrativa y al acogimiento, especialmente al familiar. Los preceptos son coherentes con los principios y las disposiciones concretas de la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Arag贸n y procuran el adecuado engarce entre las normas civiles y las administrativas. Por razones sistem谩ticas, hay algunas reiteraciones de preceptos de la citada Ley y, en particular, se desarrollan y concretan algunos aspectos civiles a los que aqu茅lla hace referencia en sus remisiones a la Compilaci贸n del Derecho civil de Arag贸n o a la 芦legislaci贸n civil禄 que resulte aplicable de acuerdo con la vecindad civil de los sujetos.

X

La Junta de Parientes, regulada por primera vez de forma sistem谩tica en la Compilaci贸n de 1967, ha tenido desde entonces una excelente aceptaci贸n social, pues se acude a ella en la inmensa mayor parte de los supuestos en que los particulares pueden suscitar su intervenci贸n, evitando otras alternativas, en particular la judicial. En consecuencia, en las leyes civiles promulgadas desde entonces el legislador ha ido a帽adiendo nuevos casos susceptibles de encauzarse a trav茅s de la Junta de Parientes. As铆 ocurri贸 en la Ley de sucesiones de 1999 y en la Ley de r茅gimen econ贸mico matrimonial y viudedad de 2003. Pero es en el 谩mbito del Derecho de la persona en que con m谩s frecuencia el legislador ha de referirse a esta instituci贸n. En la presente Ley, son m谩s de una veintena los art铆culos que la mencionan, sin contar el T铆tulo IV y 煤ltimo de la misma, dedicado a las reglas generales de composici贸n y funcionamiento de este 贸rgano familiar cuya utilidad demostrada ha movido incluso a otros legisladores espa帽oles a incorporarlo a sus leyes.

Posiblemente, al menos desde el punto de vista de su frecuencia en la pr谩ctica, las funciones principales de la Junta de Parientes son la autorizaci贸n para disponer de bienes de menores de catorce a帽os por sus representantes legales y la prestaci贸n de asistencia a los menores que han cumplido dicha edad, en los casos y formas que las leyes prev茅n. Pero no hay que olvidar que puede tambi茅n dirimir divergencias entre los padres en el ejercicio de la autoridad familiar (art铆culo 71), as铆 como divergencias sobre la titularidad de la autoridad familiar de personas distintas de los padres (art铆culo 76), si prefieren acudir a ella en lugar de al Juez (del mismo modo que las divergencias entre c贸nyuges sobre la determinaci贸n del domicilio familiar, de acuerdo con el art铆culo 2 Lrem., que utiliza f贸rmula similar). Adem谩s, tiene una participaci贸n interesante en la organizaci贸n y funcionamiento de la tutela (art铆culos 92, 94, 99, 100, 126, 127 y 129) y en la guarda de hecho (art铆culo 145).

Por otra parte, la Ley de sucesiones dej贸 sin contenido el art铆culo 22 de la Compilaci贸n (derogado por la Lrem.), que se refer铆a a la 芦Junta de Parientes en funciones de fiducia sucesoria禄. Hoy la fiducia colectiva no es considerada propiamente como un supuesto de Junta de Parientes, pero s铆 ha parecido oportuno se帽alar que las normas del T铆tulo IV de esta Ley se aplican supletoriamente, en defecto o para completar la normativa espec铆fica contenida en la Ley de sucesiones, a su vez subsidiaria de las instrucciones del comitente.

El T铆tulo IV regula la composici贸n y funcionamiento de la Junta de Parientes partiendo de los art铆culos 20 y 21 de la Compilaci贸n, cuyo texto incorpora en buena parte, pero sin olvidar que, en la experiencia de los 煤ltimos decenios, es much铆simo m谩s frecuente la constituci贸n y funcionamiento de la Junta bajo fe notarial (cuando, hall谩ndose juntos sus miembros, deciden por unanimidad bajo fe notarial para asunto o asuntos determinados) que la constituci贸n judicial. Esta constataci贸n lleva a establecer (art铆culos 158 y 159) unas reglas de composici贸n que puedan aplicarse autom谩ticamente cuando los parientes llamados quieran actuar bajo fe notarial, sin privar por otra parte al Juez de la facultad de apartarse motivadamente de estos criterios cuando se quiera acudir a la constituci贸n judicial (o en los presumiblemente escasos supuestos en que en documento p煤blico alguien haya configurado la Junta de Parientes como 贸rgano permanente, por ejemplo como 贸rgano de control de una tutela) (art铆culo 161).

El procedimiento para la toma de decisiones por parte de la Junta sigue siendo libre en todo caso (art铆culos 161-3 y 163). Es fundamental la regla de unanimidad (art铆culos 160 y 161-3), completada con los criterios de asistencia obligatoria y personal a la reuni贸n, deliberaci贸n conjunta y decisi贸n conforme al leal saber y entender de los vocales (art铆culos 162 y 163).

Se aclara que la decisi贸n de la Junta, ya sea positiva o negativa, impide someter el mismo asunto a otro 贸rgano de decisi贸n (en particular, al Juez en funciones de jurisdicci贸n voluntaria) (art铆culo 164-2) y se precisan los casos en que el transcurso de un mes sin haber obtenido acuerdo permite acudir a otra v铆a (art铆culo 167). Adem谩s, se incluyen algunas normas, que la doctrina echaba en falta, sobre validez y eficacia de las decisiones de la Junta (que se presume mientras no se declare judicialmente la invalidez) (art铆culo 164), as铆 como sobre causas de invalidez y cauce procesal para instar la correspondiente declaraci贸n (art铆culo 166).

XI

Las disposiciones transitorias establecen una regla general de aplicaci贸n inmediata de los preceptos de la nueva Ley a partir del momento de su entrada en vigor, as铆 como la sujeci贸n a la nueva Ley del ejercicio de las acciones, derechos y deberes nacidos con anterioridad. En particular, son aplicables desde la entrada en vigor de la Ley las normas sobre nulidad y anulabilidad de los actos de los menores (mayores o no de catorce a帽os), de los incapaces, de los sujetos a curatela, del guardador de hecho o de las decisiones de la Junta de Parientes.

Tres normas espec铆ficas de Derecho intertemporal se ocupan de la prodigalidad, previendo la solicitud judicial de la reintegraci贸n de su capacidad por las personas declaradas pr贸digas con anterioridad a la Ley; de los gastos de maternidad, se帽alando que el art铆culo 59 s贸lo se aplicar谩 respecto de nacimientos ocurridos con posterioridad a la Ley, y de la autoridad familiar de otras personas, acomod谩ndola en todo caso a lo dispuesto en el art铆culo 75.3.

Las disposiciones finales tienen por objeto peque帽as modificaciones en otros textos legales de Derecho civil como consecuencia de las disposiciones de la presente Ley. La primera se refiere a tres art铆culos de la Ley de sucesiones por causa de muerte, con incidencia muy peque帽a en su contenido, bien para suprimir remisiones ahora indebidas a disposiciones de la Compilaci贸n, bien para remitir a los preceptos de la presente Ley. La segunda modifica tres art铆culos de la Ley de r茅gimen econ贸mico matrimonial y viudedad: armoniza la regulaci贸n de la asistencia al mayor de catorce a帽os, suprime las referencias a la prodigalidad y a la quiebra, y adapta el precepto aragon茅s a lo dispuesto en la Ley concursal.

La disposici贸n derogatoria 煤nica priva de vigencia al Libro Primero, 芦Derecho de la persona y de la familia禄, de la Compilaci贸n del Derecho civil de Arag贸n en su totalidad. La mayor parte de sus art铆culos hab铆an sido ya derogados, de modo que ahora desaparece el Libro mismo con los art铆culos que a煤n estaban en vigor. En consecuencia, la Compilaci贸n queda reducida a su fundamental T铆tulo Preliminar, sobre 芦Las normas en el Derecho civil de Arag贸n禄 y dos breves Libros, el Tercero y el Cuarto, con algunos preceptos sobre Derecho de bienes y Derecho de obligaciones, respectivamente. La mayor parte y m谩s importante de las normas legales del Derecho civil de Arag贸n se contienen ahora en la Ley de sucesiones (1999), en la de r茅gimen econ贸mico matrimonial y viudedad (2003) y en la que ahora se promulga.

T脥TULO PRIMERO

De la capacidad y estado de las personas

CAP脥TULO PRIMERO

Capacidad de las personas por raz贸n de la edad

Secci贸n primera

Mayor铆a y minor铆a de edad

Art铆culo 1.- Mayor铆a de edad.

1. Es mayor de edad:

a) El que ha cumplido los dieciocho a帽os.

b) El que ha contra铆do matrimonio.

2. El mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil, salvo las excepciones establecidas en casos especiales por la ley.

Art铆culo 2.- Minor铆a de edad.

1. El menor de edad tiene derecho a su desarrollo y a una formaci贸n conforme a su personalidad.

2. El menor de edad est谩 sujeto a autoridad familiar y, subsidiariamente, a tutela o curatela.

3. La representaci贸n legal del menor termina al cumplir los catorce a帽os; desde entonces, su capacidad se completa con la asistencia.

4. Los guardadores legales ejercer谩n sus funciones siempre en inter茅s del menor, de acuerdo con su personalidad y madurez, a fin de dotarle de autonom铆a en la organizaci贸n de su propia vida.

5. El menor no emancipado debe obedecer, en todo cuanto no sea il铆cito o inmoral, a sus guardadores legales y cumplir sus indicaciones.

6. En situaciones de riesgo o desamparo la entidad p煤blica competente en materia de protecci贸n de menores adoptar谩 en inter茅s del menor las medidas oportunas.

Art铆culo 3.- Derecho del menor a ser o铆do.

Antes de adoptar cualquier decisi贸n, resoluci贸n o medida que afecte a su persona o bienes, se debe o铆r al menor siempre que tenga suficiente juicio y, en todo caso, si es mayor de doce a帽os.

Art铆culo 4.- Capacidad del menor.

1. El menor que tenga suficiente juicio podr谩 por s铆 solo:

a) Ejercer los derechos de la personalidad.

b) Otorgar los actos y contratos propios de la vida corriente del menor que, estando al alcance de su capacidad natural, sean conformes a los usos sociales.

c) Llevar a cabo otros actos que, de acuerdo con las leyes, pueda realizar sin necesidad de representaci贸n o asistencia.

2. Las limitaciones a la capacidad de obrar del menor se interpretar谩n de forma restrictiva.

Art铆culo 5.- Interrupci贸n voluntaria del embarazo.

1. En los casos permitidos por la ley, la interrupci贸n voluntaria del embarazo de la menor que tenga suficiente juicio s贸lo requiere su consentimiento.

2. Si no tiene suficiente juicio, dicha interrupci贸n s贸lo ser谩 posible cuando lo exija el inter茅s de la menor, apreciado conjuntamente por los titulares de la autoridad familiar o el tutor y, subsidiariamente, por el Juez.

3. Si la embarazada es una persona mayor de edad no incapacitada que no est谩 en condiciones de decidir por s铆 misma, dicha interrupci贸n requiere siempre autorizaci贸n judicial.

Art铆culo 6.- Patrimonio del menor.

Pertenecen al menor de edad los bienes y derechos que adquiera y, consiguientemente, su disfrute, as铆 como los frutos y productos de cualesquiera otros que se le hubieren confiado.

Art铆culo 7.- Administraci贸n y disposici贸n.

1. La administraci贸n de los bienes del menor no emancipado, as铆 como la disposici贸n hasta que cumpla los catorce a帽os, compete a los padres, como funci贸n aneja a la autoridad familiar, y, en defecto de ambos, al tutor.

2. Se except煤an los bienes cuya administraci贸n y disposici贸n correspondan al tutor real, administrador judicial o persona designada por aqu茅l de quien el menor hubo los bienes por donaci贸n o sucesi贸n. En los dos 煤ltimos casos se estar谩 a lo ordenado por el Juez o el disponente y, en su defecto, ser谩n aplicables las mismas limitaciones, formalidades y responsabilidades impuestas al tutor.

Art铆culo 8.- Intervenci贸n judicial.

En cualquier procedimiento, el Juez, de oficio o a instancia del propio menor, de cualquier pariente o persona interesada, o del Ministerio Fiscal, dictar谩:

a) Las medidas convenientes para asegurar la prestaci贸n de alimentos y proveer a las futuras necesidades del menor, en caso de incumplimiento de este deber por sus guardadores.

b) Las disposiciones apropiadas a fin de evitar al menor perturbaciones da帽osas en los casos de cambio de titular de la potestad de guarda.

c) Las medidas necesarias para evitar la sustracci贸n del menor por alguno de los progenitores o por terceras personas.

d) En general, las dem谩s disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios.

Art铆culo 9.- C贸mputo de la edad.

Para el c贸mputo de la edad se incluir谩 completo el d铆a del nacimiento.

Secci贸n 2.陋

La persona menor de catorce a帽os

Art铆culo 10.- Representaci贸n legal.

1. La representaci贸n legal del que no ha cumplido los catorce a帽os incumbe a los titulares de la autoridad familiar, en cuanto ostenten su ejercicio, y, en su defecto, al tutor.

2. Se except煤an de la representaci贸n legal los actos relativos a derechos de la personalidad.

3. Las personas a las que corresponda la administraci贸n y disposici贸n de los bienes del menor conforme al art铆culo 7 le representar谩n en la realizaci贸n de dicho tipo de actos.

Art铆culo 11.- Oposici贸n de intereses.

1. Cuando entre el menor y quienes le representen exista oposici贸n de intereses en alg煤n asunto:

a) Si es por parte de uno solo de los padres o tutores, le representa el otro, a no ser que en la delaci贸n de la tutela se hubiera dispuesto otra cosa de modo expreso.

b) Si es por parte del 煤nico padre titular de la autoridad familiar o del tutor 煤nico, la actuaci贸n de 茅ste requiere autorizaci贸n de la Junta de Parientes o del Juez, sin que sea necesaria adem谩s la autorizaci贸n o aprobaci贸n que en su caso exija el acto. Tambi茅n podr谩 ser representado por un defensor judicial.

c) Si es por parte de ambos padres o tutores, la representaci贸n corresponde a la Junta de Parientes o a un defensor judicial. Cuando intervenga la Junta de Parientes en representaci贸n del menor en actos que requieran autorizaci贸n o aprobaci贸n, 茅sta ser谩 necesariamente judicial.

d) Si es por parte de un tutor real y no hay otro que tenga la administraci贸n de los mismos bienes, le representar谩n los titulares de la autoridad familiar o el tutor.

2. Cuando en el mismo acto varios menores o incapacitados, que habr铆an de ser representados por la misma persona, tengan intereses contrapuestos, se nombrar谩 a cada uno de ellos un defensor judicial.

Art铆culo 12.- Atribuciones gratuitas.

1. El representante legal del menor necesita autorizaci贸n previa de la Junta de Parientes o del Juez para rechazar cualquier atribuci贸n gratuita en favor de 茅ste. Denegada la autorizaci贸n se entender谩 autom谩ticamente aceptada la atribuci贸n.

2. Tambi茅n precisa autorizaci贸n previa para aceptar donaciones modales u onerosas. En caso de denegaci贸n, se entender谩 rechazada la donaci贸n.

Art铆culo 13.- Actos de disposici贸n.

1. El representante del menor necesita autorizaci贸n previa de la Junta de Parientes o del Juez para:

a) La realizaci贸n de actos de disposici贸n sobre inmuebles por naturaleza, empresas o explotaciones econ贸micas, valores mobiliarios, bienes muebles de valor extraordinario u objetos de arte o preciosos. Se except煤a la enajenaci贸n de acciones o derechos de suscripci贸n preferente por un precio que sea al menos el de cotizaci贸n en bolsa.

b) La realizaci贸n de actos de disposici贸n a t铆tulo gratuito, salvo las liberalidades usuales.

c) Renunciar a derechos de cr茅dito.

d) Dar y tomar dinero a pr茅stamo o cr茅dito, avalar, afianzar o garantizar con derecho real obligaciones ajenas.

e) Dar en arrendamiento inmuebles, empresas o explotaciones econ贸micas, por plazo superior a seis a帽os, comput谩ndose a estos efectos el plazo por el que el arrendatario tenga derecho a prorrogar el contrato.

f) Adquirir la condici贸n de socio en sociedades que no limiten la responsabilidad de las personas que formen parte de las mismas.

g) Transigir o allanarse.

2. No ser谩 necesaria la indicada autorizaci贸n para tomar dinero a pr茅stamo o cr茅dito, incluso por v铆a de subrogaci贸n, para financiar la adquisici贸n de bienes inmuebles por parte del menor, aun con garant铆a real sobre los bienes adquiridos.

Art铆culo 14.- Autorizaci贸n en caso de tutela.

El tutor del menor que no ha cumplido los catorce a帽os necesita tambi茅n autorizaci贸n previa de la Junta de Parientes o del Juez para:

a) Hacer gastos extraordinarios en los bienes.

b) Presentar demanda judicial o arbitral en nombre de los sujetos a tutela, salvo en los asuntos urgentes o de escasa cuant铆a.

c) Ceder a terceros los cr茅ditos que el tutelado tenga contra 茅l, o adquirir a t铆tulo oneroso los cr茅ditos de terceros contra el tutelado.

d) Adquirir por t铆tulo oneroso bienes del tutelado o transmitirle por su parte bienes por igual t铆tulo.

Art铆culo 15.- Divisi贸n de patrimonio o cosa com煤n.

La divisi贸n de un patrimonio o cosa com煤n no necesita autorizaci贸n previa, pero debe ser aprobada por la Junta de Parientes o el Juez cuando haya sido practicada en representaci贸n del menor:

a) Por el tutor, salvo si ha actuado con autorizaci贸n de la Junta de Parientes o del Juez.

b) Por la Junta de Parientes o un defensor judicial. Cuando intervenga la Junta de Parientes la aprobaci贸n ser谩 necesariamente judicial

c) Por el 煤nico padre titular de la autoridad familiar con el que exista oposici贸n de intereses si no se ha obtenido autorizaci贸n previa.

Art铆culo 16.- Concesi贸n de la autorizaci贸n.

1. La autorizaci贸n o aprobaci贸n requerida en los art铆culos anteriores s贸lo se conceder谩 en inter茅s del menor, por causas justificadas de utilidad o necesidad y previa audiencia del Ministerio Fiscal si es judicial.

2. La autorizaci贸n en ning煤n caso puede ser gen茅rica. Podr谩, sin embargo, concederse para una pluralidad de actos de la misma naturaleza o referentes a la misma empresa, explotaci贸n econ贸mica, actividad o sociedad, cuyas circunstancias fundamentales habr谩n de especificarse.

Art铆culo 17.- Falta de autorizaci贸n.

Ser谩n anulables los actos realizados sin la debida autorizaci贸n o aprobaci贸n:

a) A petici贸n del representante legal que no haya intervenido en el acto, hasta que el menor cumpla catorce a帽os.

b) A petici贸n del propio menor, con la debida asistencia, desde que cumpla catorce a帽os. La acci贸n prescribir谩 a los cuatro a帽os desde que, por la emancipaci贸n o mayor铆a de edad, hubiera podido realizar el acto sin asistencia.

Art铆culo 18.- Intromisi贸n de terceros en los derechos de la personalidad.

1. Siempre que con arreglo a las leyes la voluntad del sujeto decida sobre la intromisi贸n en sus derechos de la personalidad, la intromisi贸n en los del menor de catorce a帽os se regir谩 por las siguientes reglas:

a) Si tiene suficiente juicio, requerir谩 su consentimiento y la autorizaci贸n conjunta de los titulares de la autoridad familiar o del tutor; en caso de negativa de alguno de ellos, su autorizaci贸n podr谩 ser suplida por el Juez.

b) Contra su voluntad s贸lo ser谩 posible la intromisi贸n con autorizaci贸n judicial en inter茅s del menor.

c) Si no tiene suficiente juicio, s贸lo ser谩 posible la intromisi贸n cuando lo exija el inter茅s del menor, apreciado conjuntamente por los titulares de la autoridad familiar o el tutor y, subsidiariamente, por el Juez.

2. Para internar al menor contra su voluntad en un establecimiento de salud mental o de educaci贸n o formaci贸n especial que comporte privaci贸n de libertad, se necesita autorizaci贸n judicial.

Art铆culo 19.- Prestaci贸n personal.

Los contratos que impliquen alguna prestaci贸n personal del menor de catorce a帽os que tenga suficiente juicio requieren su consentimiento previo y la autorizaci贸n de quienes ostenten su representaci贸n legal.

Art铆culo 20.- Invalidez de los actos del menor.

1. El acto celebrado por un menor de catorce a帽os sin capacidad para ello ser谩 inv谩lido. No obstante, ser谩 v谩lido si medi贸 autorizaci贸n previa de su representante legal y el acto no requer铆a la intervenci贸n de la Junta de Parientes o del Juez. Si la requer铆a se aplicar谩 el art铆culo 17.

2. Si el acto no cont贸 con dicha autorizaci贸n previa, mientras no sea confirmado por quienes pueden anularlo, ser谩 anulable:

a) A petici贸n de su representante legal, hasta que el menor cumpla catorce a帽os.

b) A petici贸n del propio menor, con la debida asistencia, desde que cumpla catorce a帽os. La acci贸n prescribir谩 a los cuatro a帽os desde que, por la emancipaci贸n o mayor铆a de edad, hubiera podido realizar el acto sin asistencia.

No obstante, el acto ser谩 nulo si vulnera leyes que exigen una capacidad espec铆fica o se帽alan prohibiciones para el menor, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto.

Secci贸n 3.陋

El menor mayor de catorce a帽os

Art铆culo 21.- Capacidad.

1. El menor de edad, cumplidos los catorce a帽os, aunque no est茅 emancipado, puede celebrar por s铆 toda clase de actos y contratos, con asistencia, en su caso, de uno cualquiera de sus padres que est茅 en ejercicio de la autoridad familiar o, en su defecto, del tutor.

2. La imposibilidad de prestar la asistencia permitir谩 al menor solicitarla a la Junta de Parientes o al Juez.

3. No necesita asistencia en los actos que la ley le permita realizar por s铆 solo.

Art铆culo 22.- Intromisi贸n de terceros en los derechos de la personalidad.

1. Siempre que con arreglo a las leyes la voluntad del sujeto decida sobre la intromisi贸n en sus derechos de la personalidad, la intromisi贸n en los del menor mayor de catorce a帽os depender谩 de su exclusiva voluntad, con las salvedades siguientes:

a) Si su decisi贸n entra帽a un grave riesgo para su vida o integridad f铆sica o ps铆quica, necesitar谩 la asistencia prevista en el art铆culo anterior.

b) Contra su voluntad s贸lo ser谩 posible la intromisi贸n con autorizaci贸n judicial en inter茅s del menor.

2. Si no est谩 en condiciones de decidir sobre ella, s贸lo ser谩 posible la intromisi贸n cuando lo exija el inter茅s del menor apreciado por uno de los titulares de la autoridad familiar o por el tutor y, subsidiariamente, por el Juez.

Art铆culo 23.- Administraci贸n de bienes.

1. El administrador administra los bienes del menor mayor de catorce a帽os en representaci贸n suya, pero los actos de administraci贸n podr谩n ser realizados tambi茅n por el menor con la debida asistencia.

2. Compete exclusivamente al menor, sin necesidad de asistencia, la administraci贸n de:

a) Los bienes que adquiera con su trabajo o industria.

b) Los que se le hubieren confiado a tal fin, as铆 como los frutos y productos obtenidos con ellos.

c) Los que haya adquirido a t铆tulo lucrativo cuando el disponente as铆 lo hubiere ordenado.

Art铆culo 24.- Prestaci贸n de la asistencia.

1. La prestaci贸n de asistencia requiere conocer el acto que el menor se propone realizar y significa considerarlo conforme a sus intereses.

2. Puede ser expresa o t谩cita y previa o simult谩nea al acto; en 茅sta puede bastar con la mera presencia sin oposici贸n.

3. La asistencia en ning煤n caso puede ser gen茅rica. Podr谩, sin embargo, concederse para una pluralidad de actos de la misma naturaleza o referentes a la misma empresa, explotaci贸n econ贸mica, actividad o sociedad, cuyas circunstancias fundamentales habr谩n de especificarse.

Art铆culo 25.- Oposici贸n de intereses.

1. Cuando entre el menor y quienes hayan de prestarle la asistencia exista oposici贸n de intereses en alg煤n asunto:

a) Si es por parte de uno solo de los padres o tutores, la asistencia ser谩 prestada por el otro, a no ser que en la delaci贸n de la tutela se hubiera dispuesto otra cosa de modo expreso.

b) Si es por parte del 煤nico padre titular de la autoridad familiar o del tutor 煤nico, as铆 como si es por parte de ambos padres o tutores, la asistencia ser谩 suplida por la Junta de Parientes o un defensor judicial.

c) Si es por parte del administrador voluntario, la asistencia ser谩 prestada por uno cualquiera de los padres o el tutor.

2. Cuando en el mismo acto varios menores o incapacitados, que habr铆an de ser asistidos por la misma persona, tengan intereses contrapuestos, se nombrar谩 a cada uno de ellos un defensor judicial.

Art铆culo 26.- Anulabilidad por falta de asistencia.

Ser谩 anulable, mientras no sea confirmado por quienes pueden anularlo, el acto o contrato celebrado por el menor sin la debida asistencia:

a) A petici贸n del llamado a prestar la asistencia omitida, mientras el menor no pueda anularlo por s铆 solo.

b) A petici贸n del propio menor, con la debida asistencia. La acci贸n prescribir谩 a los cuatro a帽os desde que, por la emancipaci贸n o mayor铆a de edad, hubiera podido realizar el acto sin asistencia.

Secci贸n 4.陋

El menor emancipado

Art铆culo 27.- Emancipaci贸n por concesi贸n.

1. La emancipaci贸n por concesi贸n de quienes ejerzan la autoridad familiar requiere que el menor tenga catorce a帽os cumplidos y que la consienta. Esta emancipaci贸n se otorgar谩 por escritura p煤blica o por comparecencia ante el Juez encargado del Registro Civil.

2. El Juez podr谩 conceder la emancipaci贸n al menor mayor de catorce a帽os si 茅ste la pide y previa audiencia de quienes ejerzan la autoridad familiar o la tutela:

a) Cuando quien ejerce la autoridad familiar contraiga nupcias o conviva maritalmente con persona que no sea tambi茅n titular de la autoridad familiar sobre el menor.

b) Cuando quienes ejercen la autoridad familiar vivan separados.

c) Cuando concurra cualquier causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la autoridad familiar.

d) Cuando el menor est茅 sujeto a tutela.

3. Concedida la emancipaci贸n no podr谩 ser revocada.

Art铆culo 28.- Inscripci贸n

La concesi贸n de emancipaci贸n habr谩 de inscribirse en el Registro Civil, no produciendo entre tanto efectos contra terceros.

Art铆culo 29.- Emancipaci贸n por vida independiente.

El menor mayor de catorce a帽os que, con benepl谩cito de quienes ejerzan la autoridad familiar o la tutela, o mediando justa causa, viva con independencia econ贸mica de ellos, ser谩 reputado para todos los efectos como emancipado. Quienes dieron este benepl谩cito podr谩n revocarlo.

Art铆culo 30.- Efectos de la emancipaci贸n.

1. La emancipaci贸n habilita al menor para regir su persona y bienes como si fuera mayor, pero necesitar谩 la asistencia que previene el art铆culo 21 y, en su defecto, la de su curador para:

a) Realizar los actos enumerados en el art铆culo 13.

b) Repudiar atribuciones gratuitas.

c) Aceptar el cargo de administrador en sociedades de cualquier clase.

2. El menor emancipado podr谩 por s铆 solo comparecer en juicio.

CAP脥TULO II

Incapacidad e incapacitaci贸n

Secci贸n primera

La persona incapaz y la incapacitada

Art铆culo 31.- Presunci贸n de capacidad.

La capacidad de la persona que ha cumplido los catorce a帽os y no ha sido incapacitada se presume siempre. Se presume tambi茅n su aptitud de entender y querer para un acto concreto mientras no se demuestre lo contrario.

Art铆culo 32.- Intromisi贸n en los derechos de la personalidad.

Siempre que con arreglo a las leyes la voluntad del sujeto decida sobre la intromisi贸n en sus derechos de la personalidad, la intromisi贸n en los del mayor de edad no incapacitado que no est茅 en condiciones de decidirla por s铆 mismo requiere el consentimiento del c贸nyuge no separado judicialmente o de hecho o, en su defecto, del pariente m谩s pr贸ximo o allegado que se ocupe de 茅l. A falta de tales personas resolver谩 el Juez lo que estime m谩s conveniente para 茅ste.

Art铆culo 33.- Internamiento.

Para internar a una persona contra su voluntad en un establecimiento de salud mental o de educaci贸n o formaci贸n especial o en un centro residencial que comporte privaci贸n de libertad, se necesita autorizaci贸n judicial. Nadie podr谩 ser obligado a permanecer internado, salvo si media autorizaci贸n judicial en tal sentido.

Art铆culo 34.- Invalidez de los actos de la persona no incapacitada.

1. El acto de la persona mayor de catorce a帽os no incapacitada que en el momento de su celebraci贸n carezca de la suficiente aptitud para entenderlo y quererlo ser谩 inv谩lido.

2. El acto ser谩 anulable, mientras no sea confirmado por quienes puedan anularlo:

a) A petici贸n del representante legal si llegara a haberlo, hasta que el interesado pueda anularlo por s铆 mismo.

b) A petici贸n del propio interesado, en su caso con la debida asistencia. La acci贸n prescribir谩 a los cuatro a帽os desde que hubiera recobrado sus facultades o podido celebrar el acto sin asistencia o, en su defecto, desde su fallecimiento.

No obstante, el acto ser谩 nulo si vulnera leyes que exigen una capacidad espec铆fica, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto.

Art铆culo 35.- Incapacitaci贸n.

1. Nadie puede ser incapacitado sino en virtud de las causas establecidas en la ley y por sentencia judicial, que determinar谩 la extensi贸n y l铆mites de la incapacitaci贸n, as铆 como el r茅gimen de protecci贸n a que haya de quedar sometido el incapacitado.

2. Son causas de incapacitaci贸n las enfermedades o deficiencias persistentes de car谩cter f铆sico o ps铆quico que impidan a la persona gobernarse por s铆 misma.

3. La prodigalidad no tendr谩 otro efecto que el de ser causa de incapacitaci贸n cuando re煤na los requisitos del apartado anterior.

4. El menor de edad podr谩 ser incapacitado cuando concurra en 茅l causa de incapacitaci贸n y se prevea razonablemente que la misma persistir谩 despu茅s de la mayor铆a de edad.

Art铆culo 36.- Capacidad del incapacitado.

A salvo lo previsto en la sentencia de incapacitaci贸n o en la ley para casos concretos, se aplicar谩n, con las necesarias adaptaciones, al incapacitado menor de edad, as铆 como al mayor sujeto a tutela o autoridad familiar, las reglas sobre capacidad del menor que no ha cumplido los catorce a帽os y al sujeto a curatela las del menor que los ha cumplido ya.

Art铆culo 37.- Patrimonio especial de las personas con discapacidad.

1. La regulaci贸n del patrimonio protegido de las personas con discapacidad ser谩 de aplicaci贸n preferente a lo dispuesto en este cap铆tulo y en el T铆tulo III de esta Ley sobre los efectos de la incapacitaci贸n.

2. No obstante:

a) Tambi茅n podr谩n constituir un patrimonio protegido las otras personas con autoridad familiar.

b) Cuando el constituyente del patrimonio protegido no sea el propio beneficiario del mismo, para su administraci贸n ser谩 necesaria autorizaci贸n de la Junta de Parientes o del Juez en los mismos supuestos en que el tutor la requiere respecto de los bienes del tutelado, conforme a lo dispuesto en esta Ley. Pero la autorizaci贸n no ser谩 necesaria cuando el beneficiario tenga capacidad de obrar suficiente.

Secci贸n 2.陋

Pr贸rroga y rehabilitaci贸n de la potestad de guarda

Art铆culo 38.- Pr贸rroga.

La autoridad familiar o tutela a que estuviera sometido el menor de edad que hubiera sido incapacitado quedar谩 prorrogada, por ministerio de la ley, al llegar aqu茅l a la mayor edad.

Art铆culo 39.- Rehabilitaci贸n.

Si el hijo soltero mayor de edad que viviere en compa帽铆a de sus padres o de cualquiera de ellos fuere incapacitado, a falta de previsiones sobre autotutela, se rehabilitar谩 por ministerio de la ley la autoridad familiar, que ser谩 ejercida por quien correspondiere si el hijo fuera menor de edad.

Art铆culo 40.- Excepci贸n a la pr贸rroga o rehabilitaci贸n.

El Juez, no obstante lo dispuesto en los art铆culos anteriores, atendidos el grado de deficiencia del incapacitado y la edad o situaci贸n personal y social de las personas a quienes corresponder铆a ejercer la autoridad familiar prorrogada o rehabilitada, puede en su lugar acordar la constituci贸n de la tutela o curatela.

Art铆culo 41.- R茅gimen de la potestad de guarda prorrogada o rehabilitada.

La potestad de guarda prorrogada o rehabilitada se ejercer谩 con sujeci贸n a lo especialmente dispuesto en la sentencia de incapacitaci贸n y, subsidiariamente, conforme a las reglas de la autoridad familiar o la tutela.

Art铆culo 42.- Extinci贸n de la autoridad familiar prorrogada o rehabilitada.

Adem谩s de por las causas generales que resulten de aplicaci贸n, la autoridad familiar prorrogada o rehabilitada se extingue:

a)Por haberse declarado el cese de la incapacitaci贸n.

b)Por haber contra铆do matrimonio el incapacitado.

c)Por declaraci贸n judicial, basada en la dificultad grave de los titulares para el adecuado cumplimiento de su funci贸n, atendidos su edad o situaci贸n personal y social y el grado de deficiencia del incapacitado.

CAP脥TULO III

La ausencia

Art铆culo 43.- Defensor del desaparecido.

Desaparecida una persona de su domicilio o del lugar de su 煤ltima residencia, sin haberse tenido en ella m谩s noticias, el nombramiento por el Juez de defensor, para que ampare y represente al desaparecido en juicio o en los negocios que no admitan demora sin perjuicio grave, deber谩 recaer, por este orden, y salvo motivo grave apreciado por el propio Juez, en:

1.潞 El c贸nyuge presente no separado legalmente o de hecho.

2.潞 El heredero contractual del desaparecido.

3.潞 El presunto heredero legal mayor de edad, pariente hasta el cuarto grado, que discrecionalmente designe el Juez, atendidas la cuant铆a de su porci贸n hereditaria y la proximidad con el desaparecido.

4.潞 La persona mayor de edad, solvente y de buenos antecedentes que, o铆do el Ministerio Fiscal, discrecionalmente designe el Juez, atendiendo a las relaciones de la misma con el desaparecido.

Art铆culo 44.- Desaparici贸n de c贸nyuge.

En caso de desaparici贸n de uno de los c贸nyuges, son de aplicaci贸n a la gesti贸n de los bienes del consorcio conyugal los art铆culos 52 y 58 de la Ley de r茅gimen econ贸mico matrimonial y viudedad.

Art铆culo 45.- Legitimaci贸n.

1. Tienen la obligaci贸n de promover e instar la declaraci贸n de ausencia legal, sin orden de preferencia:

a) El c贸nyuge del desaparecido no separado legalmente o de hecho.

b) El heredero contractual del desaparecido.

c) Los parientes consangu铆neos hasta el cuarto grado.

d) El Ministerio Fiscal de oficio o en virtud de denuncia.

2. Podr谩, tambi茅n, pedir dicha declaraci贸n cualquier persona que racionalmente estime tener sobre los bienes del desaparecido alg煤n derecho ejercitable en vida del mismo o dependiente de su muerte.

Art铆culo 46.- Representante del declarado ausente.

Salvo motivo grave apreciado por el Juez, nombrar谩 茅ste como persona encargada de la representaci贸n del declarado ausente, la pesquisa de su persona, la protecci贸n y administraci贸n de sus bienes y el cumplimiento de sus obligaciones a las mismas personas enumeradas en el art铆culo 43 y por el mismo orden.

Art铆culo 47.- Obligaciones del representante.

1. El representante del declarado ausente quedar谩 sujeto a las obligaciones siguientes:

a) Inventariar los bienes muebles y describir los inmuebles de su representado.

b) Prestar la garant铆a que el Juez, atendidas las circunstancias, pueda fijar. Queda exceptuado en todo caso el c贸nyuge.

c) Conservar y defender el patrimonio del ausente y obtener de sus bienes los rendimientos normales de que fueren susceptibles.

d) Ajustarse a las normas establecidas en las leyes en orden a la posesi贸n y administraci贸n de los bienes del ausente.

2. Ser谩n aplicables a los representantes del ausente, en cuanto se adapten a su especial representaci贸n, los preceptos que regulan el ejercicio de la tutela y las causas de inhabilidad, remoci贸n y excusa de los tutores.

Art铆culo 48.- Facultades y derechos del representante.

1. Los representantes del declarado ausente disfrutar谩n de la posesi贸n temporal del patrimonio del ausente y har谩n suyos los productos l铆quidos cuando el Juez lo decida y en la cuant铆a que se帽ale, habida consideraci贸n al importe de los frutos, rentas y aprovechamientos, n煤mero de hijos del ausente y obligaciones alimenticias para con los mismos, cuidados y actuaciones que la representaci贸n requiera, afecciones que graven al patrimonio y dem谩s circunstancias de la propia 铆ndole.

2. Los representantes del declarado ausente necesitar谩n autorizaci贸n de la Junta de Parientes o del Juez en los mismos supuestos en que la precisa el tutor.

Art铆culo 49.- Derechos de terceros.

Si durante el disfrute de la posesi贸n temporal o del ejercicio de la representaci贸n alguno probase su derecho preferente a dicha posesi贸n, ser谩 excluido el poseedor actual, pero aqu茅l no tendr谩 derecho a los productos sino a partir del d铆a de la presentaci贸n de la demanda.

Art铆culo 50.- Ausencia y econom铆a del matrimonio.

1. La gesti贸n del patrimonio consorcial se rige por lo dispuesto en el art铆culo 60 de la Ley de r茅gimen econ贸mico matrimonial y viudedad.

2. El derecho expectante de viudedad del declarado ausente y el de su c贸nyuge se rigen por lo dispuesto en la Ley de r茅gimen econ贸mico matrimonial y viudedad.

Art铆culo 51.- Ausencia y usufructo de viudedad.

1. Fallecido el c贸nyuge de quien hubiera sido declarado ausente, los sucesores de aqu茅l podr谩n tomar posesi贸n de los bienes heredados, pero deber谩n hacer inventario de aquellos sobre los que se debiera extender el derecho de usufructo vidual del ausente.

2. Si apareciere el ausente, tendr谩 derecho desde ese momento al usufructo vidual, en la medida y con el alcance que, en su caso, le correspondiera. Dicho derecho no se extender谩 a los bienes enajenados por su c贸nyuge vigente la declaraci贸n de ausencia, ni a los que hubieran enajenado a t铆tulo oneroso sus herederos antes de la aparici贸n.

3. Probada la muerte del ausente o declarado su fallecimiento, la apertura de la sucesi贸n en beneficio de los que en el momento del fallecimiento fuesen sus sucesores voluntarios o legales dejar谩 a salvo el derecho de usufructo vidual a favor del c贸nyuge de dicho ausente.

Art铆culo 52.- Llamamiento sucesorio a favor del ausente.

1. Abierta una sucesi贸n a la que estuviere llamado un ausente, quienes resulten herederos por no haberse probado la supervivencia de 茅ste deber谩n hacer, con intervenci贸n del Ministerio Fiscal, inventario de los bienes, los cuales reservar谩n hasta la declaraci贸n de fallecimiento.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las acciones de petici贸n de herencia u otros derechos que competan al ausente, sus representantes o causahabientes. Estos derechos no se extinguir谩n sino por el transcurso del tiempo fijado para la prescripci贸n. En la inscripci贸n que se haga en el Registro de los bienes inmuebles que reciban los que han resultado herederos, se expresar谩 la circunstancia de quedar sujetos a lo que dispone este art铆culo.

T脥TULO II

De las relaciones entre ascendientes y descendientes

CAP脥TULO PRIMERO

Efectos de la filiaci贸n

Art铆culo 53.- Principio de igualdad.

La filiaci贸n matrimonial y la no matrimonial, as铆 como la adoptiva, surten los mismos efectos, conforme a las disposiciones de la ley.

Art铆culo 54.- Apellidos del hijo.

1. La filiaci贸n determina los apellidos con arreglo a lo dispuesto en la ley.

2. El hijo, desde que cumpla los catorce a帽os, podr谩 solicitar, sin necesidad de asistencia, que se altere el orden de los apellidos.

Art铆culo 55.- Deberes de padres e hijos.

1. Padres e hijos se deben mutuamente, durante toda su vida, respeto, ayuda y asistencia.

2. El deber de asistencia comprende la obligaci贸n de prestar alimentos y la de contribuir equitativamente, durante la vida en com煤n, de acuerdo con sus posibilidades, a la satisfacci贸n de las necesidades familiares.

Art铆culo 56.- Padres con hijos menores.

Los padres, aunque no ostenten la autoridad familiar o no vivan con el hijo menor, tienen el derecho y la obligaci贸n de:

a) Velar por 茅l.

b) Visitarlo y relacionarse con 茅l.

c) Informarse rec铆procamente, aun cuando vivan separados, acerca de la situaci贸n personal del hijo.

Art铆culo 57.- Relaci贸n personal del hijo menor.

1. El hijo tiene derecho a relacionarse con ambos padres, aunque vivan separados, as铆 como con sus abuelos y otros parientes y allegados, salvo si, excepcionalmente, el inter茅s del menor lo desaconseja.

2. Los padres y guardadores no podr谩n impedir la relaci贸n personal del hijo con ninguna de las personas mencionadas en el apartado anterior, salvo cuando el inter茅s del menor lo exija.

3. El Juez, a petici贸n del menor, padres, abuelos, parientes o allegados, y atendidas las circunstancias, podr谩 suspender, modificar o denegar la relaci贸n con el menor si su inter茅s lo requiere. Tambi茅n puede adoptar las medidas necesarias con vistas a la efectividad de esta relaci贸n personal, especialmente cuando los padres vivan separados.

Art铆culo 58.- Eficacia limitada de la filiaci贸n.

1. Quedar谩 excluido de la autoridad familiar y dem谩s funciones tuitivas y no ostentar谩 derechos por ministerio de la ley respecto del hijo o de sus descendientes, o en sus herencias, el padre:

a) Cuando haya sido condenado a causa de las relaciones a que obedezca la generaci贸n, seg煤n sentencia penal firme.

b) Cuando la filiaci贸n haya sido judicialmente determinada contra su oposici贸n.

2. En ambos supuestos el hijo no ostentar谩 el apellido del padre en cuesti贸n m谩s que si lo solicita 茅l mismo, desde que cumpla catorce a帽os, o con anterioridad su representante legal.

3. Dejar谩n de producir efecto estas restricciones por determinaci贸n del representante legal del hijo aprobada judicialmente, o, desde que cumpla los catorce a帽os, por voluntad del propio hijo con la debida asistencia.

4. El padre excluido sigue sujeto a las obligaciones establecidas en los art铆culos 55 y 56.

Art铆culo 59.- Gastos de maternidad.

El padre, aunque no est茅 casado o no conviva con la madre del hijo, est谩 obligado a contribuir equitativamente a los gastos de embarazo y parto, as铆 como a prestar alimentos a la madre, con preferencia sobre los parientes de 茅sta, durante el per铆odo de embarazo y el primer a帽o de vida del hijo si la madre se ocupa de 茅l.

CAP脥TULO II

Deber de crianza y autoridad familiar

Secci贸n primera

Principios generales

Art铆culo 60.- Titularidad.

1. El deber de crianza y educaci贸n de los hijos menores no emancipados, as铆 como la adecuada autoridad familiar para cumplirlo, corresponde a ambos padres.

2. Puede corresponder a uno solo de ellos o a otras personas en los casos legalmente previstos.

Art铆culo 61.- Caracteres de la autoridad familiar.

La autoridad familiar es una funci贸n inexcusable que se ejerce personalmente, sin excluir la colaboraci贸n de otras personas, y siempre en inter茅s del hijo.

Art铆culo 62.- Contenido.

1. La crianza y educaci贸n de los hijos comprende para quienes ejercen la autoridad familiar los siguientes deberes y derechos:

a) Tenerlos en su compa帽铆a. El hijo no puede abandonar el domicilio familiar o el de la persona o instituci贸n a que haya sido confiado, ni ser retirado de 茅l por otras personas.

b) Proveer a su sustento, habitaci贸n, vestido y asistencia m茅dica, de acuerdo con sus posibilidades.

c) Educarlos y procurarles una formaci贸n integral. Corresponde a los padres decidir sobre la educaci贸n religiosa de los hijos menores de catorce a帽os.

d) Corregirles de forma proporcionada, razonable y moderada, con pleno respeto a su dignidad y sin imponerles nunca sanciones humillantes.

2. Para el cumplimiento de sus deberes y el ejercicio de sus derechos los titulares de la autoridad familiar pueden solicitar el auxilio de la autoridad.

Articulo 63.- Contribuci贸n personal del hijo.

Mientras el hijo viva con la familia tiene el deber de colaborar en las tareas del hogar y en los negocios familiares, en la medida propia de su edad y de su condici贸n vital, sin que por ello tenga derecho a reclamar pago o recompensa.

Art铆culo 64.- Contribuci贸n econ贸mica.

1. Los padres que ejerzan la autoridad familiar sobre el hijo pueden destinar los productos del trabajo e industria de 茅ste y los frutos l铆quidos de sus bienes para atender los gastos de su crianza y educaci贸n; atendidos esos gastos, los padres que convivan con el hijo podr谩n destinar la parte sobrante a satisfacer, equitativamente, otras necesidades familiares. Si no disponen de otros medios, pueden destinar a este fin los bienes del hijo en la parte que, seg煤n la situaci贸n econ贸mica de la familia, resulte equitativa.

2. En uso de su facultad los padres pueden pedir la entrega de los frutos o la enajenaci贸n de los bienes de los hijos que ellos no administren.

3. La utilizaci贸n para esos fines de frutos de bienes o bienes que correspondan al hijo por donaci贸n o sucesi贸n no puede ser excluida por el donante o causante.

Art铆culo 65.- Contribuci贸n cuando la autoridad familiar corresponda a otras personas.

Los otros titulares del ejercicio de la autoridad familiar con los que viva el hijo pueden destinar los productos del trabajo o industria de 茅ste y los frutos l铆quidos de sus bienes para atender los gastos de su crianza y educaci贸n. Para ello podr谩n pedir su entrega a la persona que administre los bienes del hijo. Esta facultad no puede ser excluida por quien transmita bienes a favor del hijo.

Art铆culo 66.- Gastos de los hijos mayores o emancipados.

1. Si al llegar a la mayor铆a de edad o emancipaci贸n el hijo no hubiera completado su formaci贸n profesional y no tuviera recursos propios para sufragar los gastos de crianza y educaci贸n, se mantendr谩 el deber de los padres de costearlos pero s贸lo en la medida en que sea razonable exigirles a煤n su cumplimiento y por el tiempo normalmente requerido para que aquella formaci贸n se complete.

2. El deber al que se refiere el apartado anterior se extinguir谩 al cumplir el hijo los veintis茅is a帽os, a no ser que, convencional o judicialmente, se hubiera fijado una edad distinta, sin perjuicio del derecho del hijo a reclamar alimentos.

Art铆culo 67.- Convivencia con hijos mayores de edad.

La direcci贸n de la vida y econom铆a familiar corresponde a los padres. Los hijos deben cumplir las reglas de convivencia que los padres dispongan razonablemente y contribuir equitativamente a la satisfacci贸n de las necesidades familiares. Los padres podr谩n exigir del hijo el cumplimiento de esa obligaci贸n.

Secci贸n 2.陋

Ejercicio de la autoridad familiar por los padres

Articulo 68.- Ejercicio por ambos padres.

1. Los padres, en el ejercicio de la autoridad familiar, actuar谩n seg煤n lo que l铆citamente hayan pactado en documento p煤blico. En defecto de previsi贸n legal o pacto actuar谩n, conjunta o separadamente, seg煤n los usos sociales o familiares.

2. Respecto de tercero de buena fe se presumir谩 que cada padre act煤a en correcto ejercicio de sus facultades.

Art铆culo 69.- Ejercicio exclusivo por uno de los padres.

El ejercicio de la autoridad familiar corresponde a uno solo de los padres en los casos de exclusi贸n, privaci贸n, suspensi贸n o extinci贸n de la autoridad familiar del otro, y tambi茅n cuando as铆 se haya resuelto judicialmente.

Art铆culo 70.- Padre menor no emancipado o incapacitado.

1. El menor no emancipado que tenga suficiente juicio ejercer谩 la autoridad familiar sobre sus hijos con la asistencia de sus padres y, a falta de ambos, de su tutor; en casos de desacuerdo o imposibilidad, con la de la Junta de Parientes o la de un defensor judicial.

2. El mismo criterio se aplicar谩 al incapacitado si la sentencia no ha suspendido el ejercicio de su autoridad familiar.

Art铆culo 71.- Divergencias entre los padres.

1. En caso de divergencia en el ejercicio de la autoridad familiar, cualquiera de los padres puede acudir al Juez para que resuelva de plano lo mas favorable al inter茅s del hijo, si no prefieren ambos acudir a la Junta de Parientes con el mismo fin.

2. Cuando la divergencia sea reiterada o concurra cualquier otra causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la autoridad familiar, el Juez podr谩 atribuirlo total o parcialmente a uno solo de los padres o distribuir entre ellos sus funciones. Esta medida tendr谩 vigencia durante el plazo que se fije.

Secci贸n 3.陋

Autoridad familiar de otras personas

Art铆culo 72.- Autoridad familiar del padrastro o la madrastra.

1. El c贸nyuge del 煤nico titular de la autoridad familiar sobre un menor que conviva con ambos comparte el ejercicio de dicha autoridad.

2. Fallecido el padre sobreviviente, su c贸nyuge podr谩 continuar teniendo en su compa帽铆a a los hijos menores de aqu茅l y encargarse de su crianza y educaci贸n, asumiendo a tales fines la correspondiente autoridad familiar.

Art铆culo 73.- Autoridad familiar de los abuelos.

1. Fallecidos los padres, si no se hace aplicaci贸n de lo previsto en el art铆culo anterior, o cuando de hecho aqu茅llos no atiendan a sus hijos menores, los abuelos podr谩n tenerlos consigo para criarlos y educarlos, asumiendo a tales fines la correspondiente autoridad familiar.

2. Tendr谩n preferencia los abuelos de la rama con los que mejor relaci贸n tenga el nieto. Cuando los abuelos de la misma rama vivan separados, la preferencia corresponder谩 al que de ellos m谩s se ocupe del nieto y, en 煤ltima instancia, al de menor edad.

Art铆culo 74.- Autoridad familiar de los hermanos mayores.

1. En los mismos supuestos del art铆culo anterior, a falta de abuelos que se hagan cargo de la crianza y educaci贸n de los nietos, podr谩n hacerlo sus hermanos mayores de edad, asumiendo a tales fines la correspondiente autoridad familiar.

2. Tendr谩 preferencia el hermano que mejor relaci贸n tenga con el menor y, en 煤ltima instancia, el de mayor edad.

Art铆culo 75.- R茅gimen.

1. La autoridad familiar prevista en los art铆culos anteriores se asume de forma autom谩tica al hacerse cargo voluntariamente de la crianza y educaci贸n del menor.

2. Se estar谩 al orden y al contenido se帽alados por la Ley, salvo que, fallecidos los padres, alguno de ellos en el ejercicio de su autoridad familiar hubiera establecido otra cosa en instrumento p煤blico.

3. Esta autoridad familiar, en la medida necesaria al cumplimiento del oficio de criar y educar al menor, comprende, en el 谩mbito personal, los mismos derechos y obligaciones que la de los padres, y no se extiende a la gesti贸n de los bienes del menor.

4. Si no viven los padres, s贸lo por motivos de moralidad, mal trato o incumplimiento de dicha funci贸n podr谩 ser separado el menor del titular o titulares de esta autoridad.

Art铆culo 76.- Divergencias.

1. En caso de divergencias sobre la titularidad de esta autoridad familiar, cualquiera de los interesados en ella puede solicitar al Juez que resuelva la cuesti贸n, si no prefieren todos acudir a la Junta de Parientes del menor con el mismo fin.

2. La Junta o el Juez, para decidir sobre la titularidad y la forma de ejercicio, oir谩 a los interesados y al menor que re煤na los requisitos del art铆culo 3, y, teniendo en cuenta la previsi贸n expresada al respecto si la hubiera, decidir谩 siempre en inter茅s del menor; si el inter茅s del menor lo requiere, promover谩 otro r茅gimen de guarda o protecci贸n.

3. Las divergencias entre los abuelos en el ejercicio de su autoridad familiar se resolver谩n seg煤n lo previsto para los padres.

Secci贸n 4.陋

Privaci贸n, suspensi贸n y extinci贸n de la autoridad familiar

Art铆culo 77.- Privaci贸n.

1. En inter茅s del hijo, cualquiera de los padres podr谩 ser privado total o parcialmente de la autoridad familiar por sentencia firme fundada en el incumplimiento grave y reiterado de los deberes inherentes a la misma o dictada en causa criminal o matrimonial.

2. Los Tribunales podr谩n, en inter茅s del hijo, acordar la recuperaci贸n de la autoridad familiar cuando hubiere cesado la causa que motiv贸 su privaci贸n.

3. Este precepto ser谩 aplicable a la autoridad familiar de otras personas.

Art铆culo 78.- Suspensi贸n.

1. La autoridad familiar quedar谩 en suspenso, en su caso s贸lo para el titular afectado, mientras dure:

a) La tutela autom谩tica de la entidad p煤blica.

b) La declaraci贸n de fallecimiento o ausencia del titular o titulares, o de alguno de ellos, as铆 como la declaraci贸n de fallecimiento del hijo.

c) La incapacitaci贸n del titular o titulares, o de alguno de ellos, a no ser que la sentencia haya dispuesto de otro modo.

d) La imposibilidad de ejercerla declarada en resoluci贸n judicial.

2. La asunci贸n de hecho de la autoridad familiar por otras personas no conlleva la suspensi贸n de la de los padres.

Art铆culo 79.- Consecuencias de la privaci贸n o suspensi贸n.

1. La privaci贸n o suspensi贸n de la autoridad familiar no suprime las obligaciones de los padres establecidas en los art铆culos 55 y 56.

2. Si es privado de la autoridad familiar o suspendido en ella uno solo de los titulares, contin煤a ejerci茅ndola el otro conforme al art铆culo 69.

3. La resoluci贸n judicial que establezca la privaci贸n o suspensi贸n de la autoridad familiar a ambos titulares, o al 煤nico titular de ella, determinar谩 el r茅gimen de guarda o protecci贸n, y nombrar谩 a la persona o personas que hayan de cumplir estas funciones. Si la resoluci贸n estableciera la autoridad familiar de otras personas, proveer谩 tambi茅n sobre la administraci贸n y disposici贸n de los bienes del menor.

Art铆culo 80.- Extinci贸n.

1. La autoridad familiar se acaba:

a) Por la muerte de los titulares o del hijo.

b) Por la emancipaci贸n o mayor铆a de edad del hijo.

2. En caso de adopci贸n del hijo se extingue la autoridad de los padres anteriores, salvo si subsisten los v铆nculos jur铆dicos con alguno de ellos.

CAP脥TULO III

Gesti贸n de los bienes de los hijos

Art铆culo 81.- Ejercicio de la gesti贸n paterna.

1. Cuando corresponda a los padres la gesti贸n de los bienes del hijo, incluida la disposici贸n hasta que 茅ste tenga catorce a帽os, ejercer谩n esta funci贸n conforme a lo dispuesto para la autoridad familiar; en su caso cumplir谩n lo ordenado v谩lidamente por la persona de quien procedan los bienes por donaci贸n o sucesi贸n.

2. Se except煤an de la gesti贸n paterna:

a) Los bienes que el hijo adquiera por sucesi贸n en la que uno de los padres o los dos hayan sido desheredados con causa legal o declarados indignos de suceder.

b) Los bienes dejados en t铆tulo sucesorio o donados al hijo con exclusi贸n de la administraci贸n de los padres.

3. Los bienes del apartado 2 ser谩n gestionados, si nada ha ordenado el causante o donante, por el otro padre, o, si los dos est谩n afectados, por un tutor real nombrado por el Juez.

Art铆culo 82.- Obligaciones.

1. Los padres gestionar谩n los bienes del hijo con la misma diligencia que los suyos propios, cumplir谩n las obligaciones generales de todo administrador e inscribir谩n sus bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad.

2. Los padres vienen obligados a rendir cuentas de su gesti贸n al cesar en ella. S贸lo tendr谩n que formalizar inventario o prestar fianza cuando existan fundados motivos para ello.

Art铆culo 83.- Responsabilidad.

1. Si en el ejercicio de la gesti贸n se causa da帽o al patrimonio del hijo por dolo o culpa grave, responder谩n los padres o el que de ellos tenga atribuida en exclusiva la administraci贸n.

2. La responsabilidad ser谩 solidaria salvo si uno acredita no haber podido evitar el da帽o, en cuyo caso quedar谩 exonerado de responsabilidad.

3. El padre que no haya intervenido en la gesti贸n causante del da帽o podr谩 repetir del otro la totalidad de lo pagado.

4. La acci贸n para reclamar esta responsabilidad prescribe a los tres a帽os contados desde que finalice su administraci贸n.

Art铆culo 84.- Derechos.

Los padres no tienen derecho a remuneraci贸n por raz贸n de la gesti贸n, pero ser谩 a cargo del patrimonio administrado el reembolso de los gastos soportados, as铆 como el resarcimiento de los da帽os y perjuicios sufridos sin su culpa que no pueda obtenerse de otro modo.

Art铆culo 85.- Puesta en peligro del patrimonio del hijo.

Cuando la gesti贸n de los padres ponga en peligro el patrimonio del hijo, el Juez, a petici贸n del propio menor, del Ministerio Fiscal o de cualquier pariente del menor, podr谩 adoptar las medidas que estime necesarias para la seguridad y recaudo de los bienes, exigir cauci贸n o fianza para la continuaci贸n en la gesti贸n, o incluso nombrar un tutor real.

Art铆culo 86.- Obligaciones al finalizar la administraci贸n.

1. Los padres, o cualquiera de ellos, al cesar en la administraci贸n deben restituir el patrimonio administrado al hijo mayor de edad o emancipado o, en otro caso, a quien corresponda la administraci贸n. Los gastos de restituci贸n son a cargo del hijo. En caso de muerte del hijo, si hubiere peligro en la tardanza, los padres deben continuar atendiendo los negocios de 茅ste para evitar perjuicios a los herederos.

2. Al cesar la administraci贸n de los padres o de alguno de ellos, podr谩n exigirles la rendici贸n de cuentas de su administraci贸n:

a) El hijo mayor de edad o emancipado.

b) El hijo menor mayor de catorce a帽os con la debida asistencia, o aqu茅l a quien corresponda la administraci贸n de sus bienes.

c) El representante legal del hijo menor de catorce a帽os.

La acci贸n para exigir el cumplimiento de esta obligaci贸n prescribir谩 a los tres a帽os.

3. Solicitada la rendici贸n de cuentas, deber谩 realizarse en el plazo de seis meses, contados desde la fecha de la reclamaci贸n. Este plazo podr谩 ser prorrogado por la autoridad judicial, con justa causa, por otro per铆odo de tres meses como m谩ximo.

4. El que no haya cumplido dieciocho a帽os necesita, para aprobar las cuentas de administraci贸n de sus bienes y dar finiquito de las responsabilidades derivadas de la misma, la asistencia de la Junta de Parientes o autorizaci贸n judicial.

T脥TULO III

De las relaciones tutelares

CAP脥TULO PRIMERO

Disposiciones generales

Art铆culo 87.- Instituciones tutelares.

1. La guarda y protecci贸n de la persona y bienes o s贸lo de la persona o de los bienes del menor o incapacitado se realizar谩, en los supuestos previstos en la ley, mediante:

a) La tutela.

b) La curatela.

c) El defensor judicial.

2. A la guarda y protecci贸n pueden contribuir la guarda de hecho y la guarda administrativa sin tutela.

Art铆culo 88.- Caracteres.

1. La aceptaci贸n y el ejercicio de las funciones tutelares constituyen un deber del que s贸lo cabe excusarse en los supuestos legalmente previstos.

2. Las funciones tutelares se ejercen personalmente, sin excluir la colaboraci贸n de otras personas, y siempre en inter茅s de la persona protegida.

3. Las funciones tutelares est谩n bajo la salvaguarda de la autoridad judicial y se ejercen de forma gratuita si no se ha establecido expresamente una remuneraci贸n.

Art铆culo 89.- Modos de delaci贸n.

1. Las funciones tutelares se defieren por:

a) Disposici贸n voluntaria en instrumento p煤blico.

b) Resoluci贸n judicial.

c) Disposici贸n de la ley en caso de desamparo de menores o incapacitados.

2. La delaci贸n dativa es subsidiaria y complementaria de la voluntaria.

Art铆culo 90.- Nombramiento, vigilancia y control.

1. La Autoridad judicial nombrar谩 y dar谩 posesi贸n del cargo tutelar a la persona designada.

2. El Juez podr谩 establecer, en la resoluci贸n por la que se constituya la instituci贸n tutelar, o en otra posterior, las medidas de vigilancia y control que estime oportunas, en inter茅s de la persona protegida.

3. El Juez y el Ministerio Fiscal podr谩n exigir en cualquier momento del titular del cargo que les informe sobre la situaci贸n de la persona protegida o del estado de la administraci贸n patrimonial, seg煤n proceda. Tambi茅n podr谩n exigirle una informaci贸n peri贸dica.

4. Las funciones tutelares se ejercer谩n bajo la vigilancia del Ministerio Fiscal, que actuar谩 de oficio o a instancia de cualquier interesado.

5. Las resoluciones judiciales o administrativas sobre instituciones tutelares, incluida la curatela y la guarda administrativa, habr谩n de inscribirse en el Registro Civil. Dichas resoluciones no ser谩n oponibles a terceros mientras no se hayan practicado las oportunas inscripciones.

Art铆culo 91.- Gastos, da帽os y perjuicios.

1. Los gastos que origine a su titular el ejercicio de la funci贸n tutelar, incluidos en su caso los de realizaci贸n del inventario, prestaci贸n de fianza y medidas de vigilancia y control, son a cargo del patrimonio de la persona protegida contra la que tendr谩 derecho de reembolso.

2. La persona que en el ejercicio de una funci贸n tutelar sufra da帽os y perjuicios, sin culpa por su parte, tendr谩 derecho a la indemnizaci贸n de 茅stos con cargo a los bienes del tutelado, de no poder obtener por otro medio su resarcimiento.

Art铆culo 92.- Remuneraci贸n.

1. El derecho a remuneraci贸n por el desempe帽o de una funci贸n tutelar, as铆 como la cuant铆a y forma de percibirla, podr谩n ser establecidos, siempre que el patrimonio de la persona protegida lo permita y sin exceder del veinte por ciento de su rendimiento l铆quido, en la delaci贸n voluntaria. En otro caso, podr谩n hacerlo en todo momento la Junta de Parientes o el Juez, en atenci贸n a la dedicaci贸n que suponga el ejercicio de la funci贸n tutelar.

2. La Junta de Parientes o, en su defecto, el Juez podr谩n modificar en cualquier momento la remuneraci贸n prevista si han cambiado las circunstancias de la instituci贸n tutelar.

3. El ejercicio de la funci贸n tutelar por las personas jur铆dicas p煤blicas ser谩 siempre gratuito.

Art铆culo 93.- Responsabilidad.

1. Todo el que intervenga en funciones tutelares responder谩 de los da帽os que su actuaci贸n cause a la persona protegida por acci贸n u omisi贸n en la que intervenga culpa o negligencia.

2. La acci贸n para reclamar esta responsabilidad del cargo tutelar prescribe a los tres a帽os contados desde el cese en el cargo o, en su caso, desde la rendici贸n final de cuentas.

Art铆culo 94.- Administraci贸n voluntaria.

1. El que disponga de bienes a t铆tulo gratuito a favor de un menor o incapacitado, puede establecer reglas de gesti贸n, as铆 como nombrar o excluir al administrador. Las funciones no conferidas al administrador, incluida la prestaci贸n de la debida asistencia, corresponden a los padres o al tutor.

2. El nombramiento del administrador no ser谩 eficaz sino desde la adquisici贸n de la donaci贸n, herencia o legado.

3. El donante o causante pueden excluir la necesidad de autorizaci贸n de la Junta de Parientes o del Juez para los actos relativos a estos bienes.

4. Cuando por cualquier causa cese o no pueda actuar el administrador, a falta de sustituto voluntario, administrar谩n los padres o el tutor salvo si resultare con claridad que fue otra la voluntad del disponente. En este caso se nombrar谩 un tutor real.

CAP脥TULO II

Delaci贸n

Secci贸n primera

Delaci贸n voluntaria

Art铆culo 95.- Delaci贸n hecha por uno mismo.

1. Conforme al principio standum est chartae, cualquier persona mayor de edad y con la capacidad de obrar suficiente, en previsi贸n de ser incapacitada judicialmente, podr谩, en escritura p煤blica, designar a las personas que han de ejercer las funciones tutelares y sus sustitutos, excluir a determinadas personas o dispensar causas de inhabilidad, as铆 como adoptar cualquier otra disposici贸n relativa a su persona o bienes, incluido el otorgamiento de un mandato que no se extinga por su incapacidad o incapacitaci贸n. Podr谩 tambi茅n establecer 贸rganos de fiscalizaci贸n, as铆 como designar a las personas que hayan de integrarlos, sin perjuicio de la vigilancia y control por el Juez y el Ministerio Fiscal.

2. La entidad p煤blica competente en materia de protecci贸n de menores o incapacitados no podr谩 ser objeto de designaci贸n o exclusi贸n voluntaria.

Art铆culo 96.- Delaci贸n hecha por titulares de la autoridad familiar.

1. Las mismas disposiciones, excepto el otorgamiento de mandato, podr谩n adoptar en instrumento p煤blico notarial, sea o no testamento, los titulares del ejercicio de la autoridad familiar, incluso prorrogada o rehabilitada, respecto de la persona o bienes de los menores o incapacitados que sigan bajo su autoridad cuando llegue el d铆a en que ya no puedan ocuparse de ellos.

2. La delaci贸n testamentaria ser谩 eficaz al fallecimiento del testador salvo que entonces se hallara privado por su culpa del ejercicio de la autoridad familiar; la hecha en escritura p煤blica, lo ser谩 adem谩s en caso de que el disponente sea incapacitado o por otra causa no culpable no pueda desempe帽ar 茅l mismo el cargo tutelar.

Art铆culo 97.- Publicidad de la delaci贸n voluntaria.

Los documentos p煤blicos a los que se refieren los art铆culos anteriores se comunicar谩n de oficio por el Notario autorizante al Registro Civil, para su indicaci贸n en la inscripci贸n de nacimiento del interesado.

Art铆culo 98.- Pluralidad de designados.

En la delaci贸n voluntaria se puede designar titular del cargo tutelar o sustituto del mismo a una o dos personas para que act煤en conjunta o solidariamente. Adem谩s, se puede encomendar la administraci贸n de los bienes a otras personas.

Art铆culo 99.- Delaciones incompatibles.

1. En caso de pluralidad sucesiva de disposiciones de una misma persona, prevalece la posterior en cuanto fueren incompatibles.

2. Cuando existieren disposiciones de varios titulares de la autoridad familiar, se aplicar谩n unas y otras conjuntamente, en cuanto fueren compatibles. De no serlo, la Junta de Parientes o, en su defecto, el Juez adoptar谩n las que consideren m谩s convenientes para el menor o incapacitado.

3. Si los titulares de la autoridad familiar hubiesen designado distintas personas para el ejercicio de los cargos tutelares, la Junta de Parientes o, en su defecto, el Juez elegir谩n al designado o designados por uno de ellos. A los no elegidos como tutores de la persona por la Junta o el Juez, corresponde la administraci贸n y disposici贸n de los bienes que quien les design贸 haya atribuido por donaci贸n, herencia o legado al menor o incapacitado.

Art铆culo 100.- Vinculaci贸n de la delaci贸n voluntaria.

1. Las designaciones, exclusiones y dem谩s disposiciones propias de la delaci贸n voluntaria, incluida en su caso la elecci贸n efectuada por la Junta de Parientes, vincular谩n al Juez al constituir la instituci贸n tutelar, salvo que, de oficio o a instancia de las personas mencionadas en el art铆culo 102 o del Ministerio Fiscal, y siempre mediante decisi贸n motivada, considere que, por alteraci贸n sustancial de las circunstancias, el inter茅s del menor o incapacitado exige otra cosa.

2. El Juez, en resoluci贸n motivada, podr谩 declarar extinguido el mandato a que se refiere el art铆culo 95, tanto al constituir la instituci贸n tutelar, como posteriormente a instancia del tutor o curador.

Secci贸n 2.陋

Delaci贸n dativa

Art铆culo 101.- Supletoriedad.

En defecto, total o parcial, de delaci贸n voluntaria v谩lida y eficaz, corresponde a la autoridad judicial determinar o completar la instituci贸n tutelar y, en su caso, designar a su titular.

Art铆culo 102.- Preferencia.

1. Para designar al titular de las funciones tutelares el Juez preferir谩:

1.潞 Al c贸nyuge del incapacitado que conviva con 茅ste.

2.潞 A los descendientes mayores de edad del incapacitado.

3.潞 A los padres.

4.潞 A los padrastros, abuelos o hermanos mayores de edad, en el orden se帽alado por esta Ley para el ejercicio de la autoridad familiar.

5.潞 Al designado administrador por quien dispuso a t铆tulo lucrativo de bienes en favor del menor o incapacitado.

6.潞 A la persona que, por sus relaciones con el menor o incapacitado o por otras circunstancias, considere m谩s id贸nea.

7.潞 A la persona jur铆dica que considere m谩s id贸nea, incluida en 煤ltima instancia la entidad p煤blica a la que est茅 encomendada la protecci贸n de menores o incapacitados.

2. Excepcionalmente, el Juez, en resoluci贸n motivada, podr谩 alterar el orden del apartado anterior si el inter茅s del menor o incapacitado as铆 lo exigiere. Se considera beneficiosa para el menor la integraci贸n en la vida de familia del tutor o curador.

Art铆culo 103.- Tutela de varios hermanos.

Si hubiere que designar tutor, curador o defensor judicial para varios hermanos de doble v铆nculo, el Juez procurar谩 que el nombramiento recaiga en una misma persona.

Secci贸n 3.陋

Delaci贸n legal

Art铆culo 104.- Desamparo.

1. Se considera como situaci贸n de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protecci贸n establecidos por las leyes para la guarda de los menores o incapacitados, cuando 茅stos queden privados de la necesaria asistencia moral o material.

2. La situaci贸n de desamparo se interpretar谩 de forma restrictiva. La mera situaci贸n de riesgo no constituye desamparo.

Art铆culo 105.- Asunci贸n de funciones tutelares.

Corresponde a la entidad p煤blica a la que en Arag贸n est茅 encomendada la protecci贸n de menores e incapacitados apreciar la situaci贸n de desamparo mediante resoluci贸n motivada, que supondr谩 la asunci贸n autom谩tica por la entidad p煤blica de las funciones tutelares y la suspensi贸n de la autoridad familiar o tutela ordinaria. Si la situaci贸n de desamparo se debe a fuerza mayor de car谩cter transitorio, la entidad p煤blica ejerce s贸lo la guarda mientras se mantenga la situaci贸n.

Art铆culo 106.- Comunicaciones.

La resoluci贸n de desamparo se comunicar谩 al Ministerio Fiscal y se notificar谩 en legal forma a los padres, tutores o guardadores, en un plazo de cuarenta y ocho horas. Siempre que sea posible, en el momento de la notificaci贸n se les informar谩 de forma presencial y de modo claro y comprensible de las causas que dieron lugar a la intervenci贸n de la Administraci贸n y de los posibles efectos de la decisi贸n adoptada.

Art铆culo 107.- Oposici贸n.

Contra la resoluci贸n de desamparo, sin necesidad de reclamaci贸n administrativa previa, cabe formular oposici贸n ante la jurisdicci贸n civil, que gozar谩 de una tramitaci贸n r谩pida y preferente.

Art铆culo 108.- Promoci贸n del r茅gimen ordinario.

1. Cuando no sea contrario al inter茅s del menor o incapacitado, la entidad p煤blica procurar谩 su reintegraci贸n a quien tenga la autoridad familiar o tutela sobre 茅l.

2. En otro caso, si existen personas que, por sus relaciones con el menor o incapacitado o por otras circunstancias, pueden asumir la autoridad familiar o las funciones tutelares con beneficio para 茅ste, la entidad p煤blica promover谩 que la asuman o que se les nombre cargo tutelar conforme a las reglas ordinarias. A tal efecto podr谩 ejercitar la acci贸n de privaci贸n de la autoridad familiar o de remoci贸n del cargo tutelar.

CAP脥TULO III

Capacidad, excusa y remoci贸n

Art铆culo 109.- Capacidad de las personas f铆sicas.

Podr谩 ser titular de funciones tutelares toda persona mayor de edad que, encontr谩ndose en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, no incurra en causa de inhabilidad.

Art铆culo 110.- Capacidad de las personas jur铆dicas.

Tambi茅n podr谩 ser titular de funciones tutelares la persona jur铆dica que no tenga finalidad lucrativa y entre cuyos fines figure la protecci贸n de menores o incapacitados, siempre que no incurra en causa de inhabilidad.

Art铆culo 111.- Causas de inhabilidad.

1. No pueden ser titulares de funciones tutelares:

a) Las personas que est茅n excluidas, privadas o suspendidas en el ejercicio de la autoridad familiar o total o parcialmente de los derechos de guarda y educaci贸n, por resoluci贸n judicial o administrativa.

b) Las legalmente removidas de un cargo tutelar anterior.

c) Las condenadas a cualquier pena privativa de libertad, mientras est茅n cumpliendo la condena.

d) Las condenadas por cualquier delito que haga suponer fundadamente que no desempe帽ar谩n bien la tutela.

e) Las personas en quien concurra imposibilidad absoluta de hecho.

f) Las que tengan enemistad manifiesta con la persona protegida.

g) Las personas de mala conducta o que no tengan manera de vivir conocida.

h) Las que tengan importantes conflictos de intereses con la persona protegida, mantengan con ella pleito o actuaciones sobre el estado civil o sobre la titularidad de los bienes, o las que le adeuden sumas de consideraci贸n.

i) Las personas que hayan sido inhabilitadas como consecuencia de un proceso concursal, mientras dure la inhabilitaci贸n.

2. Las causas de inhabilidad de las letras d), g), h) e i) del apartado anterior podr谩n ser objeto de dispensa, expresa o t谩cita, en la delaci贸n voluntaria.

Art铆culo 112.- Excusa.

1. Tanto el desempe帽o inicial de las funciones tutelares como la continuaci贸n en su ejercicio ser谩n excusables cuando por razones de edad, enfermedad, ocupaciones personales o profesionales, por falta de v铆nculos de cualquier clase con la persona protegida o por cualquier otra causa, resulte excesivamente gravoso el ejercicio del cargo o su continuaci贸n.

2. Las personas jur铆dicas privadas podr谩n excusarse cuando carezcan de medios suficientes para el inicio o continuaci贸n del adecuado desempe帽o del cargo.

3. El interesado que alegue causa de excusa deber谩 hacerlo dentro del plazo de quince d铆as a contar desde que tuviera conocimiento del nombramiento. Si la causa de excusa fuera sobrevenida, podr谩 alegarla en cualquier momento, siempre que hubiera persona adecuada para sustituirle.

Art铆culo 113.- Causas de remoci贸n.

1. Ser谩 removido del cargo tutelar el que despu茅s de tomar posesi贸n incurra en causa legal de inhabilidad, o se conduzca mal en el desempe帽o de la funci贸n tutelar, por incumplimiento de los deberes propios de la misma o por notoria ineptitud de su ejercicio, o cuando surjan problemas de convivencia graves y continuados.

2. Adem谩s la persona jur铆dica ser谩 removida del cargo tutelar cuando deje de reunir los requisitos del art铆culo 110.

Art铆culo 114.- Procedimiento de remoci贸n.

El Juez, de oficio o a solicitud del Ministerio Fiscal, del menor o incapacitado o de otra persona interesada, decretar谩 la remoci贸n del cargo tutelar, previa audiencia de 茅ste si, citado, compareciese.

Art铆culo 115.- Efectos de la excusa o remoci贸n.

1. Durante la tramitaci贸n del procedimiento de excusa sobrevenida o de remoci贸n, podr谩 el Juez o Tribunal suspender en sus funciones al titular del cargo tutelar y nombrar a la persona protegida un defensor judicial.

2. La resoluci贸n judicial que admita la excusa u ordene la remoci贸n debe contener la designaci贸n de un nuevo titular, que s贸lo podr谩 ocupar el cargo cuando la resoluci贸n sea firme.

3. En el procedimiento que corresponda, el Juez podr谩 acordar, atendidas la voluntad del disponente y las circunstancias del caso, que la aceptaci贸n de la excusa o la remoci贸n conlleven la p茅rdida, total o parcial, de aquello que se haya dejado en consideraci贸n al nombramiento.

CAP脥TULO IV

La tutela

Secci贸n primera

Disposiciones generales

Art铆culo 116.- Personas sujetas a tutela.

1. Estar谩n sujetos a tutela ordinaria:

a) Los menores no emancipados que no est茅n bajo la autoridad familiar. En caso de autoridad familiar de otras personas se nombrar谩 tutor de los bienes que carezcan de administrador.

b) Los incapacitados, cuando la sentencia de incapacitaci贸n o la resoluci贸n judicial que la modifique lo hayan establecido.

c) Los que al cesar la pr贸rroga o rehabilitaci贸n de la potestad de guarda contin煤en incapacitados, salvo que proceda la curatela.

2. Los menores e incapacitados declarados en situaci贸n de desamparo estar谩n sujetos a tutela autom谩tica, salvo cuando la entidad p煤blica haya asumido s贸lo la guarda.

Art铆culo 117.- Promoci贸n de la tutela ordinaria.

1. Estar谩n obligados a promover la constituci贸n de la tutela o curatela quienes soliciten la incapacitaci贸n de una persona. Tambi茅n, desde el momento en que conocieren el hecho que motiva la tutela, los llamados a ella por delaci贸n voluntaria y los mencionados en los cinco primeros n煤meros del apartado 1 del art铆culo 102, as铆 como la persona bajo cuya guarda se encuentre el menor o incapacitado, y si no lo hicieren, ser谩n responsables solidarios de la indemnizaci贸n de los da帽os y perjuicios causados.

2. Si el Ministerio Fiscal o el Juez competente tuvieren conocimiento de que existe en el territorio de su jurisdicci贸n alguna persona que deba ser sometida a tutela, pedir谩 el primero y dispondr谩 el segundo, incluso de oficio, la constituci贸n de la tutela.

3. Cualquier persona podr谩 poner en conocimiento del Ministerio Fiscal o de la autoridad judicial el hecho determinante de la tutela.

Art铆culo 118.- Tutela provisional.

Cuando se tenga conocimiento de que una persona puede ser sometida a tutela, y en tanto no recaiga resoluci贸n judicial que ponga fin al procedimiento, asumir谩 su representaci贸n y defensa el Ministerio Fiscal. En tal caso, cuando adem谩s del cuidado de la persona hubiera de procederse al de los bienes, el Juez podr谩 designar un administrador de los mismos, quien deber谩 rendirle cuentas de su gesti贸n una vez concluida.

Art铆culo 119.- Constituci贸n de la tutela ordinaria.

1. El Juez constituir谩 la tutela, previa audiencia de las personas obligadas a promoverla y de las dem谩s que considere oportuno.

2. Antes de la constituci贸n, y especialmente en los procedimientos de incapacitaci贸n, el Juez recabar谩 certificaci贸n del Registro Civil y, en su caso, del Registro de Actos de 脷ltima Voluntad, a efectos de comprobar la existencia de disposiciones sobre delaci贸n voluntaria de la tutela.

Art铆culo 120.- N煤mero de tutores.

La tutela se ejercer谩 por un solo tutor, salvo:

a) Cuando se haya separado la tutela de la persona y la de los bienes.

b) Cuando en la delaci贸n voluntaria se haya designado a dos tutores para actuar simult谩neamente.

c) Cuando la tutela corresponda a ambos padres o abuelos paternos o maternos, as铆 como a una persona casada si el Juez considera conveniente que su c贸nyuge, mientras lo sea, tambi茅n la ejerza.

Art铆culo 121.- Tutela y administraci贸n.

El tutor es el administrador legal de los bienes del tutelado. No obstante la administraci贸n podr谩 corresponder, en todo o en parte, a otras personas:

a) Cuando la persona de quien procedan los bienes por t铆tulo lucrativo haya designado para ellos un administrador, as铆 como en el supuesto del apartado 3 del art铆culo 99.

b) Cuando en la delaci贸n voluntaria se haya separado la tutela de la persona y la de los bienes.

c) Cuando el Juez, al constituir la tutela dativa, estime que conviene separar como cargos distintos el de tutor de la persona y el de los bienes. Tambi茅n podr谩 hacer esta separaci贸n con posterioridad en cualquier clase de tutela cuando concurran circunstancias especiales en la persona del tutelado o de su patrimonio.

Secci贸n 2.陋

Contenido y ejercicio

Art铆culo 122.- Contenido personal de la tutela.

1. Las funciones del tutor del menor dependen de la edad de 茅ste y tienen en cada etapa de su evoluci贸n el mismo contenido que la autoridad familiar de los padres, con las modificaciones previstas en este T铆tulo.

2. Las funciones del tutor del incapacitado ser谩n las que se帽ale la sentencia de incapacitaci贸n. En su defecto, se considerar谩 que tienen el mismo contenido que la autoridad familiar sobre los hijos menores de catorce a帽os, con las modificaciones previstas en este T铆tulo.

Art铆culo 123.- Alimentos.

A falta o por insuficiencia del patrimonio del pupilo, as铆 como de parientes obligados a prestarle alimentos, el tutor debe procur谩rselos por otras v铆as y, en 煤ltima instancia, sufragarlos 茅l mismo.

Art铆culo 124.- Cuidado de la persona del incapacitado.

El tutor del incapacitado no est谩 obligado a tenerle en su compa帽铆a, pero debe procurarle la atenci贸n especializada que requiera, as铆 como promover la adquisici贸n o recuperaci贸n de su capacidad y su mejor inserci贸n en la sociedad.

Art铆culo 125.- Contenido econ贸mico.

1. La administraci贸n y disposici贸n de los bienes del pupilo tienen el mismo contenido que la gesti贸n de los bienes de un hijo de su edad y capacidad, con las modificaciones previstas en este T铆tulo.

2. En ning煤n caso ser谩 necesaria la subasta p煤blica para la enajenaci贸n de los bienes o derechos del tutelado.

Art铆culo 126.- Fianza.

Antes de darle posesi贸n del cargo el Juez, si no lo ha hecho ya la Junta de Parientes, podr谩 exigir a cualquier tutor, salvo si es persona jur铆dica p煤blica, la constituci贸n de fianza y determinar谩 la modalidad y cuant铆a de la misma. El Juez, motivadamente, podr谩 tambi茅n exigirla en cualquier momento, as铆 como dejar sin efecto o modificar en todo o en parte la que se hubiera exigido antes.

Art铆culo 127.- Inventario.

1. El tutor est谩 obligado a hacer inventario notarial o judicial de los bienes del tutelado dentro del plazo de sesenta d铆as, a contar de aquel en que hubiese tomado posesi贸n de su cargo. La autoridad judicial podr谩 prorrogar este plazo en resoluci贸n motivada.

2. El inventario judicial se formar谩 con intervenci贸n del Ministerio Fiscal y con citaci贸n de las personas que el Juez estime conveniente. En el notarial intervendr谩 la Junta de Parientes y el tutor depositar谩 una copia en el Juzgado que haya constituido la tutela.

3. El tutor que no incluya en el inventario los cr茅ditos que tenga contra el tutelado se entender谩 que los renuncia.

Art铆culo 128.- Ejercicio de la tutela plural.

1. Cuando haya dos tutores, la tutela se ejercer谩 en la forma establecida en la delaci贸n y, en su defecto, de modo an谩logo a la autoridad familiar.

2. El tutor de la persona y el de los bienes, o en su caso el administrador, actuar谩n independientemente en el 谩mbito de su competencia.

3. Cuando por cualquier causa cesa uno de los tutores de la persona, la tutela subsiste con el otro a no ser que en la delaci贸n se hubiera dispuesto otra cosa de modo expreso. Lo mismo ocurre cuando cesa un tutor real respecto de los otros que administren los mismos bienes.

Art铆culo 129.- Contribuci贸n a las cargas.

1. El tutor real y el administrador, si lo hay, deben facilitar al tutor de la persona los correspondientes recursos, a fin de que pueda cumplir adecuadamente sus obligaciones.

2. Cuando los distintos administradores no logren un acuerdo sobre su contribuci贸n a las cargas de la tutela, la Junta de Parientes o, en su defecto, el Juez, acordar谩 la proporci贸n en que seg煤n la importancia y rendimiento de los bienes han de contribuir cada uno de ellos, incluido el tutor de la persona que tambi茅n administre.

Secci贸n 3.陋

Extinci贸n de la tutela y rendici贸n final de cuentas

Art铆culo 130.- Extinci贸n.

La tutela se extingue:

a) Por la emancipaci贸n.

b) Por la mayor铆a de edad, a menos que con anterioridad se hubiera incapacitado al menor.

c) Por la resoluci贸n judicial que ponga fin a la incapacitaci贸n o que la modifique y sustituya la tutela por la curatela.

d) Por la recuperaci贸n de la autoridad familiar por quien hubiera sido privado, excluido o suspendido de ella.

e) Por la adopci贸n.

f) Por la determinaci贸n de la filiaci贸n que conlleve la atribuci贸n de la autoridad familiar

g) Por el fallecimiento de la persona sometida a tutela.

Art铆culo 131.- Cuenta general de la gesti贸n.

1. El tutor al cesar en sus funciones, incluso si el cese es anterior a la extinci贸n de la tutela, deber谩 rendir cuenta general justificada de su gesti贸n ante la autoridad judicial en el plazo de tres meses desde el cese, prorrogables por el tiempo que fuere necesario si concurre justa causa. Para sus herederos el plazo comienza a contar desde la aceptaci贸n de la herencia.

2. La rendici贸n de cuentas puede ser exigida por el tutelado o, en su caso, su representante legal o sus herederos. La acci贸n prescribe a los tres a帽os, contados desde la terminaci贸n del plazo establecido para efectuarla.

3. Los gastos necesarios de la rendici贸n de cuentas, ser谩n a cargo del que estuvo sometido a tutela.

4. A la restituci贸n de los bienes se aplicar谩 el apartado 1 del art铆culo 86.

5. Lo dispuesto en este art铆culo no se aplica a la tutela autom谩tica de entidad p煤blica.

Art铆culo 132.- Aprobaci贸n.

1. Antes de resolver sobre la aprobaci贸n de la cuenta, el Juez oir谩 al nuevo tutor o, en su caso, al curador o al defensor judicial, y a la persona que hubiera estado sometida a tutela o a sus herederos.

2. La aprobaci贸n judicial no impedir谩 el ejercicio de las acciones que rec铆procamente puedan asistir al tutor y al tutelado o a sus causahabientes por raz贸n de la tutela.

Art铆culo 133.- Devengo de intereses.

1. Una vez aprobada, el saldo de la cuenta general a favor del tutor devengar谩 inter茅s legal desde que el que estuvo sometido a su tutela o, en su caso, su representante legal o su heredero, sea requerido para el pago, previa entrega de sus bienes.

2. Si el saldo es en contra del tutor, devengar谩 inter茅s legal desde la aprobaci贸n de la cuenta.

CAP脥TULO V

La curatela

Art铆culo 134.- Personas sujetas a curatela.

Estar谩n sujetos a curatela:

a) Los emancipados, cuando las personas llamadas a prestarles la asistencia prevenida por la ley fallezcan o queden impedidas para hacerlo.

b) Los incapacitados, cuando la sentencia de incapacitaci贸n o la resoluci贸n judicial que la modifique lo hayan establecido en atenci贸n a su grado de discernimiento.

c) Los que al cesar la pr贸rroga o rehabilitaci贸n de la potestad de guarda contin煤en incapacitados, salvo que proceda la tutela.

Art铆culo 135.- Curatela de emancipados.

La curatela del emancipado, que s贸lo se constituir谩 a su instancia, no tendr谩 otro objeto que la intervenci贸n del curador en los actos que aqu茅l no pueda realizar por s铆 solo.

Art铆culo 136.- Curatela de incapacitados.

1. La sentencia de incapacitaci贸n debe determinar los actos para los que el incapacitado necesita la asistencia del curador. Si no dispone otra cosa, se entender谩 que la requiere, adem谩s de para los actos determinados por la ley, para aqu茅llos en que la precisa el menor mayor de catorce a帽os.

2. La sentencia podr谩 conceder al curador la representaci贸n para determinados actos de administraci贸n o disposici贸n de bienes del incapacitado. Tambi茅n podr谩 limitar la curatela al 谩mbito personal.

3. Si el incapacitado hubiese estado con anterioridad bajo tutela, desempe帽ar谩 el cargo de curador quien hubiese sido su tutor, a menos que el Juez disponga motivadamente otra cosa.

4. A esta curatela le son de aplicaci贸n supletoria, con las necesarias adaptaciones, las normas relativas a la tutela de incapacitados, especialmente en materia de promoci贸n, constituci贸n, contenido personal y extinci贸n.

Art铆culo 137.- Asistencia.

1. La asistencia que debe prestar el curador al sometido a curatela se rige, con las adaptaciones necesarias, por lo dispuesto para la asistencia al menor mayor de catorce a帽os.

2. La anulabilidad por falta de asistencia se rige por lo dispuesto en el art铆culo 26, pero la acci贸n del sometido a curatela prescribir谩 a los cuatro a帽os desde que alcance la mayor铆a de edad o desde que hubiere recobrado sus facultades o podido celebrar el acto sin asistencia o, en su defecto, desde su fallecimiento.

Art铆culo 138.- Informe final.

El curador del incapacitado deber谩, al cesar en sus funciones, presentar el informe general justificado de su actividad ante la autoridad judicial.

CAP脥TULO VI

El defensor judicial

Art铆culo 139.- Supuestos.

Se nombrar谩 un defensor judicial que represente o asista a quienes se hallen en alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando en alg煤n asunto exista oposici贸n de intereses entre el menor o incapacitado y quienes le representen o asistan y, conforme a lo previsto en la ley, corresponda intervenir a un defensor judicial.

b) Cuando por cualquier causa los titulares de la autoridad familiar, tutela o curatela no desempe帽en sus funciones, hasta que cese la causa determinante o se designe por resoluci贸n firme otra persona para desempe帽arlas.

c) En todos los dem谩s casos previstos en la ley, a los que lo regulado en este T铆tulo s贸lo ser谩 de aplicaci贸n supletoria.

Art铆culo 140.- Nombramiento.

El Juez, de oficio o a petici贸n del Ministerio Fiscal, del propio menor o incapacitado o de cualquier persona capaz de comparecer en juicio, nombrar谩 defensor a quien estime m谩s id贸neo para el cargo.

Art铆culo 141.- R茅gimen.

1. El defensor judicial tendr谩 las atribuciones que le haya concedido el Juez al que deber谩 dar cuenta de su gesti贸n una vez concluida.

2. Cuando el acto que ha determinado el nombramiento de defensor judicial requiera autorizaci贸n judicial previa, 茅sta se entender谩 impl铆cita en el nombramiento si el Juez no dispone otra cosa.

CAP脥TULO VII

La guarda de hecho

Art铆culo 142.- Definici贸n.

Guardador de hecho es la persona f铆sica o jur铆dica que, por iniciativa propia, se ocupa transitoriamente de la guarda de un menor o incapacitado en situaci贸n de desamparo o de una persona que podr铆a ser incapacitada.

Art铆culo 143.- Obligaci贸n de notificar el hecho.

El guardador debe poner el hecho de la guarda en conocimiento del Juez o del Ministerio Fiscal.

Art铆culo 144.- Informaci贸n, control y vigilancia.

Cuando la autoridad judicial tenga conocimiento de la existencia de un guardador de hecho le requerir谩 para que informe de la situaci贸n de la persona bajo su guarda y de sus bienes, as铆 como de la actuaci贸n del guardador en relaci贸n con ambos extremos. La autoridad judicial podr谩 establecer las medidas de control y vigilancia que considere oportunas.

Art铆culo 145.- R茅gimen jur铆dico.

1. La actuaci贸n del guardador de hecho en funci贸n tutelar debe limitarse a cuidar de la persona protegida y a realizar los actos de administraci贸n de sus bienes que sean necesarios. La realizaci贸n de estos actos comporta, frente a terceros, la necesaria representaci贸n legal.

2. Para justificar la necesidad del acto y la condici贸n de guardador de hecho ser谩 suficiente la declaraci贸n, en ese sentido, de la Junta de Parientes de la persona protegida.

3. El acto declarado necesario por la Junta de Parientes ser谩 v谩lido; los dem谩s ser谩n anulables si no eran necesarios, salvo si han redundado en utilidad de la persona protegida.

CAP脥TULO VIII

La guarda administrativa y el acogimiento

Secci贸n primera

La guarda administrativa

Art铆culo 146.- Supuestos de guarda administrativa.

1. La entidad p煤blica competente tiene la guarda de los menores e incapacitados declarados en situaci贸n de desamparo, as铆 como la de aqu茅llos que se hallen bajo su tutela por delaci贸n dativa.

2. Adem谩s asumir谩 la guarda, durante el tiempo necesario:

a) Cuando se lo pidan los titulares de la autoridad familiar o instituci贸n tutelar que, por circunstancias graves y ajenas a su voluntad, no puedan cuidar de los menores o incapacitados a su cargo.

b) Cuando as铆 lo acuerde el Juez en los casos en que legalmente proceda.

Art铆culo 147.- Guarda a solicitud de padres o tutores.

1. La entrega de la guarda se har谩 constar por escrito dejando constancia de que los titulares de la autoridad familiar o instituci贸n tutelar han sido informados de las responsabilidades que siguen manteniendo respecto del menor o incapacitado, as铆 como de la forma en que dicha guarda va a ejercitarse por la Administraci贸n.

2. Cualquier variaci贸n posterior de la forma de ejercicio ser谩 fundamentada y comunicada a aqu茅llos y al Ministerio Fiscal.

Art铆culo 148.- Medidas de protecci贸n.

1. La entidad p煤blica adoptar谩 las medidas de protecci贸n proporcionadas a la situaci贸n personal del menor o incapacitado, para lo que podr谩 contar con la colaboraci贸n de instituciones habilitadas a tal efecto. Se procurar谩 no separar a los hermanos de doble v铆nculo.

2. La guarda administrativa se realizar谩 mediante el acogimiento familiar y, subsidiariamente, mediante el acogimiento residencial. El acogimiento familiar se ejercer谩 por la persona o personas que determine la entidad p煤blica, pero tendr谩n preferencia los parientes o allegados del menor o incapacitado que resulten id贸neos. El acogimiento residencial se ejercer谩 por el director del centro donde sea acogido.

3. Si surgieren problemas graves de convivencia entre el menor o incapacitado y la persona o personas a quien hubiere sido confiado en acogimiento, aqu茅l o persona interesada podr谩 solicitar la modificaci贸n del acogimiento.

4. Todas las actuaciones en materia de protecci贸n de menores o incapacitados se practicar谩n con la obligada reserva.

Art铆culo 149.- Administraci贸n de bienes.

1. La entidad p煤blica tutora es la administradora legal de los bienes de sus pupilos y debe hacer inventario de los mismos.

2. Ser谩n v谩lidos los actos de contenido patrimonial que realicen los titulares suspendidos de la autoridad familiar o tutela ordinaria en representaci贸n del menor o incapacitado y que sean beneficiosos para 茅l.

3. Al cesar la administraci贸n de la entidad p煤blica ser谩n de aplicaci贸n, con las necesarias adaptaciones, las obligaciones previstas en el art铆culo 86.

Art铆culo 150.- Vigilancia del Ministerio Fiscal.

1. Incumbe al Fiscal la superior vigilancia de la tutela, guarda o acogimiento de los menores o incapacitados a que se refiere este cap铆tulo.

2. A tal fin, la entidad p煤blica le dar谩 noticia inmediata de los nuevos ingresos de menores o incapacitados y le remitir谩 copia de las resoluciones administrativas y de los escritos de formalizaci贸n relativos a la constituci贸n, variaci贸n y cesaci贸n de las tutelas, guardas y acogimientos. Igualmente le dar谩 cuenta de cualquier novedad de inter茅s en las circunstancias del menor o incapacitado.

El Fiscal habr谩 de comprobar, al menos semestralmente, la situaci贸n del menor o incapacitado, y promover谩 ante el Juez las medidas de protecci贸n que estime necesarias.

3. La vigilancia del Ministerio Fiscal no eximir谩 a la entidad p煤blica de su responsabilidad para con el menor o incapacitado y de su obligaci贸n de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las anomal铆as que observe.

Secci贸n 2.陋

El acogimiento familiar

Art铆culo 151.- Contenido y ejercicio.

1. El acogimiento familiar produce la plena participaci贸n del menor o incapacitado en la vida de familia e impone a quien lo recibe las obligaciones de velar por 茅l, tenerlo en su compa帽铆a y alimentarlo, as铆 como educar y procurar una formaci贸n integral al menor y promover la adquisici贸n o recuperaci贸n de la capacidad del incapacitado y su mejor inserci贸n en la sociedad.

2. Este acogimiento se podr谩 ejercer por la persona o personas que sustituyan al n煤cleo familiar del menor o incapacitado, o por responsable del hogar funcional.

Art铆culo 152.- Formalizaci贸n.

1. El acogimiento se formalizar谩 por escrito, con el consentimiento de la entidad p煤blica, de las personas acogedoras y del menor mayor de doce a帽os o del incapacitado que tenga suficiente juicio. Cuando fueran conocidos los titulares de la autoridad familiar que no estuvieren privados de ella, o el tutor, ser谩 necesario tambi茅n que presten o hayan prestado su consentimiento.

2. El documento de formalizaci贸n del acogimiento familiar incluir谩 los siguientes extremos:

1.潞 Los consentimientos necesarios.

2.潞 Modalidad del acogimiento y duraci贸n prevista para el mismo.

3.潞 Los derechos y deberes de cada una de las partes, y en particular:

a) La periodicidad de las visitas por parte de la familia del acogido.

b) El sistema de cobertura por parte de la entidad p煤blica o de otros responsables civiles de los da帽os que sufra el acogido o de los que pueda causar a terceros.

c) La asunci贸n de los gastos de manutenci贸n, educaci贸n y atenci贸n sanitaria.

4.潞 El contenido del seguimiento que, en funci贸n de la finalidad del acogimiento, vaya a realizar la entidad p煤blica, y el compromiso de colaboraci贸n de la familia acogedora al mismo.

5.潞 La compensaci贸n econ贸mica que, en su caso, vayan a recibir los acogedores.

6.潞 En su caso, que los acogedores act煤an con car谩cter profesionalizado o que el acogimiento se realiza en un hogar funcional.

Art铆culo 153.- Acogimiento acordado por el Juez.

1. Si los titulares de la autoridad familiar o el tutor no consienten o se oponen al acogimiento, 茅ste s贸lo podr谩 ser acordado por el Juez. La propuesta de la entidad p煤blica contendr谩 los mismos extremos referidos en el apartado 2 del art铆culo anterior e ir谩 acompa帽ada de los informes que la fundamentan.

2. No obstante, la entidad p煤blica podr谩 acordar en inter茅s del menor o incapacitado un acogimiento familiar provisional, que subsistir谩 hasta tanto se produzca resoluci贸n judicial.

3. La entidad p煤blica, una vez realizadas las diligencias oportunas, y concluido el expediente, deber谩 presentar la propuesta al Juez de manera inmediata y, en todo caso, en el plazo m谩ximo de quince d铆as.

Art铆culo 154.- Modalidades de acogimiento familiar.

El acogimiento familiar podr谩 adoptar las siguientes modalidades atendiendo a su finalidad:

a) Acogimiento familiar simple, que tendr谩 car谩cter transitorio, bien porque de la situaci贸n del menor o incapacitado se prevea la reinserci贸n de 茅ste en su propia familia, bien en tanto se adopte una medida de protecci贸n que revista un car谩cter m谩s estable.

b) Acogimiento familiar permanente, cuando la edad u otras circunstancias del menor o incapacitado y su familia as铆 lo aconsejen y as铆 lo informen los servicios de atenci贸n al menor o incapacitado. En tal supuesto, la entidad p煤blica podr谩 solicitar del Juez que atribuya a los acogedores aquellas facultades de la tutela que faciliten el desempe帽o de sus responsabilidades, atendiendo en todo caso al inter茅s superior del menor o incapacitado.

c) Acogimiento familiar preadoptivo, que se formalizar谩 por la entidad p煤blica cuando 茅sta eleve la propuesta de adopci贸n del menor, informada por los servicios de atenci贸n al menor, ante la autoridad judicial, siempre que los acogedores re煤nan los requisitos necesarios para adoptar, hayan sido seleccionados y hayan prestado ante la entidad p煤blica su consentimiento a la adopci贸n, y se encuentre el menor en situaci贸n jur铆dica adecuada para su adopci贸n.

La entidad p煤blica podr谩 formalizar, asimismo, un acogimiento familiar preadoptivo cuando considere, con anterioridad a la presentaci贸n de la propuesta de adopci贸n, que fuera necesario establecer un per铆odo de adaptaci贸n del menor a la familia. Este per铆odo ser谩 lo m谩s breve posible y, en todo caso, no podr谩 exceder del plazo de un a帽o.

Art铆culo 155.- Cese del acogimiento familiar.

1. El acogimiento del menor o incapacitado cesar谩:

a) Por decisi贸n judicial.

b) Por decisi贸n de las personas acogedoras, previa comunicaci贸n de 茅stas a la entidad p煤blica.

c) A petici贸n del tutor o de los titulares de la autoridad familiar que reclamen su compa帽铆a.

d) Por decisi贸n de la entidad p煤blica que tenga la tutela o guarda del menor o incapacitado, cuando lo considere necesario para salvaguardar el inter茅s de 茅stos, o铆dos los acogedores.

2. Ser谩 precisa resoluci贸n judicial de cesaci贸n cuando el acogimiento haya sido dispuesto por el Juez.

T脥TULO IV

De la Junta de Parientes

Art铆culo 156.- Llamamiento.

Si a virtud de disposiciones legales, de la costumbre o de acto jur铆dico, fueren llamados ciertos parientes para intervenir en determinados asuntos familiares o sucesorios no sujetos a normas imperativas, actuar谩n aqu茅llos reunidos en Junta. Cuando el llamamiento sea consecuencia de acuerdo de los interesados, 茅ste deber谩 constar en documento p煤blico.

Art铆culo 157.- Reglas aplicables.

1. La Junta de Parientes se regir谩 por las disposiciones del llamamiento y, en su defecto o para completarlas, por las reglas contenidas en el presente T铆tulo.

2. La fiducia a favor de parientes se regir谩, en defecto de instrucciones del comitente o para completarlas, por lo dispuesto en su normativa espec铆fica y supletoriamente por las normas de este T铆tulo.

3. Ser谩n de aplicaci贸n supletoria a los miembros de la Junta de Parientes, en la medida que su naturaleza lo permita, las normas relativas a los cargos tutelares, especialmente en materia de causas de inhabilidad, excusa, remoci贸n y responsabilidad.

Art铆culo 158.- Composici贸n.

1. Cuando la composici贸n de la Junta no estuviere determinada, la formar谩n los dos m谩s pr贸ximos parientes capaces, mayores de edad y no incursos en causa de inidoneidad, uno por cada l铆nea o grupo familiar. En igualdad de grado, ser谩 preferido el de m谩s edad, salvo entre ascendientes en cuyo caso se preferir谩 al de menos.

2. La Junta llamada a intervenir en asuntos de dos personas se formar谩 con un pariente de cada una de ellas.

Art铆culo 159.- Causas de inidoneidad.

Carecen de idoneidad para ser miembros de la Junta:

a) Los parientes que hayan sido expresamente excluidos de ella en documento p煤blico o testamento.

b) Los que tengan un inter茅s personal directo en la decisi贸n a tomar por ella.

c) Los que tengan enemistad manifiesta con la persona interesada.

d) Los que est茅n excluidos, privados o suspendidos de la autoridad familiar, as铆 como los excluidos o removidos del cargo tutelar, sobre el menor o incapacitado de cuya Junta se trate.

Art铆culo 160.- Constituci贸n y funcionamiento bajo fe notarial.

Sin necesidad de ninguna formalidad previa, podr谩 reunirse y acordar v谩lidamente la Junta de Parientes cada vez que, hall谩ndose juntos sus miembros, decidan por unanimidad bajo fe notarial para asunto o asuntos determinados.

Art铆culo 161.- Constituci贸n judicial y funcionamiento de esta Junta.

1. Cuando en documento p煤blico se haya configurado como 贸rgano permanente, as铆 como cuando no se quiera o pueda constituir bajo fe notarial, el Juez del domicilio de la persona o familia de cuya Junta se trate ordenar谩, a instancia de parte interesada, su constituci贸n en expediente de jurisdicci贸n voluntaria.

2. Si la composici贸n de la Junta no estuviese determinada, el Juez la formar谩 teniendo en cuenta los criterios del art铆culo 158, pero podr谩, motivadamente, apartarse de ellos. De la misma forma, el Juez podr谩 cubrir las vacantes que se produzcan por fallecimiento, renuncia, p茅rdida de idoneidad o incumplimiento de los deberes propios, previa remoci贸n del cargo en los dos 煤ltimos supuestos.

3. Una vez constituida, funcionar谩 la Junta en la forma que los vocales decidan, tomando sus acuerdos por unanimidad de quienes la integran. De los acuerdos se levantar谩 acta, que firmar谩n todos.

Art铆culo 162.- Asistencia a la reuni贸n.

1. La asistencia a la Junta es obligatoria y debe hacerse personalmente. Quien falte a la reuni贸n sin causa justificada responder谩 de los da帽os y perjuicios.

2. Los gastos leg铆timos ocasionados por la reuni贸n de la Junta ser谩n de cuenta de aqu茅llos que la motivan.

Art铆culo 163.- Toma de decisiones.

Las decisiones de la Junta ser谩n tomadas mediante deliberaci贸n conjunta, conforme al leal saber y entender de los vocales, y con libertad de procedimiento.

Art铆culo 164.- Eficacia de las decisiones

1. Las decisiones de la Junta de Parientes se presumen v谩lidas y eficaces mientras no se declare judicialmente su invalidez.

2. La decisi贸n de la Junta, aunque sea negativa, impedir谩 someter el mismo asunto a otro 贸rgano de decisi贸n, incluso si 茅ste hubiera podido intervenir en 茅l de forma alternativa o subsidiaria.

3. La decisi贸n de la Junta de Parientes que resuelva una controversia sometida a su juicio por acuerdo de las partes tendr谩, si no han pactado otra cosa, la fuerza de obligar de un contrato.

4. Lo decidido podr谩 ser sometido nuevamente a la Junta o al Juez cuando con posterioridad ocurriese o se conociese alg煤n hecho de relevancia para la decisi贸n.

Art铆culo 165.- Invalidez de las decisiones

A los vicios materiales en las decisiones de la Junta se aplicar谩 la regulaci贸n de los contratos en el C贸digo civil. Los defectos formales en la constituci贸n o funcionamiento de aqu茅lla, que no sean de mero tr谩mite, acarrear谩n la nulidad absoluta de sus acuerdos.

Art铆culo 166.- Cauce procesal.

Los procesos para la declaraci贸n de invalidez de acuerdos de la Junta se sustanciar谩n por los tr谩mites del juicio verbal, pero de la demanda se dar谩 traslado a los demandados y, cuando proceda, al Ministerio Fiscal, para que la contesten en el plazo de veinte d铆as conforme a lo previsto en el art铆culo 405 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Art铆culo 167.- Falta de acuerdo de la Junta.

En los casos de competencia preferente o alternativa de la Junta de Parientes, si solicitada su intervenci贸n transcurre un mes sin haber obtenido acuerdo, se podr谩 optar por acudir a la decisi贸n judicial o, en su caso, al nombramiento de un defensor judicial.

Art铆culo 168.- Llamamiento de no parientes.

Cuando por acto jur铆dico fueran llamadas personas determinadas o determinables, aunque no sean parientes, para intervenir en asuntos familiares o sucesorios no sujetos a normas imperativas, ser谩n aplicables en lo pertinente las normas de este T铆tulo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Aplicaci贸n inmediata.

1. Las normas contenidas en los T铆tulos Primero, II y III se aplicar谩n 铆ntegramente, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, cualquiera que sea la edad de la persona o la fecha de su incapacitaci贸n o declaraci贸n de ausencia y el momento de inicio del r茅gimen de protecci贸n de su persona o bienes.

2. Las normas contenidas en el T铆tulo IV se aplicar谩n tambi茅n 铆ntegramente, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, cualquiera que sea la fecha del llamamiento a la Junta de Parientes.

Segunda.- Acciones, derechos y deberes nacidos antes pero no ejercitados o cumplidos todav铆a.

1. Las acciones, derechos y deberes nacidos antes de regir esta Ley, pero no ejercitados o cumplidos a su entrada en vigor, subsistir谩n con la extensi贸n y en los t茅rminos que les reconociera la legislaci贸n precedente; pero sujet谩ndose, en cuanto a su ejercicio, duraci贸n o prescripci贸n y procedimientos para hacerlos valer, a lo dispuesto en esta Ley.

2. En particular, las normas de la presente Ley sobre nulidad o anulabilidad de actos ser谩n aplicables desde su entrada en vigor, aunque el acto se hubiera otorgado con anterioridad.

Tercera.- Prodigalidad.

1. Desde la entrada en vigor de esta Ley nadie puede ser declarado pr贸digo.

2. Las personas declaradas pr贸digas a la entrada en vigor de esta Ley seguir谩n rigi茅ndose por las normas de la legislaci贸n anterior, pero podr谩n solicitar judicialmente la reintegraci贸n de su capacidad.

Cuarta.- Gastos de maternidad.

Lo dispuesto en el art. 59 sobre gastos de maternidad s贸lo ser谩 de aplicaci贸n cuando el nacimiento tenga lugar despu茅s de la entrada en vigor de esta Ley.

Quinta.- Autoridad familiar por personas distintas de los padres.

El contenido de la autoridad familiar de otras personas constituida con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se ajustar谩 a lo dispuesto en el art铆culo 75.3.

DISPOSICI脫N DEROGATORIA

脷nica.- Derogaci贸n del Libro Primero de la Compilaci贸n del Derecho Civil de Arag贸n.

Queda derogado por la presente Ley el Libro Primero, 芦Derecho de la persona y de la familia禄, de la Compilaci贸n del Derecho Civil de Arag贸n.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Modificaci贸n de la Ley de sucesiones por causa de muerte.

1. El art铆culo 31 de la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones por causa de muerte, quedar谩 redactado en los siguientes t茅rminos:

芦Art铆culo 31.- Capacidad de las personas f铆sicas para aceptar o repudiar.

1. Pueden aceptar una herencia las personas mayores de catorce a帽os no incapacitadas; pero para repudiarla los menores de edad mayores de catorce a帽os, aunque est茅n emancipados, necesitar谩n la debida asistencia.

2. La aceptaci贸n y la repudiaci贸n de las atribuciones deferidas a menores de catorce a帽os o a incapacitados sometidos a tutela o a autoridad familiar prorrogada o rehabilitada corresponde a sus representantes legales; pero para repudiarlas necesitan autorizaci贸n de la Junta de Parientes o del Juez. Denegada la autorizaci贸n se entender谩 autom谩ticamente aceptada la atribuci贸n sucesoria.

3. Cuando sean representantes ambos padres, puede aceptar en nombre del hijo uno cualquiera de ellos; sin embargo, la repudiaci贸n exigir谩 la intervenci贸n de ambos.

4. El sometido a curatela puede aceptar o repudiar la herencia con la asistencia del curador, salvo que se establezca un r茅gimen distinto en la sentencia de incapacitaci贸n.禄

2. El art铆culo 51 de la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones por causa de muerte, quedar谩 redactado en los siguientes t茅rminos:

芦Art铆culo 51.- Partici贸n con menores de catorce a帽os o incapacitados.

1. La representaci贸n de las personas menores de catorce a帽os o incapacitadas en la solicitud y pr谩ctica de la partici贸n se rige por lo dispuesto en los art铆culos 7, 11 y 15 de la Ley de Derecho de la persona, pero si el ejercicio de la autoridad familiar lo ostentan ambos padres, se requiere la actuaci贸n conjunta de los dos.

2. No ser谩 necesaria la intervenci贸n de ambos padres ni la aprobaci贸n de la Junta de Parientes o del Juez cuando la partici贸n se limite a adjudicar proindiviso a los herederos en la proporci贸n en que lo sean todos los bienes integrantes de la herencia.禄

3. El art铆culo 52 de la Ley 1/1999, de 24 de febrero, de sucesiones por causa de muerte, quedar谩 redactado en los siguientes t茅rminos:

芦Art铆culo 52.- Partici贸n con mayores de catorce a帽os.

1. Los menores de edad mayores de catorce a帽os pueden solicitar la partici贸n e intervenir en ella con la debida asistencia.

2. El sometido a curatela, si la sentencia de incapacitaci贸n no dispone otra cosa, puede, asistido por el curador, solicitar la partici贸n e intervenir en ella. Cuando exista oposici贸n de intereses con el curador, la asistencia ser谩 suplida por la Junta de Parientes o un defensor judicial.禄

Segunda.- Modificaci贸n de la Ley de r茅gimen econ贸mico matrimonial y viudedad.

1. El art铆culo 17 de la Ley 2/2003, de 12 de febrero, de r茅gimen econ贸mico matrimonial y viudedad, quedar谩 redactado en los siguientes t茅rminos:

芦Art铆culo 17.- Capacidad.

1. Los mayores de catorce a帽os podr谩n consentir las estipulaciones que determinen o modifiquen el r茅gimen econ贸mico de su matrimonio. Sin embargo:

a) Los mayores de catorce a帽os menores de edad, si no est谩n emancipados, necesitar谩n la asistencia debida.

b) Los incapacitados necesitar谩n la asistencia de su guardador legal, salvo que la sentencia de incapacitaci贸n disponga otra cosa.

2. Los dem谩s actos y contratos que pueden otorgarse en capitulaciones requerir谩n la capacidad que las normas que los regulan exijan en cada caso.禄

2. El art铆culo 60 de la Ley 2/2003, de 12 de febrero, de r茅gimen econ贸mico matrimonial y viudedad, quedar谩 redactado en los siguientes t茅rminos:

芦Art铆culo 60.- Concreci贸n autom谩tica de facultades.

La gesti贸n del patrimonio com煤n corresponder谩 al c贸nyuge del incapacitado o declarado ausente. Necesitar谩, no obstante, autorizaci贸n del Juez o de la Junta de Parientes de su c贸nyuge para los actos de disposici贸n sobre inmuebles o establecimientos mercantiles.禄

3. El art铆culo 63 de la Ley 2/2003, de 12 de febrero, de r茅gimen econ贸mico matrimonial y viudedad, quedar谩 redactado en los siguientes t茅rminos:

芦Art铆culo 63.- Causas de disoluci贸n por decisi贸n judicial.

El consorcio conyugal concluir谩 por decisi贸n judicial, a petici贸n de uno de los c贸nyuges, en los casos siguientes:

a) Haber sido un c贸nyuge judicialmente incapacitado o declarado ausente, cuando lo pida el otro; tambi茅n cuando lo pida la persona que represente al incapacitado o ausente y, en el caso de incapacitado sujeto a curatela, cuando lo pida 茅ste con asistencia del curador.

b) Haber sido el otro c贸nyuge condenado por abandono de familia.

En los casos de las letras a) y b), para que el Juez acuerde la disoluci贸n bastar谩 que quien la pida presente la correspondiente resoluci贸n judicial.

c) Llevar separados de hecho m谩s de un a帽o.

d) Concurrir alguna de las causas a que se refiere el art铆culo 46.

e) Haber optado por la disoluci贸n del consorcio en caso de ejecuci贸n sobre bienes comunes por deudas privativas del otro c贸nyuge, conforme a lo especialmente dispuesto en el apartado 2 del art铆culo 43.

f) Haber optado por la disoluci贸n del consorcio en caso de concurso de acreedores del otro c贸nyuge con inclusi贸n de los bienes comunes en la masa activa, conforme a la legislaci贸n concursal.禄

Tercera.- Entrada en vigor.

La presente Ley entrar谩 en vigor a los tres meses de su publicaci贸n en el Bolet铆n Oficial de Arag贸n.